Los inversores vip de Cervezas Gran Vía se querellan contra su fundador por estafa

Primero fue despedido como presidente de Cervezas Gran Vía, el pasado mes de noviembre de 2020, y ahora es objeto de una querella por presuntos delitos de estafa agravada, administración desleal agravada, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y organización criminal presentada la semana pasada en un juzgado de instrucción de Madrid, según fuentes judiciales.

Los querellados son el empresario Pedro Cánovas y su ‘testaferro’ Javier Sbert, mientras que los querellantes son un plantel de famosos empresarios compuesto por Francisco Riberas (Gestamp), Mariano de Miguel (Clayton), Alberto Rodríguez-Fraile (A&G) y Javier Suárez (Suárez Joyeros), que se jugaron en esta aventura 12 millones antes de descubrir la operativa de su socio.

El proyecto de Cervezas Gran Vía, nacida para convertirse en fabricante de marca blanca para el sector de la hostelería, alcanzó notoriedad la pasada primavera, cuando trascendió la entrada en su accionariado de un destacado grupo de inversores, entre los que destacaba el fundador de Gestamp, que a través de su patrimonial Halekulani se convirtió en el accionista de referencia.

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Cánovas gozaba de crédito empresarial como fundador de Mercado Provenzal, una franquicia de cervezas y tapas 'low cost' que vivió años de auge después de la crisis, pero que terminó en concurso de acreedores en 2019 tras su venta a un grupo inversor. Nada raro hasta que la Fiscalía actuó el pasado noviembre, al considerar concurso culpable y pedir inhabilitación para sus administradores.

Riberas, representado por sus hijos, y el resto de socios desconocían los detalles oscuros de Cánovas en su salida de Mercado Provenzal, pero tardaron solo tres meses en sospechar de su modelo de gestión en Cervezas Gran Vía, proyecto en el que habían entrado, entre otros motivos, tras la confianza generada por informes de EY y Cuatrecasas sobre el empresario y su compañía.

El punto de inflexión, según relata la querella, se produce en febrero de 2020, cuando el consejo de administración identificó circunstancias ocultas referidas a la administración y ejecución de seis millones correspondientes al plan de ayudas públicas para pymes industriales Reindus (Ministerio de Industria), que debían haberse comprometido en la construcción de su fábrica.

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A partir de ahí llegó la pérdida de confianza en Cánovas, aunque no en el proyecto. Así, todos los socios, a excepción del fundador, afrontaron una ampliación de capital por importe de seis millones para hacer frente a las obligaciones y condiciones existentes, solo tres meses después de haber aportado los primeros seis millones con los que alcanzaron el 74% inicial de Cervezas Gran Vía.

"Cánovas se sirvió de los fondos Reindus para realizar pagos no relacionados con el proyecto"

Una vez hecho el desembolso para salvar la compañía, entró en acción Deloitte, a quien el consejo de administración encargó un trabajo de investigación (‘forensic’) para acreditar el uso de los recursos aportados por Reindus, que habían servido como garantía ante los inversores para sumarse al proyecto, y el sentido del entramado societario que colgaba de Cervezas Gran Vía.

Meses después, el resultado de ese trabajo hizo que los socios despidieran a Cánovas como presidente a finales de 2020 y emprendieran acciones penales contra él. Deloitte había reconstruido el rastro del dinero, hasta probar el pago de hasta 4,8 millones a personas y/o sociedades directamente relacionadas con el fundador en concepto de salarios y facturas falsas.

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Según consta en la denuncia, “Cánovas se sirvió de los fondos Reindus para realizar pagos no relacionados con el proyecto de cerveza, sino para liquidar a otros acreedores, pagos de personal, asesoramiento de marcas e incluso pagos a su mujer”. Nada que ver con la promesa de una fábrica para hacer 21 millones de litros de cerveza en Alcalá de Guadaíra gracias a financiación pública.

Por todo ello, y tras un intento de acuerdo para evitar la vía judicial, los socios mayoritarios de Cervezas Gran Vía acusan a Cánovas de crear un “entramado societario para montar un cascarón vacío que ofrecía una falsa apariencia de solvencia económica sirviéndose de las concesiones de ayudas públicas”... “Destinada a ‘desangrar’ los fondos de CGV mediante la cooperación de familiares y amigos”.