La bajada del IVA a las mascarillas descuadra las compras de la Administración pública

La rebaja al IVA de las mascarillas del 21% al 4% implementada por el Gobierno el pasado 13 de noviembre tiene repercusiones más allá de lo evidente. La Administración pública lleva desde hace meses haciendo millonarias compras de este producto con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores del sector público y evitar así contagios por covid-19. Pero los cambios de precio, que podía haber reducido ya en mayo, están descuadrando las adjudicaciones de la Administración.

Los procesos de licitación pública no son instantáneos, sino que se realizan concursos abiertos a los que se pueden presentar diversos proveedores. Tras un proceso de selección, se elige al que presenta una mejor oferta. El cambio del IVA de las mascarillas obliga a los licitadores públicos a tumbar aquellos pliegos lanzados antes del cambio de precio y volver a rehacer el proceso ya con base en el nuevo precio máximo de venta al público fijado por el Gobierno.

Este ha sido el caso de Enresa. La compañía pública encargada de la gestión de los residuos nucleares en España lanzó el 29 de octubre un concurso para abastecerse de mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, la compañía tuvo que detener el proceso el 21 de noviembre, después de haber hecho todos los trámites a los que obliga la Administración para este tipo de adquisiciones.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa baja el IVA de las mascarillas al 4% seis meses después del aval de la UE

Iván Gil Nacho Alarcón. Bruselas

En ese contexto, Enresa concluye: "Teniendo en cuenta que tanto la adjudicación como el suministro de las mascarillas objeto de la citada licitación se produciría estando en vigor este nuevo precio máximo, concurren razones de interés público para adoptar la decisión de no adjudicar el contrato, dado que el precio unitario de adjudicación resultante de la licitación podría ser superior al nuevo precio máximo fijado, lo que supondría un perjuicio económico para el poder adjudicador contratante".

Según explica la empresa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, sus órganos de contratación abrieron un periodo para recibir propuestas que se extendería hasta el 30 de noviembre. En la memoria de contratación, explica que "se justifica el cálculo del presupuesto base de licitación en la Resolución, de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el covid-19, que fijaba el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables en 0,96 euros/unidad IVA incluido".

Enresa: "El precio de adjudicación podría ser superior al nuevo precio máximo y supondría un perjuicio económico para el contratante"

Sin embargo, Enresa advierte deque la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia publicó otra resolución en el BOE el pasado 16 de noviembre y, "en la misma, el precio de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables ha quedado fijado en 0,72 euros/unidad", especificándose que este “importe máximo es unitario, y se trata de un precio final con el IVA”.

La situación es extrapolable a cualquier Administración, ya que el uso de la mascarilla es obligatorio desde el pasado 19 de mayo y los organismos públicos deben "proporcionar a sus trabajadores mascarillas quirúrgicas durante sus jornadas de trabajo para salvaguardar su salud en cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la dirección y los comités de empresa, y tal y como se establece en los protocolos de actuación frente al covid-19 en sus centros de trabajo", asevera Enresa.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas confirma: avisó en mayo de que se podía bajar el IVA de mascarillas sin sanción

Nacho Alarcón. Bruselas

Este desajuste de los contratos públicos se produce después de meses en los que el Gobierno se ha resistido a bajar el IVA de este producto de uso obligatorio destinado a proteger la salud, pese a que varios grupos políticos y diferentes actores de la sociedad civil se lo venían reclamando. El Ejecutivo sostuvo durante toda la pandemia que no podía reducir este impuesto porque no lo permitía Bruselas. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, llegó a acusar a Italia de saltarse la ley por implementar esta medida mucho antes que España. Pese a lo anterior, Bruselas envió un comunicado al Gobierno en mayo en el que daba luz verde a la rebaja de las mascarillas.

El Gobierno pudo reducir el precio de este producto más de cinco meses antes de lo que lo hizo. De esta manera, se habría evitado el embrollo burocrático al que ahora tienen que enfrentarse las administraciones públicas que, como Enresa, hayan tenido que tumbar sus licitaciones y rehacerlas para evitar así pagar de más por las mascarillas.