España sale en defensa de Putin en la disputa por la mayor expropiación de la historia

El Reino de España ha salido en defensa de la Federación de Rusia en la macrocausa internacional que pesa contra el país presidido por Vladimir Putin. La Abogacía del Estado, financiada con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica, ha prestado recientemente su apoyo a Moscú en un tribunal de Washington DC (EEUU) con el objetivo de evitar que los antiguos dueños de la petrolera Yukos, que sufrieron la mayor expropiación de la historia, ejecuten bienes del Estado ruso.

Entre estos accionistas, destaca el empresario encarcelado durante ocho años Mijaíl Jodorkovski por presuntos delitos fiscales. Era el hombre más rico de Rusia a principios del siglo XXI y uno de los críticos más vehementes del presidente ruso. Los dueños de Yukos llevan años de reclamaciones después de que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya reconociera en 2014 su derecho a recibir 50.000 millones de dólares (más de 40.000 millones de euros al cambio) como indemnización por la expropiación dictada por el Kremlin en 2007.

Con el respaldo explícito a los intereses de la Federación de Rusia, los servicios jurídicos españoles tratan de evitar que los tribunales norteamericanos confirmen resoluciones internacionales que permitan la ejecución de bienes propiedad de los Estados en territorio estadounidense en pago a sus reclamaciones. Es habitual que cuando un inversor quiere cobrar una resolución arbitral que se resiste a pagar el país sancionado, acuda a EEUU por ser esta la jurisdicción que ofrece más garantías del mundo.

España se ha personado en la causa rusa como 'amicus curiae' (figura jurídica por la que un tercero interviene en un proceso judicial en el que cree que su opinión puede aportar valor de cara a la resolución del litigio). La razón, explican fuentes jurídicas, es que sobre España pesan diversos casos también en el Distrito de Columbia por los que inversores internacionales están tratando de confirmar sus laudos ganadores contra España por indemnizaciones derivadas del recorte a las renovables. Fuentes jurídicas explican que a España le beneficia que no haya precedente de ejecuciones que puedan acelerar los casos que pesan contra el Estado español, que mantiene reclamaciones en instancias supranacionales por más de 10.000 millones de euros.

Para lograr este fin, la Abogacía del Estado no ha dudado en personarse en la megacausa con fuertes connotaciones geopolíticas que arrastra el Ejecutivo de Vladimir Putin y sobre la que pesó una sentencia en contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Para reforzar su actuación ante los tribunales norteamericanos, el Reino de España ha contratado los servicios del despacho estadounidense Foley Hoag LLP, uno de los bufetes de más prestigio a nivel internacional para casos de arbitraje en que se ven inmersos Estados soberanos y con que el que ya ha trabajado la Abogacía del Estado en los últimos años. No en vano, se trata del único despacho que únicamente trabaja para países, al contrario que el resto de bufetes, que también operan para entes privados. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) ha firmado dicho contrato por vía de urgencia, según consta en documentación oficial.

España se ha personado en la causa rusa como 'amicus curiae' (figura jurídica por la que un tercero entra en un proceso ajeno)

Pese a la actuación de Foley Hoag para España, los accionistas de la petrolera Yukos, que tras su expropiación acabó en manos de la estatal rusa Rosneft, han pedido al tribunal que no se escuchen los argumentos de España precisamente porque entienden que no se trata de un actor independiente, sino que su motivación en el caso es defender sus intereses y así evitar precedentes con los inversores que le reclaman por el recorte a las primas renovables, que fueron fuertemente rebajadas entre 2010 y 2013.

La posición que mantiene España en la macrocausa rusa es que los tribunales de Columbia no deben confirmar el laudo arbitral contra Rusia porque actualmente está en curso un proceso de su eventual nulidad de dicha causa en juzgados y tribunales de los Países Bajos. Es una situación paralela a la de diversos inversores que litigan frente a España. Rusia obtuvo en 2015 una victoria legal después de que la Justicia holandesa anulara la indemnización de más de 40.000 millones de euros por entender que Rusia no había ratificado el artículo 13 del Tratado de la Carta de la Energía, acuerdo de inversión en el que se basa este litigio, sino que lo aplicaba de forma provisional.

La defensa de España a Moscú en calidad de 'amicus curiae' en EEUU se produce en el caso de arbitraje internacional más destacado de la historia, que se saldó con la mayor expropiación nunca antes vista. Mijaíl Jodorkovski era uno de los magnates rusos más destacados desde los años noventa tras la caída de la Unión Soviética, y en los primeros años del siglo XXI el oligarca llegó a ser el hombre más rico de Rusia y una de las más grandes fortunas del mundo, según la revista 'Forbes'.

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La Corte de Arbitraje de La Haya dictaminó que la quiebra y posterior expropiación de Yukos fue una maniobra ilegal del Kremlin, de ahí la indemnización multimillonaria. Dicha quiebra se produjo después de que Moscú reclamara ingentes cantidades a la empresa petrolera en concepto de impuestos presuntamente no pagados. Sin embargo, una década después, los árbitros de este caso destacaron que Yukos “fue atacada por motivos políticos por las autoridades hasta llevarla a su destrucción”. También afirmaron que “la Federación Rusa no pretendía recaudar impuestos; quería declarar la quiebra de Yukos y apropiarse de sus valiosos activos”. Jodorkovski, añadía entonces la decisión arbitral, empezaba a convertirse en “un oponente político del presidente Putin”, recogió en 2014 el diario 'El País'.

Sea como fuere, Jodorkovski acabó ocho años en prisión y casi dos décadas después de que se iniciara la controversia Rusia, aún bajo el mando de Putin, sigue sin pagar pese al reproche de la comunidad internacional. Por intereses paralelos, el Reino de España, mediante la Abogacía del Estado y con el apoyo prestado por la Administración central, ha acabado defendiendo al presidente ruso, Vladimir Putin.