La Justicia apunta a la cúpula de Iberdrola antes de dos citas clave con los accionistas

Los avances del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional en relación con la pieza número 17 del caso Tándem llegan en un momento en que Iberdrola se somete al veredicto de sus accionistas. Tras aplazar la junta de accionistas, el magistrado Manuel García-Castellón prepara la imputación del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y su segundo de abordo, Francisco Martínez Córcoles, con lo que todo apunta a que llegarán a la cita en una situación judicial más comprometida.

Ambos tendrán que someterse al escrutinio de los accionistas, pero en momentos distintos. Este mismo martes 1 de junio se celebra la junta general de accionistas de Avangrid, la filial estadounidense que posee la multinacional energética. A diferencia de lo que sucede en España, los consejeros deben pasar el examen del voto a favor, en contra o abstención de sus inversores cada año.

Esto obliga a Ignacio Sánchez Galán a pasar por el escrutinio del accionista en menos de una semana, con la petición de su imputación por parte de la Fiscalía Anticorrupción aún caliente. No se espera que el primer ejecutivo de Iberdrola y 'chairman of the board of directors' (presidente no ejecutivo del consejo) en Avangrid tenga ningún problema. Cabe destacar que el 80% de los votos de la cotizada estadounidense corresponde a la propia Iberdrola, con lo que todos ellos votarán a favor en la junta del próximo martes, como viene ocurriendo cada ejercicio.

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Sin embargo, habrá que ver si los inversores minoritarios, el 20% restante, son sensibles a la situación judicial de Galán en España en un momento en que los estándares ESG ('environmental, social and governance') están más presentes que nunca. La trayectoria de Avangrid e Iberdrola con Galán al frente de la compañía es muy valorada por analistas e inversores, pero su imputación por cohecho y otros cargos, que ultima la Audiencia Nacional, podría pesar sobre algunos inversores, que cada vez ponen más líneas rojas sobre ciertas cuestiones reputacionales y de buen gobierno.

La otra patata caliente la tendrá que lidiar el director general y consejero ejecutivo de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles. El consejo de Iberdrola ha incluido en el orden del día de la junta general de accionistas que se celebrará el 18 de junio la reelección del número dos de la eléctrica vasca. Este año expiraba su mandato, que fue renovado en 2017. La situación económico-financiera de Iberdrola es un éxito, según analistas e inversores. En tres años, el precio de la acción se ha doblado.

Norges Bank ya ha dado avisos en determinadas firmas e incluso ha decidido desinvertir en otras como ZTE o Leonardo por motivos de corrupción

Con esta carta de presentación, la junta de accionistas debería reunir el mayor consenso sobre el 'management'. Pero de nuevo los estándares autoimpuestos por muchos inversores en la 'G' de 'governance' pueden generar algún voto más de lo esperado en contra. Hay inversores institucionales con posiciones destacadas en Iberdrola, como el fondo soberano de Noruega (Norges Bank) o el gigante estadounidense BlackRock, cuyas exigencias en materia de buen gobierno pueden chocar con la situación judicial de los primeros ejecutivos de Iberdrola.

No en vano, Norges Bank ya ha dado avisos en determinadas compañías e incluso ha decidido desinvertir en otras, como ZTE o Leonardo, por motivos de corrupción. La situación judicial que vive Iberdrola actualmente es indiciaria, con imputaciones de directivos por cohecho y otros presuntos delitos y sin que la causa penal afecte por ahora a la propia compañía. Sin embargo, la propia Iberdrola destacaba este martes en un anuncio al mercado que el caso Villarejo le está afectando reputacionalmente. Algo que, según el reglamento del consejo de administración, podría obligarle a mover ficha, aunque tampoco se espera nada en este sentido en la fase actual de la instrucción de la pieza 17 del caso Tándem.

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La dudosa reputación, no obstante, costó el puesto de consejero de Iberdrola a Ángel Acebes cuando fue imputado por el caso Bankia, posteriormente absuelto y restituido en su cargo en la eléctrica. También al marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, que salió de su filial de ingeniería cuando se revelaron vínculos con Villarejo o se le relacionó con las donaciones al PP.

Ignacio Sánchez Galán no tendrá que renovar como miembro del consejo de Iberdrola. Lo hizo hace dos años, cuando apenas se sabía de la relación entre Villarejo y la propia compañía eléctrica. Su mandato concluye en 2023, sin que por ahora haya trascendido ningún plan de sucesión. Pese a ello, fuentes del mercado señalan que si hay accionistas que quieren dejar patente su malestar con la eléctrica, lo harán votando en contra de aquellos puntos del orden del día más sensibles, como la remuneración de los consejeros.

Si finalmente, como apuntan fuentes judiciales, es imputado en los próximos días, la situación será inédita. Otros altos mandos han sido imputados por el caso Villarejo. Sin embargo, Francisco González ya estaba fuera de BBVA, Isidre Fainé ya no es presidente de una cotizada (CaixaBank) y Antonio Brufau ya no es presidente ejecutivo de Repsol. La imputación de Galán sería la primera de un presidente ejecutivo de una empresa del Ibex. En este caso, la segunda más grande por capitalización bursátil, solo superada por Inditex.

En una mesa redonda organizada por BME este miércoles para tratar los principios ESG con diversas compañías, la firma destacaba que la principal conclusión ha sido que "la demanda de la inversión ESG es cada vez mayor y que los criterios de sostenibilidad no solo son un plus, sino que pueden incluso restar inversiones y oportunidades para aquellas empresas que no los tengan en cuenta".