La hostelería se concentra para exigir al Gobierno ayuda: "No nos respetan"

“Os hemos fallado, perdón, nuestro trabajo es hacernos respetar. La hostelería española es la envidia del mundo y aquí se nos ningunea... incluso un miserable ministro”. Así definía José Luis Yzuel, presidente de la Patronal de la Hostelería de España. la situación que viven con el Gobierno y Comunidades Autónomas en la concentración que el sector ha convocado en Cibeles y a la que han acudido cerca de 3.000 personas.

Los principales respresentantes de los restaurantes, bares y locales del ocio nocuturno han acudido para pedir a los resposables políticos una mayor implicación, ayudas y diálogo de cara una segunda ola que puede ser letal para el sector. Según datos de la patronal, más de 40.000 millones de euros en perdidas y 85.000 locales que cerrarán sus puertas definitivamente.

Bajo el lema “salvemos la hostelería” se han reunido, además de la patronal a nivel nacional, la Plataforma por el Ocio, España de Noche y Hostelería de Madrid para pedir conjuntamente que se apliquen las de medidas acordadas previamente en un manifiesto firmado por todas.

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En primer lugar, han pedido una ampliación de los ERTE "hasta que cambien las circunstancias". Javier Olmedo, presidente de Plataforma por el OCIO defiende que “los ERTE ya se han resuelto en otros países y aquí parece un mercadillo negociando cada dos meses, necesitamos más seguridad”.

En segundo lugar, Yzuel ha incidido en la necesidad de ayudas directas para el sector. La más importante, y en la que han coincidido todos los asistentes, sería una ayuda para que los empresarios pudieran hacer frente al alquiler. En su escrito detallan que esos “recursos a fondo perdido”, deberían darse “a las facturaciones que se hayan reducido hasta el 25% de lo habitual”.

Por otra parte, piden que los se alargue el periodo de carencia de los créditos ICO, defendiendo que un solo año es poco tiempo para la empresas y piden que puedan devolverse más tarde para poder afrontar la deuda que se ha disparado durante el confinamiento.

Con el consumo recortado a la mitad este verano, el sector está abocado a perder entre 900.000 y 1,1 millones de trabajadores

Además de subvenciones, alertan de la necesidad de bajadas de impuestos que incentiven la demanda, permitiendo a las empresas salir a flote y, en muchos casos, salir del periodo de hibernación en el que han entrado desde marzo y así poder volver a la actividad.

Por último, exigen apoyo directo de Gobierno y CCAA para poner en marchas medidas higiénicas y sanitarias. Coordinando un plan público-privado para tratar este tema y poder gestionar de forma eficaz futuros rebrotes.

De no darse estas medidas las cifras serían dramáticas según Yzuel. Con el consumo recortado a la mitad este verano, el sector está abocado a perder entre 900.000 y 1,1 millones de empleos que irían al paro, situación que “puede empeorar si no se actúa rápido”. Con este escenario, miran con miedo los próximos meses, con rebrotes y nuevas restricciones en el horizonte.

Critican las restricciones y miran a los tribunales

En la concentración, la crítica más repetida tanto a Gobierno como a las CCAA han sido las restricciones impuestas para terrazas y ocio nocturno. Creen que se ha sido injusto con ellos y que no solo “se han aplicado sin hablarlo antes con el sector”, sino que "se ha criminalizado a las empresas de hostelería” acusándolas de ser responsables de rebrotes.

Jose Luís Yzuel, explica que, al no comunicarse con ellos, “nos han sumido en una incertidumbre constante, “se ha legislado con mucha gratuidad y se han tomado muchas decisiones arbitrarias, carentes de respaldo científico”. Por ello, afirma que “estamos muy cabreados porque parece que solo se legisla sobre nosotros”.

Frente a las medidas, la patronal está presentando reclamaciones contencioso-administrativas en todas las comunidades para derogar determinadas decisiones que implican cierres de bares, restaurantes o discotecas.

Ramón Más, presidente de España de Noche, explica que ya han presentado en la Audiencia Nacional un escrito contra el Gobierno por las medidas respecto a sus establecimientos. Además, confirma que de no revocarse, explorarán la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al Estado por la clausura de sus negocios.