Hacienda intensifica las inspecciones a las grandes fortunas deslocalizadas a Portugal

Hacienda sigue estrechando el cerco sobre los grandes patrimonios. La Agencia Tributaria (AEAT) ha intensificado este invierno las inspecciones a las fortunas que han movido su residencia fuera de España, como han hecho hacia Andorra varios motociclistas catalanes o, más recientemente, famosos 'youtubers'. Sin embargo, el mayor foco está en el colectivo de millonarios que se han mudado a Portugal en los últimos cinco años, según abogados consultados. Y también empieza a haber consultas para deslocalizarse a Emiratos Árabes Unidos.

El país luso ha sido el mayor receptor de fortunas españolas que buscan una fiscalidad más ventajosa. En Portugal, los residentes extranjeros tributan el 20% por las rentas generadas en el país, un esquema similar al de la conocida como ‘ley Beckham’ en España, donde es el 24%. Esta búsqueda de atracción de talento ha coincidido con la recuperación económica de Portugal y ha propiciado una expansión de su sector inmobiliario.

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“Hay despachos y empresas especialistas en facilitar todo el proceso a los grandes patrimonios que quieren instalarse en Portugal. Cada bufete en España suele tener varios para recomendar a sus clientes: nosotros, por ejemplo, lo hacemos con una arquitecta española que vive en Lisboa y conoce bien el mercado inmobiliario para poner encima de la mesa inmuebles que tienen opción de comprar para fijar allí su residencia”, explica un abogado fiscalista.

Las consultas en los despachos para deslocalizarse a Portugal empezaron en 2016. Como las deudas tributarias presciben a los cuatro años, en 2021 lo harán las que se crearon por las declaraciones incompletas o no realizadas en 2017. Por eso, la Agencia Tributaria ha intensificado las inspecciones. Lo hace con datos de AENA o de repetidores de teléfono para comprobar las estancias en España, así como revisión de propiedades y, como los investigadores privados, chequeando si hay hijos en algún colegio en España, o hay miembros de la unidad familiar que estén en asociaciones, clubes deportivos o clases particulares. “Se empieza a correr la voz entre los clientes y sus abogados de no tener teléfono español”, bromea un fiscalista, aunque es un hecho que los registros de las empresas de telecomunicaciones sirven a Hacienda en su investigación.

La normativa española (Ley del IRPF) fija la potestad de Hacienda en reclamar la residencia fiscal por la permanencia de más de 183 días en territorio español (incluyendo en el cómputo ausencias esporádicas si es por salidas a terceros países desde España) o si tiene en el país el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Este concepto es subjetivo, y permite a la AEAT tratar de que tributen en España empresarios que sigan generando su patrimonio aquí aunque muevan su residencia.

En casos como Andorra o Portugal, donde también está el requisito de los 183 días, hay convenio. Cuando España y Portugal, por ejemplo, pueden reclamar la residencia, se desempata con la vivienda en propiedad. Si el patrimonio investigado la tiene en los dos países (o en ninguno de ellos), se va al centro de intereses económicos. En cualquier caso, los abogados especialistas en este ámbito dan por hecho un aumento de la litigiosidad.

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Los ‘youtubers’, que han seguido el cambio de algunos motociclistas y deportistas catalanes, aprovechando la apuesta de Andorra por atraer este tipo de altos patrimonios vinculados a internet, han puesto en el foco otra vez el Principado, que desde 2018 no es paraíso fiscal para la Unión Europea. Allí, el impuesto para las rentas generadas en el pequeño país de los Pirineos es del 10%. Pero los ‘youtubers’ españoles tienen la mayor parte de su audiencia, que es la que les genera ingresos, en España, con lo que Hacienda tiene una vía para reclamar que tributen, ya sea como residentes españoles o por una parte de sus ingresos (con un impuesto del 24%), como hizo con los motociclistas.

