Red Eléctrica ultima cambios en el consejo en plena batalla política

Red Eléctrica Corporación tendrá que tomar decisiones sobre tres de sus siete consejeros independientes en los próximos días. La compañía deberá anunciar al mercado quién de los tres consejeros que terminan su mandato continuará en la compañía o, de no ser así, si habrá nuevas caras.

Fuentes oficiales de Red Eléctrica señalan que aún no se ha adoptado ninguna decisión. Sin embargo, varias fuentes próximas al consejo que preside Beatriz Corredor consultadas por El Confidencial advierten que habrá cambios, que estos movimientos están siendo objeto de estudio en distintas instancias del Gobierno y que el contexto político puede marcar las decisiones, dado que el mismo puede influir más allá de la voluntad interna en el seno de REE.

Los tres consejeros cuyo mandato expira fueron elegidos durante el Gobierno del Partido Popular. A finales de 2012, entró María José García Beato, que renovó en 2017, aún con Rajoy en la Moncloa. Ese mismo ejercicio entraron Alberto Carbajo Josa y Arsenio Fernández de Mesa.

En primer lugar, se espera la salida de Alberto Carbajo, apuntan las fuentes consultadas. Ya en 2020, con Jordi Sevilla al frente de la compañía, tuvo que poner su cargo a disposición del consejo dado que el reglamento del consejo de REE así lo establece para aquellos mandatarios que alcancen los 70 años. En ese momento, el consejo decidió que mantuviera su cargo hasta el fin de su mandato de cuatro años, que termina ahora.

Aunque fue elegido durante el Gobierno del PP, se le considera próximo al PSOE. A pesar de que se trata de un pacto no escrito, Gobierno y oposición daban en el pasado la posibilidad al adversario de tener poder de elección para algún consejero independiente en Red Eléctrica. No obstante, la influencia del PSOE en 2017 para la elección de Carbajo, un alto directivo de REE con larga trayectoria en el sector energético, no procedía de la actual órbita de Sánchez, si no de la gestora que encabezaba el expresidente del Asturias Javier Fernández y que gobernaba el PSOE entonces, por lo que sus apoyos no procedían de la actual directiva de Ferraz sino de un partido más próximo al PP que se abstuvo para que Rajoy lograra la investidura.

Otro de los que acaban mandato es Arsenio Fernández de Mesa, director de la Guardia Civil durante el Gobierno de Rajoy y mandatario considerado próximo al PP gallego del propio Rajoy o de la expresidenta del Congreso y exministra Ana Pastor. Pese a que su nombramiento como consejero de REE llegó cargado de polémica, porque a diferencia de Carbajo no contaba con experiencia previa en el sector energético, diversas fuentes consultadas y próximas al consejo de REE destacan su trabajo para la compañía y su buena sintonía tanto con Jordi Sevilla como posteriormente con Beatriz Corredor, actual presidenta.

Estos factores internos podrían jugar a favor de su continuidad, máxime si se piensa en ese pacto no escrito que da opción a la oposición a mantener a algún consejero de su cercanía. Un amplio conocedor de cómo funciona el consejo de REE asegura, además, que para los intereses del Gobierno en REE puede ser positivo mantener a alguien que pueda hacer de puente con la oposición cuando sea necesario. De ahí el valor de esta figura, que pese a lo controvertido de su nombramiento cuenta con opciones de permanecer.

Pero el actual distanciamiento entre PSOE y PP creen que puede ir en su contra. Varias fuentes cercanas a Ferraz destacan que la situación en este momento diverge mucho de la del pasado. Subrayan la actitud de bloqueo que está mostrando el partido liderado por Pablo Casado en las cortes cuando es necesaria su colaboración para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, sobre el que existe una fuerte controversia por la situación de interinidad en que lleva sumido varios años.

De hecho, este clima pactista para la designación de altos cargos ya se rompió en la renovación tardía de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), donde el PP apenas tiene ya representantes. Otro ejemplo es Enagás, donde los últimos movimientos de sillas han ido todos a personas próximas a PSOE o Podemos, como es el caso de José Blanco, José Montilla, Cristóbal Gallego, Natalia Fabra o Maite Arcos. Por ahora, no se atisban negociaciones, destacan dos miembros del PP, que no tiene constancia de ningún acercamiento del Gobierno o el PSOE para pactar consejeros en REE, como tampoco lo hicieron para Enagás, que introdujo dos cambios la pasada semana.

Por si todo lo anterior no fuera poco, hay quien considera que en el caso de que el Gobierno cediera una silla al PP para REE, en los cambios que tendrá que ratificar la próxima junta de accionistas, podrían estar pensando en alguien distinto a Fernández de Mesa. El exdirigente popular es alguien con menos influencia en la actual dirección de Génova, que podría decantarse por otro candidato al puesto.

La tercera consejera independiente cuyo mandato expira es María José García Beato. A diferencia de Fernández de Mesa, las fuentes consultadas consideran que es alguien que en el seno de la cúpula de la cotizada del Ibex 35 no cuenta con grandes apoyos. El hecho de que sea el fin de su segundo mandato tampoco juega a su favor, aunque por estatutos aún podría estar cuatro años más. Su nombramiento se atribuye a la influencia que en 2012 tenía Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta con Rajoy. Ambas son del cuerpo de abogados del Estado.

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Agencias

En este momento, las fuentes consultadas creen que su posición de consejera no ejecutiva en Banco Sabadell y las buenas relaciones de su presidente, Josep Oliu, con el PSOE no serán suficientes. De hecho, la llegada al banco de origen catalán de César González-Bueno ha hecho que pierda su cargo de responsable de la secretaría general. Tampoco ven suficiente influencia para seguir el hecho de que sea sobrina de Paulina Beato, expresidenta de REE y alto cargo de la Administración en los tiempos de Felipe González.

Al igual que sucede con Enagás, el hecho de que el Estado sea el máximo accionista (20% a través de la SEPI), que ningún accionista privado pueda tener más del 5% del capital social y que el grueso del negocio de estas compañías esté sometido a la regulación hace que las decisiones sobre REE se vean muy influenciadas por los poderes públicos, determinantes en estos procesos. Por eso, todas las miradas están puestas en el Ministerio para la Transición Ecológica.

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