El juez tumba las declaraciones de dos directivos de Repsol y CaixaBank por Villarejo

Manuel García-Castellón ha rechazado de forma categórica las últimas maniobras de Repsol y Luis del Rivero para aclarar los informes de auditoria que realizaron internamente sobre los pagos a José Manuel Villarejo. El magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de varios directivos de la petrolera de que interrogue como testigo al jefe de Compliance como autor del 'forensic' y a María Luisa Retamosa, la máxima responsable de auditoría de CaixaBank, por considerarlo “inútil e innecesario para la instrucción”.

Según dos autos judiciales, Rafael Araujo, jefe de Seguridad de Repsol, y Luis Suárez de Lezo, secretario del consejo de administración de la compañía energética, ambos imputados, solicitaron el pasado 5 de julio “la declaración en calidad de testigo de Enrique Hernández Pérez, 'chief compliance officer' de Repsol, autor del informe de revisión de la regularidad de la contratación de la agencia de investigación Cenyt o vinculadas a ella, de 28 de diciembre de 2019”.

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Por su parte, Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, pidió al juzgado la declaración, también en calidad de testigo, de María Luisa Retamosa Fernández, directora ejecutiva de auditoría interna de CaixaBank, que asistió a la reunión que se mantuvo con el imputado Antonio Masanell Lavilla (hombre fuerte de Isidre Fainé) el 11 de octubre de 2019 en la investigación interna sobre los hechos realizada por el banco.

Los fiscales del caso, Miguel Serrano y César de Rivas, accedieron en un auto firmado el pasado 20 de julio a las peticiones de ambas partes al entender que resultaban “meritadas” las intervenciones de Enrique Hernández y María Luisa Retamosa, antes, eso sí, de que tanto Repsol como CaixaBank declarasen como testigos el próximo 26 de julio. Para estas citas, la petrolera ha nombrado como representante a María Lucía Díez Aldao, responsable de asuntos penales, y como abogados a Pablo Jiménez de Parga y Noelia Álvarez, del bufete Ecija.

Pero en un escrito fechado un día más tarde, el 21 de julio, García-Castellón ha rechazado con gran contundencia tanto la petición de los dos directivos de Repsol como la de Luis del Rivero con relación a la ejecutiva de CaixaBank.

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Respecto a Enrique Hernández, cuya llamada a testificar fue rechazada por el fiscal antes de la imputación de Repsol el pasado 8 de julio, el magistrado sostiene que “la diligencia solicitada no puede acordarse, pues supondría una inadmisible injerencia al derecho de defensa de la persona jurídica”. El auto agrega que no es coherente llamar como testigo “a quien, precisamente, dirige el área de cumplimiento normativo de la compañía y, por tanto, se encuentra en mejor condición de poder ostentar la posición de representante de la persona jurídica”. Su declaración, en su caso, “podrá ser acordada con carácter posterior a la declaración de persona jurídica [Repsol] y sin perjudicar su derecho a la defensa”.

En relación con María Luisa Retamosa, el juez sostiene que el pasado 24 de junio de 2021 ya declaró como testigo Rubén Benavent, auditor interno de CaixaBank y autor del informe de auditoría interna. Benavent ya aclaró que su superior, Retamosa, no tuvo ninguna participación relevante en la confección de dicho informe, más allá de asistir a la entrevista con Massanell, cuyo resultado obra unido al informe de auditoría.

Por tanto, el magistrado concluye que “no se justifica de ningún modo, ni presenta interés alguno, llamar a declarar como testigo a quien no fue autora de la investigación interna ni tuvo relación directa con los hechos investigados, habiendo declarado ya el autor del informe en calidad de testigo”. En conclusión, “no procede acordar la declaración de la Sra. Retamosa, por ser inútil e innecesaria para los fines de la instrucción”.