Iberdrola se enzarza en una batalla legal en México por la reforma eléctrica de AMLO

Iberdrola pasa de las palabras a los hechos. El clima de hostilidad que se ha establecido entre la multinacional energética y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador va 'in crescendo'.

La compañía eléctrica se siente perjudicada por los cambios regulatorios que está llevando a cabo la Administración azteca, por lo que ha decidido emprender acciones legales contra algunos de dichos procedimientos. Para ello, cuenta con el asesoramiento de White & Case, uno de los despachos de abogados con más experiencia en litigios y arbitrajes entre inversores y Estados en América, según detallan fuentes conocedoras del caso.

Iberdrola ha presentado un amparo (demanda contra una norma administrativa) ante el juez primero de Distrito y ha logrado que le concedan medidas cautelares contra las ordenanzas que aplica el mandatario de la coalición de izquierdas, según fuentes conocedoras del caso. Según explica la compañía con sede en Bilbao: "En octubre de 2020, la CRE (Comisión Reguladora de Energía) publicó una modificación a las reglas para sociedades de autoabastecimiento y cogeneración dedicadas a la generación eléctrica, por medio del A/1094/2020".

En este caso concreto, Iberdrola y otras empresas suministran energía tanto de fuentes de cogeneración de alta eficiencia como de plantas de energía renovable a consumidores en régimen de autoabastecimiento. Fuentes al tanto del caso señalan que el Gobierno mexicano elevó los cargos que pagan las empresas generadoras por el uso de su red de transporte y distribución, propiedad del Estado. Esta subida, según explican, es considerada por Iberdrola y otras empresas afectadas como muy significativa y no se ajusta a la legalidad, de ahí que hayan planteado diversas demandas, que por ahora está teniendo en cuenta la Justicia.

"Este acuerdo viola el principio de legalidad al no respetarse en sus términos los contratos legados. También altera la legislación vigente para favorecer a la empresa del Estado mexicano Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitando la libertad de los clientes para contratar el suministro eléctrico más competitivo para ellos", detalla Iberdrola en la memoria de resultados de 2020 presentada este miércoles a la CNMV.

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Los distintos cambios regulatorios en México preocupan cada vez más a los inversores de Iberdrola. Este mismo miércoles, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, explicaba a los analistas de la cotizada que en "México no creamos la política energética, sino que la elabora el Gobierno" y añadía que "si hay decisiones que afectan a los accionistas, lo analizaríamos y tomaríamos las medidas pertinentes".

Lo cierto es que Iberdrola ya ha tomado decisiones de calado en el país norteamericano desde que López Obrador inició cambios para desplazar a Iberdrola y otras empresas extranjeras centradas en la inversión en renovables a favor de las firmas nacionales CFE y Pemex. La eléctrica canceló en junio una inversión de 1.000 millones de euros en un ciclo combinado.

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Además, en el plan estratégico 2020-2025, ha decidido fulminar las inversiones allí. Pese a que en 2019 tenía contempladas inversiones por 4.500 millones de euros para México, ahora de los 75.000 millones que pretende invertir en cinco años (150.000 hasta 2030) no hay nada previsto para el país azteca.

Mientras tanto, el Gobierno de López Obrador ha ido elevando su tono contra Iberdrola, a la que acusa de haberse aprovechado de los recursos públicos del país. El mandatario llegó a decir que se había dado trato de favor a la eléctrica española por parte de sus antecesores. Como prueba de lo anterior, señaló que el expresidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kessel, habían sido nombrados consejeros de Avangrid (filial de Iberdrola en EEUU) e Iberdrola después de abandonar sus responsabilidades públicas.

Aunque la situación es aún prematura, varios expertos en derecho internacional señalan que si el enfrentamiento continúa en el mismo tono, empresas como Iberdrola acabarán lanzando arbitrajes internacionales contra México al amparo de los tratados de protección de inversión recíproca.