Los ERE de CaixaBank y BBVA dinamitan la paz social y ponen en apuros al Gobierno

"Demoledor", "salvaje", "insulto"... Estos fueron algunos de los calificativos que provocó la primera oferta de CaixaBank a los sindicatos para el ERE (expediente de regulación de empleo) de la fusión con Bankia. La primera entidad del país puso sobre la mesa un ajuste de 8.291 trabajadores y 1.534 oficinas, con unas condiciones base de 25 días por año trabajado y suprimiendo a la plantilla que siga gran parte de los beneficios pactados en los últimos años.

A la misma hora que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri comunicaba estas cifras, los representantes de los trabajadores de BBVA cargaban con dureza contra los directivos del banco en la junta de accionistas. La entidad vasca tiene en marcha un ajuste laboral de unos 3.000 empleados —hace las cifras oficiales este viernes— y los sindicatos le reprocharon hacerlo mientras se anuncian nuevos bonus y dividendos.

A los sindicatos de CaixaBank les alarmaron principalmente dos cifras: el impacto total de plantilla afectada, los cerca de 8.300 empleados, en línea con las cifras publicadas por este medio, más de la mitad de la antigua plantilla de Bankia, y la exigencia de que al menos la mitad del ajuste recaiga sobre menores de 50 años, lo que podría suponer en la práctica unos 4.000 despidos forzosos.

Por ello, a los representantes de los trabajadores de este grupo les sorprendió la postura del Gobierno, cuya portavoz —María Jesús Montero— justificó las cifras y dijo que trabajaría en amortiguarlas. La ministra de Hacienda señaló que, de no haberse producido la fusión CaixaBank-Bankia, el ERE sería mayor. Algo que, según fuentes financieras, choca con la propia naturaleza de la operación, juntarse para generar sinergias de costes, como explicó el propio expresidente del FROB (Fondo de Reestructuración) Jaime Ponce en el Congreso: "La primera cuestión es reconocer claramente que esta operación es una operación de sinergias, es una operación de reestructuración, es una operación de ajuste. Lo contrario sería llevar a una confusión innecesaria".

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"En UGT, no entendemos que con la situación económica actual y la pandemia se permita la destrucción actual de empleo en el sector financiero, y más teniendo en cuenta que se está proponiendo la ampliación de los ERTE. Bankia pertenece en parte al Estado, estamos esperando su respuesta", señala el responsable del sector financiero de este sindicato, Victoriano Miravete.

Desde el segundo sindicato mayoritario del grupo, SECB, aseguran que la "línea roja es la voluntariedad": "No vamos a abandonar la fórmula de la voluntariedad para las salidas y nos centraremos en homologar las condiciones laborales de la plantilla integrada y garantizar las condiciones laborales de los empleados que nos quedamos", apuntan.

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Ante este escenario, los sindicatos consultados no descartan medidas drásticas como llegar a la huelga "en función de la evolución" de las negociaciones, exponen desde UGT. "La propuesta que la entidad ha realizado nos aboca al camino del conflicto y la movilización".

Desde CaixaBank, respondieron con un comunicado en el que destacan la importancia de la "voluntariedad" y la "meritocracia" en la selección de los 8.300 empleados que salgan, aunque en el mercado se espera que esta cifra baje a entre 7.000 y 8.000 trabajadores a finales de la negociación.

El ajuste propuesto por la entidad contempla recortes más duros de plantilla en áreas donde era especialmente fuerte Bankia: casi un tercio (29%) en Murcia, donde era más fuerte la antigua BMN; entre un 18% y un 27% en Madrid; un 22% en Castilla-La Mancha y Baleares, y un 21% en la Comunidad Valenciana. Por áreas del grupo, los servicios centrales afrontan en torno a 1.600 bajas; la red comercial, 5.742; las direcciones territoriales, 250, y las filiales, 630.

La entidad catalana propone 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades para el conjunto de la plantilla; una indemnización del 50% del salario regulador multiplicado por cuatro (máximo dos anualidades) a los que tengan entre 55 y 58 años y 15 años o más en el grupo; una indemnización por pago fraccionado —prejubilación— del 50% del salario para los que tengan entre 58 y 63 años y lleven más de 15 años, y 20 días por año y 12 meses para los de más de 63 años.

En cuanto a las condiciones que mantendrán los empleados que sigan en el grupo, los sindicatos señalan que la entidad quiere quitar o reducir las ayudas por hijos y por familiares fallecidos; la mejora salarial que tienen en CaixaBank; el sistema de previsión social; los cupos por tipos de oficinas Store y Business Bank, y la aceleración de carreras. Algunos de estos complementos fueron pactados en los últimos ERE del grupo.

La tensión con los sindicatos también se dejó notar este martes en la junta de BBVA, donde los principales representantes de los trabajadores hicieron uso del turno de palabra para exponer sus críticas a las decisiones de los gestores y al ERE en marcha para 3.000 profesionales.

Los sindicatos de la entidad vasca se quejaron de que el presidente, Carlos Torres, y el CEO, Onur Genç, "presuman de todos los éxitos" del banco, incluida la venta de Estados Unidos y el dividendo extraordinario, mientras ajustan más de un 10% la plantilla en España. También critican que la entidad les haya fijado objetivos exigentes para digitalizar a los clientes, para luego usar este argumento para recortar empleos.

"Nos resulta escandaloso que en esta junta se plantee la aprobación para consejeros y directivos de incrementos de retribución y pagos de bonus, que suponen, en muchos casos, decenas y hasta centenares de veces el salario medio de una persona que trabaja en BBVA, mientras se están planteando la destrucción de miles de puestos de trabajo", expuso Isabel Gil, de CCOO.

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En su respuesta, Torres señaló que el banco está trabajando para "garantizar la sostenibilidad del empleo y adaptarnos a las exigencias de cada momento". "Tenemos la voluntad de llegar al mejor acuerdo posible", añadió.

En su línea, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, señaló en un encuentro con medios que los recortes "son un proceso natural en el que se trata de buscar soluciones". "España sigue teniendo más sucursales que otros países europeos, más del doble, y no somos el único país en el que está habiendo recortes. Nadie habla de las 9.000 sucursales que se han cerrado en Alemania o las de Italia", añadió. En opinión de Roldán, "la paz social" se va a mantener a pesar de estos procesos. Aunque las entidades tienen mucho trabajo en las próximas semanas para lograrla.