El Senado aprueba rebajar por ley los alquileres de los locales comerciales de Aena

Con 128 votos a favor, 124 en contra y cinco abstenciones, el Senado aprobó ayer la enmienda de Coalición Canaria (CC) dirigida a rebajar por ley los alquileres que pagan los comerciantes a Aena por los locales de los aeropuertos.

La formación insular ha incluido esta enmienda dentro de la tramitación de la futura Ley de Transporte Terrestre, que todavía debe volver al Congreso antes de entrar en vigor, paso que se espera para las próximas semanas y, en cualquier caso, para antes de concluir el ejercicio.

A favor de la enmienda han votado PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Bildu y Junts per Catalunya, entre otros. En contra, PSOE y PNV. Podemos no tiene representación en el Senado, pero los grupos más afines a los morados se han abstenido. Si se mantiene este equilibrio de fuerzas, el Congreso validará la medida. A diferencia de lo visto en el Senado, donde ha habido división entre los partidos, en el Congreso se aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) de ERC emplazando a Aena a ofrecer ajustes de rentas equilibrados.

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Desde Aena, han declinado hacer declaración alguna hasta que la enmienda pase el trámite del Congreso, pero las fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que, si la Cámara Baja refrenda lo aprobado por la Cámara Alta, la legislación tendrá un impacto significativo en la cuenta de resultados de la compañía, cuya capitalización bursátil a cierre de ayer rondaba los 19.500 millones de euros.

La enmienda de Coalición Canaria defiende que Aena renuncie al cobro de las rentas entre el 15 de marzo y el 20 de junio y las ajuste a partir de entonces a la evolución real del tráfico de pasajeros. Esta modificación se mantendría hasta que se recuperen los niveles de 2019, un horizonte que la propia compañía presidida por Maurici Lucena retrasa hasta 2026.

La redacción de la ley tal cual la ha aprobado el Senado no solo afecta a previsiones de beneficios futuros, sino que modifica los términos de los contratos del ejercicio de 2020, cuando Aena se anotó 620 millones por unos ingresos comerciales ahora en entredicho. Aena cuenta con cerca de 120 inquilinos, la mayoría grupos familiares y pymes con fuertes raíces regionales, aunque el 80% de los ingresos comerciales de Aena proceden de cuatro grandes multinacionales: Dufry, Áreas, Ibersol y SSP.

A la espera de que la compañía detalle los números concretos, esto supondría un ajuste de miles de millones de euros a futuro, y un impacto contable y de salida de caja, ya que Aena deberá devolver las cantidades cobradas por encima de la caída real del tráfico, así como los avales ejecutados.

De media, Aena rebajó un 60% las rentas de 2020 a los inquilinos que firmaron acuerdos el año pasado, cuando la caída media de tráfico en la red de Aena fue del 72%, y el 100% a quienes se negaron a suscribir este pacto. Este ejercicio, a los primeros les ha aplicado una rebaja del 50% hasta septiembre, frente a la caída acumulada del 68% con que ha cerrado agosto, diferencias que con esta nueva normativa debería devolver.

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Ante este escenario, y siempre a la espera de la votación en el Congreso, los expertos consultados apuntan a que Aena deberá valorar ahora todas sus opciones, las cuales van desde abrir una nueva ronda de negociación con sus inquilinos para llegar a una solución consensuada hasta presentar un recurso de inconstitucionalidad e, incluso, acudir a instancias internacionales.

Al tratarse de una compañía cuyo accionista de control es el propio Estado, a través de Enaire, con un 51% del capital, se daría la situación de que un grupo público iría contra el Estado español por la aplicación de una norma que habría emanado del Parlamento. Y con el añadido de posibles rescates de la SEPI a inquilinos de Aena, como ya se está apuntando con la petición de Áreas de 120 millones de euros de dinero público.

Los expertos consultados explican, sin embargo, que Aena es también una compañía cotizada y, como tal, debe defender los intereses de todos sus accionistas, ante un evidente perjuicio económico, tanto en la cuenta de resultados como en bolsa. Además, consideran que Aena podría acudir a los tribunales por considerar que con esta enmienda se le está privando de la tutela judicial efectiva, al no dejársele ir a los tribunales a reclamar las rentas.

Qué dice la futura ley

1. Los contratos de arrendamiento o de cesión de local de negocio para actividades de restauración o de comercio minorista concluidos entre Aena SME SA y operadores privados que se encontrasen en vigor el día 14 de marzo de 2020, o hubiesen sido licitados con anterioridad a dicha fecha, quedarán automáticamente modificados por efecto de esta Ley en los siguientes términos: 

    a. La parte proporcional de renta mínima anual garantizada (RMAG) establecida en los contratos correspondiente al periodo de tiempo que se extiende entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será exigible su pago por Aena.  

    b. A partir del día 21 de junio de 2020 la renta mínima anual garantizada (RMAG) fijada en los contratos quedará automáticamente reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019, no siendo exigible por Aena el pago de una RMAG por mayor importe. Esta reducción de la RMAG será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al que existió en 2019.

El cálculo de la minoración de la RMAG se realizará mediante un prorrateo de su importe con arreglo a los datos oficiales sobre el volumen de pasajeros publicados por Aena. 

    c. Lo establecido en el apartado anterior no afectará al derecho de Aena a exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los diferentes locales.

    2. La modificación de los contratos establecida en esta disposición será igual para todos los contratos y operadores. Tendrá carácter obligatorio para Aena y producirá plenos efectos jurídicos aun cuando las partes hubiesen alcanzado acuerdos diferentes sobre la minoración de la renta mínima anual garantizada (RMAG), u otras cláusulas, o ya se hubiese procedido al pago de esta obligación.