Aun así, y pese al ruido en torno a Andorra, Portugal ha sido el principal destino de los grandes patrimonios que han dejado España en los últimos años. Fruto de ello, las bancas privadas han prestado más atención al país vecino, dado que algunos de sus clientes estaban moviendo su residencia hacia allí mientras que, por cuestiones de seguridad jurídica y no fiscales, desplazaban su patrimonio a activos custodiados fuera de España (Luxemburgo, Suiza o Alemania) a través de entidades internacionales que tienen sucursales o filiales españolas.

Conocedora de esta tendencia, Hacienda ha intensificado entre diciembre y enero las inspecciones tributarias a grandes fortunas trasladadas a Portugal. Y seguirá haciéndolo, como ha mostrado en el Plan Anual de Control Tributario de 2021. La guía, presentada este lunes, se centra en los grandes patrimonios y explica que incorpora nuevas herramientas como el ‘big data’ para mejorar el análisis de datos sobre “contribuyentes con patrimonios relevantes que deslocalizan su residencia, fingiendo que se encuentra en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en España”, señala el ministerio de María Jesús Montero.

Hacienda reitera que ya a lo largo de 2020 “se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo de contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarios”. Así, a lo largo de 2021, se intensificarán “las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados” con “expedientes de comprobación”. El plan está ya incorporado al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde menciona a los “obligados tributarios de alta o muy alta capacidad económica, ‘high net worth individuals' [INWI] y ‘ultra high net worth individuals' [UHNWI]”.

“El 'big data' no deja de ser una herramienta que ordena datos y que permitirá a la AEAT identificar posibles deslocalizaciones mucho más rápido que siguiendo métodos tradicionales. Por tanto, con esta herramienta, a partir de ahora serán más eficaces y será más difícil para los que pretenden deslocalizarse sin hacerlo efectivamente”, apunta Alicia de Carlos, socia de Cuatrecasas, que explica que el aumento de la vigilancia de Hacienda sobre la residencia fiscal de los contribuyentes de mayor patrimonio se nota ya desde hace tres años, pese a que se intensifique ahora. "La AEAT podrá revisar y comprobar más eficientemente el correcto cumplimiento por los contribuyentes de sus obligaciones fiscales, especialmente a quienes pretendan trasladar su residencia a países con regímenes fiscales beneficiosos como Andorra o Portugal", agrega José Ignacio Alemany, socio de Alemany, Escalona & De Fuentes. Hacienda, prosigue, lanza así "un aviso a navegantes".

“Las consultas para mover la residencia, especialmente a Portugal, son cada vez mayores. Pero también es verdad que cuando das un asesoramiento razonable y fundamentado, y explicas los requisitos y las consecuencias, más de la mitad de los clientes decide no moverse de España”, comenta Antoni Murt, socio de EY. "Hemos notado un mayor interés y creciente por la expatriación a otros países, especialmente a Portugal. Luego no son tantos los casos en los que se mueven, y son recientes en su mayoría, con un perfil típico de jubilado, 'freelance' o empresario del sector servicios, donde es más fácil por logística el traslado", coincide Javier Morera, socio de Broseta. Esto es, abogados, consultores, artistas o deportistas. Lo mismo que los 'youtubers' con Andorra, pero a mayor escala y con menos ruido.

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“La recomendación a aquellos clientes que realizan un cambio de residencia es que ese cambio se produzca de forma real y que dejen constancia de su residencia fuera de España y su residencia fiscal en el país de destino; dado que esperamos que el ánimo recaudatorio de la Agencia Tributaria en los próximos años sea mayor que en ejercicios anteriores, tal y como reconoce el Plan de Control Tributario”, arguye Constantino Vidal, socio de Écija. Hay que tener en cuenta en este sentido que el covid ha agravado la situación de las cuentas públicas, con un desplome de la recaudación y la deuda pública disparada ya al 130% del PIB.

En realidad, comenta Gonzalo Molina, asociado de Ramón y Cajal, “en este tipo de actuaciones [vigilancia de grandes patrimonios] ya se ha utilizado el ‘big data’ [como en casos públicos como el de Shakira] para la información disponible sobre dónde se gasta el dinero, uso de tarjetas de crédito, domiciliación de recibos, dónde está físicamente, llamadas telefónicas o fuentes de ingresos”.

