La abstención de PSOE y Podemos en el Congreso mina la estrategia legal de Aena

El PSOE, por un lado, y Aena, por otro, se llevaron ayer un serio revés en el Congreso de los Diputados, al ver cómo toda la oposición votaba a favor de ligar por ley los alquileres de los aeropuertos a la caída real del tráfico, y a mantener esta medida hasta que se vuelva a los niveles prepandemia, es decir, a las cifras de 2019. Para los socialistas, se trata de su segunda gran derrota en la Cámara Baja, tras la sufrida en septiembre de 2020, cuando se derogó el decreto ley de los remanentes municipales.

En esta ocasión, para evitar quedarse solo votando en contra de la nueva norma, el PSOE optó por abstenerse y emular así la postura de su socio de gobierno, Podemos, quien criticó seriamente desde la palestra la manera en que había actuado Aena con sus comerciantes. "Precisamente, cuando es el Estado el que actúa como capital rentista, debe de tener una conducta ejemplar en defensa de la economía productiva y el empleo", señaló Txema Guijarro.

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Esta misma realidad, la de ser una compañía controlada por el Estado, es la que puede volverse ahora en contra de Aena y complicar las acciones judiciales que está analizando, ya que deberá hilar muy fino si no quiere poner al Ejecutivo en la tesitura de defender, como dueño que es del operador aeroportuario, posiciones contrarias a la que ha sostenido en el Parlamento.

Como señalan distintos observadores, si el PSOE hubiera mantenido la postura que defendió en el Senado y hubiera votado en contra, esta postura sería coherente con las diferentes opciones judiciales que estudia Aena. Pero el hecho de haberse abstenido y puesto por delante la política, unido a las críticas de su socio de gobierno y al consenso del resto de partidos en favor de esta norma, hace que ahora sea más difícil justificar acciones en contra.

Aena deberá hilar fino si no quiere poner al PSOE en la tesitura de defender en tribunales posturas cuyo voto no se ha atrevido a dar en las Cortes

En el comunicado que la propia Aena envió ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cifró en 1.500 millones el impacto económico de la nueva normativa, por la reducción en los cobros de los ingresos comerciales, y subrayó que "está analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".

Entre las opciones que lleva días barajando la compañía, está acudir a organismos internacionales, presentar un recurso de inconstitucionalidad o intentar que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Todas ellas, opciones que ponen en jaque al Gobierno y a los partidos que lo respaldan, que prefirieron abstenerse de votar en contra del resto del Parlamento.

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Aunque formalmente, según señalan desde la compañía, Aena no está obligada a llevar a su consejo la ofensiva judicial que termine lanzando, si es que lo hace. Políticamente, será difícil para los socialistas defender que siendo el Estado dueño del operador aeroportuario, con un 51% del capital, y controlando la presidencia ejecutiva, sillón que ocupa el hombre fuerte del PSC Maurici Lucena, Aena intente tumbar una norma salida del Parlamento español recurriendo a organismos internacionales.

Tampoco parece factible, 'a priori', la opción de presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque se requiere el respaldo de 50 diputados, apoyo que ayer Aena no logró, del defensor del pueblo o que tome la iniciativa un Gobierno que ayer prefirió abstenerse para evitar más brechas con sus aliados en el Parlamento. Diferente sería que un juez planteara una cuestión de inconstitucionalidad, ya que sería la Justicia, y no Aena ni el PSOE, quien pondría en duda la norma defendida por la mayoría de los diputados.

El punto de inflexión que se marcó ayer fue lograr que la política entrara de lleno en la crisis de los alquileres comerciales de Aena

El punto de inflexión que se marcó ayer, más allá de la norma en sí misma, fue conseguir que la política entrara de lleno en la crisis de los alquileres de Aena. Porque los tribunales hace ya meses que entraron, debido a que una treintena de los 120 inquilinos que tiene el operador aeroportuario acudió a la Justicia pidiendo modificar sus contratos por la causa excepcional que es la pandemia y, por el momento, las cuatro primeras sentencias que han analizado el fondo de la cuestión sostienen ligar las rentas al tráfico real.

También el Tribunal Supremo se ha posicionado en contra de Aena y a favor de uno de sus grandes inquilinos, al considerar que estos contratos son concesiones y no alquileres, entre otras razones porque los comercios abonan una renta mínima garantizada anual, independientemente de los resultados de la actividad desarrollada. Ahora está en manos del operador aeroportuario abrir un nuevo frente judicial, acatar sin más la ley o sentarse a negociar con los comerciantes.