El juez de Villarejo tumba un informe de Fiscalía sobre BBVA y anticipa el final del caso

El juez Manuel García-Castellón quiere dar carpetazo al caso BBVA-Villarejo, la pieza que investiga la contratación durante años del comisario por parte del segundo banco español. Así se desprende de su último auto, en el que tumba un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que solicitaba la declaración de altos directivos de BBVA y anunciaba la próxima petición de nuevas pruebas.

"El hecho de que la Fiscalía vaya a proponer más diligencias, en todo caso, será un elemento que deba estimular al instructor a valorar su oportunidad (...) En el caso de acordarse, deberá ser un motivo que anime a practicarse con la mayor diligencia posible, desde la conciencia de la afectación que tiene para la presunción de inocencia y para el derecho de defensa de las partes la duración del procedimiento", expone el magistrado en un auto dictado este martes. "El procedimiento en la fase de instrucción debe encaminarse a practicar sin demora (art. 779 LECRim) solo aquellas diligencias que se reputen esenciales", añade.

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García-Castellón toma esta decisión tras el informe de Anticorrupción recibido el pasado 27 de mayo, en el que Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro apoyaban la petición de algunas acusaciones de que declarasen como testigos altos directivos de BBVA, como su directora general de Legal, María Jesús Arribas.

"Nos encontramos en una instrucción que aún le restan diligencias por practicar, entre otras, las que serán interesadas en escrito aparte al presente por el Ministerio Fiscal, por lo que la práctica de esta testifical [la de Arribas], desde la proporcionalidad, entendemos resulta lógica. (...) En casos como el presente, los beneficios de la declaración a efectos de poder clarificar los hechos, aconseja practicarla en fase de instrucción al no suponer ninguna dilación de la misma", exponían los fiscales.

Economía procesal

El magistrado ha desoído esta petición, a pesar de no compartir el recurso de BBVA —que vulnerara la relación abogado/cliente—, por economía procesal. La única diligencia que acepta es la de identificar a los empleados que autorizaron parte de las facturas de Villarejo —Cenyt—, algo solicitado por el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

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Estas dos posiciones enfrentadas reflejan lo alejados que están en estos momentos el juez del caso Villarejo y la Fiscalía. El magistrado ve suficientes pruebas ya como para dar carpetazo al caso, y probablemente mandarlo a juicio oral. Mientras, los fiscales creen que todavía hay pruebas por practicar, que pueden abarcar nuevas declaraciones de los imputados que decidieron no testificar en 2019 por estar la causa bajo secreto de sumario.

El distanciamiento entre García-Castellón y Anticorrupción es más visible desde hace un año, cuando dejó el caso el fiscal Ignacio Stampa. La principal diferencia entre ambos ha sido la insistencia de los fiscales en investigar la "falta de colaboración" de BBVA.

De hecho, esta diferencia de criterio ya se apreció con la posible imputación del director de Auditoría Interna del banco, Joaquín Gortari, que apoyaba Anticorrupción, y que el magistrado echó por tierra por un defecto de forma en la petición que había hecho la acusación particular que la solicitaba.

El escrito de Anticorrupción refleja en varios puntos su tesis de investigación. Apoyaban la declaración de Arribas "sobre la base de no haber detectado las contrataciones con Cenyt [empresa de Villarejo] desde el año 2004 al año 2016, saltándose los protocolos internos para selección de proveedores, de compras y sistemas para el pago de las facturas, con evidencias —a tenor de los propios escritos del BBVA— de que existían facturas autorizadas fuera de los procedimientos establecidos, así como por el hecho de que su presidente, Francisco González, se sirviese de personal de la entidad para realizar operaciones de puro interés personal ajeno a la entidad".

"BBVA ha manifestado que disponía de una política de cumplimiento normativo tanto formal como informal [Doctrina FG, en palabras de su expresidente], pese a lo cual, la misma no impidió que en su seno y en las más altas instancias directivas se llevase a cabo una contratación millonaria e irregular", añaden los fiscales.

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Anticorrupción dejó otro 'recado' al banco presidido por Carlos Torres respecto a la petición de que declarase el responsable de Compras, Ángel Cabetas, que apoyaba y que también rechaza el juez. "Hemos de adelantar, ya que la explicación dada por la persona física representante de la jurídica, derivando la 'imposibilidad' [de detectar las facturas de Villarejo] al tamaño y número de operaciones de la entidad, resulta absolutamente carente de sentido, pues se supone que una política de cumplimiento normativo medianamente seria exigiría una planificación de la misma que fuese acorde precisamente a esas cuestiones de tamaño y número de operaciones".

Tras estas novedades del caso, esta pieza separada de la operación Tándem queda pendiente de los correos a los que ha pedido acceder Béjar, tras un pulso con BBVA, y de las nuevas libretas de Villarejo. Salvo que surjan nuevas pruebas importantes ahí, todo apunta a que el juez García-Castellón dará carpetazo al caso pronto.