Hacienda se ahorra 4.700 millones gracias al golpe del covid a la banca española

No hay mal que por bien no venga. No todo han sido malas noticias para el Ministerio de Hacienda por la crisis del coronavirus. Dos de las mayores empresas del Ibex, Santander y CaixaBank, han decidido borrar de sus balances parte de la deuda que tenía el Estado con ellas, en concepto de créditos fiscales, por valor de 4.700 millones de euros. Casi dos veces y media del impuesto a la banca que el Gobierno socialista barajó aplicar al sector en 2018.

La crisis del covid ha hecho que empeoren las perspectivas a medio y largo plazo de estas entidades, y de otras que todavía no han tomado ninguna decisión al respecto. Por ello, han optado por el realismo contable y dar de baja de su balance parte de los créditos fiscales. Parte de los 2.500 millones que se esfumaron del Santander procedían del Popular, y el ajuste que ha hecho CaixaBank por valor de 2.200 millones deriva del balance de Bankia.

Los créditos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) son deducciones fiscales generadas por pérdidas en el pasado —ligadas principalmente a la crisis inmobiliaria— que las empresas tienen derecho a usar durante los próximos años, mejorando así su factura fiscal. Hay parte que está garantizada por el Estado —monetizable— y parte que no. Es en esta última donde Santander y CaixaBank han hecho el ajuste.

Esto se debe a que las normas de contabilidad obligan a que las entidades tengan planes de negocio a 15-20 años que reflejen que van a generar suficientes bases imponibles para usar los créditos fiscales que tienen en el balance, de lo contrario los tienen que dar de baja pasándolos por la cuenta de resultados, con pérdidas contables. En el año 2016, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, introdujo una importante reforma para limitar el uso de las bases imponibles negativas de las grandes empresas al 25% de la base imponible de cada año. El objetivo de esta reforma era limitar la compensación de beneficios que pueden hacer las empresas cada año para así elevar la recaudación. La reforma dio resultados, ya que es el principal motivo por el cual las entidades han tenido que reducir ahora sus activos fiscales.

"Durante 2020, habida cuenta de las incertidumbres sobre los impactos económicos derivados de la crisis sanitaria del covid-19, el grupo ha reevaluado la capacidad de generación de ganancias fiscales futuras en relación con la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos registrados en las principales sociedades que integran el grupo", explica Santander en sus cuentas.

Al margen de las decisiones de la entidad presidida por Ana Botín y de CaixaBank, el volumen de créditos fiscales diferidos se mantuvo estable durante 2020, con un leve aumento de 350 millones. En total, el sector financiero tiene derecho a recuperar en las próximas décadas algo más de 56.000 millones vía deducciones. De estos, 42.000 millones están garantizados por el Estado, a cambio de una tasa del 1,5%. Esta medida se adoptó en 2015 para que Europa no penalizara en capital a las entidades con créditos fiscales.

Atractivo para las fusiones

CaixaBank es la entidad con más DTA a pesar de los 2.200 millones dados de baja recientemente. Lo es gracias a la fusión con Bankia, que acumulaba más de 10.000 millones fruto de las pérdidas que sufrió en 2012. El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri mantiene 15.092 millones, de los que 12.816 millones están garantizados por el Estado. La entidad catalana explicaba en sus cuentas de 2020 que, por primera vez en años, se generaron más créditos fiscales de los que se usaron.

La segunda en el 'ranking' es BBVA, con 11.951 millones (9.361 millones garantizados). Gran parte de estos activos fueron heredados de las cajas catalanas que el grupo vasco ha comprado en la crisis: Unnim y Catalunya Banc. La entidad explica en sus cuentas que tiene otros 2.156 millones procedentes de Catalunya Banc que no tiene en su balance, ya que "no existe plazo legal de compensación".

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Javier G. Jorrín

El tercero en discordia es Santander, que también engordó sus créditos fiscales gracias a la adquisición del Popular. Tras dar de baja 2.500 millones, le quedan 10.026 millones, de los que 7.240 millones son monetizables.

En términos de la contabilidad de las administraciones públicas, esta modificación de los créditos fiscales en el balance de los bancos no tiene ninguna incidencia en déficit ni en recaudación. Se trata de un cambio de la valoración de los activos en el balance que no tiene incidencia sobre el pago de impuestos. De hecho, si en el futuro sus beneficios aumentan, podrán utilizar estos créditos fiscales que ahora han retirado. En otras palabras: Hacienda no impide que puedan utilizar estos activos, lo que limita es cuánto pueden utilizar cada año. Y las entidades, por principio de prudencia contable, solo incluyen en sus balances aquellos activos que sean susceptibles de ser utilizados en un periodo de tiempo razonable, unos 15 años.