La Fiscalía pide tres años de cárcel para el mayor promotor de Alicante por estafa de 56.000€

Pena de tres años de cárcel, multa de 200.000 euros y devolución de los 56.425 euros que les reclama un proveedor. Esta es la pena a la que se enfrentan el consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna Lorente, y el subdirector general de la compañía, Manuel Fernández-Figares, en el procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número dos de Torrevieja, Alicante, y que ha puesto en jaque al mayor promotor de la zona y una de las mayores fortunas de España.

TM Grupo Inmobiliario es una empresa familiar, con medio siglo de historia a sus espaldas y una sólida trayectoria que le permitió ser uno de los pocos supervivientes de la crisis inmobiliaria que se llevó por delante a gran parte de sus competidores hace ahora una década, y que el 'holding' alicantino salvó, en parte, dando el salto al otro lado del Atlántico.

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En 2019, último ejercicio completo con cifras auditadas, el grupo consolidado tuvo una cifra de negocio de 175 millones y un beneficio neto de 19,7 millones, cifras que dejarían en anécdota la reclamación del proveedor que ha puesto la compañía contra las cuerdas, si no fuera porque tanto la Fiscalía como la magistrada que ha instruido el caso han visto mimbres para abrir un juicio con amenaza de penas de cárcel.

Los hechos que han dado pie a esta querella se remontan al año 2016, cuando la sociedad Torreviñas, filial de TM Grupo, contrató a la empresa Luis Olivares SL para realizar trabajos de albañilería en 131 viviendas de la torre 1 de la promoción Sunset Drive de Benidorm. El contrato contemplaba la realización de una serie de retenciones en las facturas para cubrir posibles desperfectos por el plazo de un año.

"Tras realizar dichos trabajos, la citada mercantil, actuando con intención de obtener un ilícito beneficio, y tras proceder a la retención del 5% del importe de cada factura que sería devuelto a los 12 meses posteriores a la finalización de la obra, y transcurrido dicho plazo, no procedieron a abonar el importe de dichas retenciones, procediendo a apoderarse de las mismas", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía de Alicante, para la que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa y/o, alternativamente, apropiación indebida.

El pasado septiembre, la magistrada del juzgado número 2 de Torrevieja dictó auto de apertura de juicio oral, e impuso a los acusados depositar una fianza de 74.233 euros, requisito que TM cumplió en noviembre. Además, el grupo alicantino ha solicitado el archivo anticipado de las actuaciones ante la Audiencia Provincial, petición que está pendiente de resolución.

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Desde TM Grupo, tachan de "completa falsedad" estas acusaciones y sostienen que "el contratista ha acudido a la vía penal con la intención de ejercer presión". Entre los argumentos que esgrimen para defender esta postura, figura que "ninguno de los directivos [Serna y Fernández-Fígares] ha intervenido de forma directa ni en la relación con dicho proveedor ni en la gestión del contrato, más allá de la firma del mismo como apoderado por parte del señor Fernández-Fígares".

Además, la compañía sostiene que "la cantidad reclamada corresponde a las retenciones contractuales habituales entre promotor y contratista, que han de responder como garantía para la correcta, puntual y exacta ejecución de las obras contratadas", y defiende que "esta cantidad fue abonada al contratista tal y como se ha acreditado en el juzgado, entre otros, por informe pericial de auditor de cuentas independiente".

Por su parte, la sociedad Luis Olivares SL, una pequeña constructora que opera en Alicante y Murcia, sostiene que la no devolución de estas retenciones le ha generado un gran daño patrimonial y que TM Grupo ha actuado con mala fe.