La cuestión es, de todos modos, multilateral. Es decir, no solo se trata de patrimonios desplazados a Portugal o a otros países, también de extranjeros que residen gran parte del tiempo en España, como el ejemplo clásico de alemanes, británicos y nórdicos en Baleares o Canarias. “En muchos casos, es la AEAT la que mediante estas comprobaciones quiere atraer la residencia de extranjeros a España (bien porque tienen viviendas, sociedades o familiares) para que tributen aquí por su renta mundial”, recuerda Alfonso Santander, abogado en el área fiscal de PwC.

El experto sostiene, además, que en esta tendencia de expatriación de patrimonios y presión de Hacienda hay riesgo de litigiosidad futura. “Los conflictos de residencia, por norma general, son los típicos casos en que se lucha hasta el final, ya que es una cuestión de prueba. Por tanto, a medida que Hacienda profundice y perfeccione los procedimientos en esta materia, lo más probable es que aumente significativamente la litigiosidad”, avisa. Lo mismo opina Eduardo Martínez-Matosas, socio de Gómez-Acebo & Pombo, "dado que la posición que adopta la AEAT en las inspecciones para determinar el centro de intereses vitales de los convenios de doble imposición es cuestionable".

Siguiendo los pasos del Rey emérito

Mientras Hacienda estrecha el cerco a los patrimonios deslocalizados, hay más fortunas realizando más consultas a despachos para mover su residencia ante el aumento impositivo en IRPF y rentas del capital, así como el cambio sobre las sicavs, que liberará una parte importante del patrimonio en estos vehículos (27.914 millones en diciembre) por disoluciones.

En este sentido, empieza a haber un volumen relevante de consultas de grandes fortunas para mover su residencia fiscal a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay una cifra cada vez mayor de empresarios, consultores y expatriados en general. Allí fue precisamente donde se movió el rey emérito Juan Carlos.

Aunque se trata de una coincidencia, lo cierto es que los clientes, al consultar a sus abogados, coinciden en el atractivo de la fiscalidad (no hay impuesto sobre la renta o patrimonio) y del efecto llamada de expatriados que ya están allí. "Hay cada vez más consultas para países como Suiza o Emiratos Árabes Unidos. Mover la residencia a un paraíso fiscal es difícil, por lo que se buscan países que pueden funcionar como tales porque tienen convenio, aunque en Emiratos Árabes Unidos está pensado para personas de allí que se mudan a España, o trabajadores expatriados que lo hacen en sentido contrario", expone un abogado. En contra de esta posibilidad, fiscalmente, está lo que se conoce como ‘exit tax’.

Para evitar la práctica de que antes de tener que realizar una tributación importante (por la venta de una empresa, por ejemplo) se cambie de residencia buscando una fiscalidad más ventajosa, existe este concepto para carteras de inversiones superiores a los cuatro millones o una participación de al menos el 25% en una sola entidad que valga más del millón de euros. Así, al irse, hay que declarar la plusvalía latente (aunque no se ejecute), que supone una deuda tributaria a futuro si no se vuelve a España en cinco años (10 si es a un país de la Unión Europea o si la AEAT concede una prórroga).

Si la salida es a otro país de la Unión Europea, no hay consecuencia inmediata, solo compromiso de facilitar información a Hacienda en los años siguientes y a autoliquidar el IRPF en caso de venta de las acciones. “No tienes que pagar, ni solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda”, explica otro fiscalista. Pero en Emiratos Árabes Unidos, con quien España tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición, “ahora al irte tienes que presentar tu autoliquidación por el IRPF y declarar esa plusvalía latente, aunque puedes solicitar el aplazamiento del pago de la deuda. Te limitas a declarar la ganancia patrimonial. Si en los próximos cinco años vuelves a ser residente fiscal en España, todo sigue igual, ya que no habrías tenido que pagar”, agrega.

En conclusión, la Agencia Tributaria está mostrando preocupación y está siendo inflexible con el tema de la residencia fiscal, hasta el punto de no seguir las recomendaciones de la OCDE e incluir los periodos de estancia forzada por el covid para pedir la tributación por 2020 a extranjeros que han estado más de 183 días en España por la pandemia.