Cautelares para salvar a la parroquia de San Jorge de su venta (fantasma) a la Universidad Nebrija

La feligresía de la parroquia de San Jorge, una de las iglesias con más fieles y vocaciones de Madrid, lleva ocho meses esperando a que se cierre el publicitado acuerdo entre la Universidad de Nebrija y el Arzobispado de Madrid por el cual las dos partes se comprometían a revertir el traspaso del templo al grupo de estudios.

Una venta que podria definirse como fantasma, porque en cierto modo no existe, ya que se acordó revertirla, pero sigue sin completarse la formalización de este pacto, lo que ha encendido las alarmas entre los parroquianos, quienes temen que la entidad presidida por Manuel Villa Cellino esté jugando a dar largas, para dejar que pase el tiempo y poder quedarse así estos terrenos.

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La venta de San Jorge es una de las tres causas que están siendo investigadas por la Justicia dentro de la presunta trama creada para expoliar fundaciones ligadas a la Iglesia católica, en concreto, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), dueña de la parroquia, Fusara, propietaria de 14 edificios de viviendas en alquiler y de varios colegios, y Molina Padilla, titular también de inmuebles con pisos en alquiler.

Este macroproceso, que lleva el Juzgado número 28 de Madrid, se enfrenta actualmente a un momento crítico debido, entre otros motivos, a que no termina de cristalizar el acuerdo para revertir la venta de San Jorge. Y el tiempo se acaba.

Si a la vuelta de verano, en noviembre, la situación sigue igual, Nebrija podría echar el pestillo a la parroquia y quedarse toda la finca sobre la que se levanta, el verdadero objeto de deseo de esta compra, ya que se trata de un enorme solar en una de las zonas más caras de Madrid, en la calle Padre Damián, justo detrás del estadio Santiago Bernabéu y a pocos metros del paseo de la Castellana.

Para evitar este desenlace, un grupo de feligreses que representa la acusación popular ha solicitado al juez, como medida cautelar, que no se pueda disponer de los bienes de la fundación y así evitar que Nebrija pueda quedarse el complejo, sobre el que también se levantan una residencia de ancianos y un vivero.

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El juez, en una providencia del pasado miércoles, ha pedido a la FSVSC que se pronuncie respecto a la solicitud de cautelares, tras el escrito enviado por la Fiscalía comunicando su no oposición, según han confirmado varias fuentes implicadas a este medio.

Aunque las mismas definen esta providencia como un trámite de rigor, al estar la fundación personada como acusación particular, su consecuencia es que va a obligar al arzobispado, que en última instancia es quien controla ahora la fundación, a poner las cartas sobre la mesa, ya que una oposición a la petición de cautelares alimentaría las sospechas de los feligreses de que el acuerdo con Nebrija es papel mojado.

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El equipo encargado, dentro del arzobispado, de investigar esta trama y que negoció el acuerdo con Nebrija siempre ha defendido que el pacto es firme desde diciembre, cuando solo quedó pendiente de los últimos flecos económicos.

Una vez resueltos, el retraso ha sido responsabilidad de la Agencia Tributaria y del Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Asuntos Sociales, ambos organismos de la Comunidad de Madrid: el primero por la liquidación de impuestos y el segundo, porque lleva meses esperando a confirmar el actual patronato, el encargado de cristalizar el acuerdo de reversión.

Las mismas fuentes aseguran que la pasada primavera, cuando parecía que ya estaban resueltos todos los trámites para confirmar el nuevo patronato, el Protectorado volvió a retrasar la autorización al solicitar al Juzgado 28 la confirmación de que ninguno de los patronos está imputado en la causa. Una información, por otra parte, pública.

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Como adelantó este diario el pasado mayo, el juez ha citado a declarar como investigados a David López-Royo, presidente de las fundaciones cuando ocurrieron los hechos y director de RSC del bufete Chávarri, que intermedió todas las operaciones; a Jesús Merino, abogado de Chávarri; a Manuel Fernández-Clemente, secretario de las fundaciones y responsable de 'compliance' cuando ocurrieron los hechos investigados; a Ignacio Olmos, gerente de Fusara; a Antonio Naranjo, gerente de FSVSC; a Roberto de Juan, administrador de Tapiamar, la empresa que figura como compradora de las viviendas de Fusara, y a Manuel Villa Cellino.

Además, ha llamado en calidad de testigo a Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, la promotora que vendió a Fusara un solar en Valdebebas por un precio que dobla el visto en operaciones comparables. En esta operación también iba a participar FSVSC, hasta que el nuevo equipo tomó las riendas y logró frenar la compra, a pesar de que Metrovacesa, asesorada por Uría Menéndez, intentó ejecutar a la fundación en varias ocasiones.

Este bufete también participó en la venta de la parroquia de San Jorge, al intermediar en favor de unos empresarios mexicanos que, antes de Nebrija, se hicieron con una opción de compra de todo el complejo. De hecho, dentro de todas las millonarias comisiones que se investigan en la macrocausa de las fundaciones, existe la sospecha de que los 2,5 millones que pagó Residencias Nebrija, sociedad patrimonial de Villa Cellino, a Chávarri fueron destinados a que los aztecas cedieran su posición.

Pero los lazos entre Chávarri y Nebrija fueron más allá de esta transacción. Como ya publicó este diario, en marzo de 2018, apenas unos meses antes de cerrarse la venta de San Jorge, se constituyó la Fundación Antonio Chávarri, con David López Royo de vicepresidente y Julio Lage de vocal, ambos figuras clave en la venta de los terrenos de Padre Damián, el primero como presidente de FSVSC y el segundo como interventor de la diócesis y quien le tomó el relevo en la fundación (aunque, actualmente, ambos están fuera).

Ese mismo año 2018, López Royo también fichó como director de Responsabilidad Social Corporativa de Chávarri, sin dimitir del sillón de delegado episcopal de fundaciones del Arzobispado de Madrid, lo que le permitió estar a los dos lados de la mesa, y se creó la cátedra del Bien Común de la Fundación Chávarri, financiada por la Universidad de Nebrija.

Legalizan las obras de la residencia

En octubre de 2019, la FSVSC solicitó la licencia de primera ocupación y funcionamiento de unas obras que había realizado en la residencia de ancianos que está aneja a la Parroquia de San Jorge.

Este centro es atendido por unas monjas que también tienen ahí su residencia y que se quedarían en la calle, al igual que las personas mayores a su cargo, si el próximo noviembre Nebrija ejecutara el acuerdo en vigor y se quedara todo el complejo.

"Los técnicos del Servicio de Actividades Económicas han emitido informe de fecha 02/07/2021, favorable a la concesión de la licencia solicitada por el interesado", recoge el escrito de la Agencia de Actividades al que ha tenido acceso este medio, en el que resuelve conceder la licencia como residencia de ancianos de la tercera edad.

Este aspecto es de especial relevancia, ya que uno de los argumentos que han esgrimido siempre los vendedores para justificar la venta del complejo como se hizo y al precio al que se selló, 37 millones, era que había orden de cerrar porque carecía de las condiciones de habitabilidad y seguridad necesaria para las personas mayores, cuando la realidad, como acaba de demostrarse con esta autorizaciones, es que se habían realizado unas obras para adaptar el centro a nuevos requisitos y se estaban tramitando las licencias.