Nueva batalla entre Aena y comerciantes con desahucios, vetos y empleos en el aire

El enfrentamiento entre Aena y los comerciantes que lograron cambiar la normativa de alquileres de los aeropuertos está llegando a cotas que superan el enfrentamiento judicial para convertirse en un problema laboral.

La compañía presidida por el socialista Maurici Lucena ha decidido no aplicar la ley que aprobó el Parlamento en septiembre, y que conlleva ajustar el pago de las rentas a la caída real del tráfico a los comerciantes que se defendieron en los tribunales y que terminaron consiguiendo el respaldo del Congreso.

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Una consecuencia directa de que la empresa pública no esté aplicando la ley a estos comerciantes es que los acusa de no estar al corriente al pago, ya que les reclama cantidades que han quedado anuladas por la actual normativa, y les impide así poder presentarse a nuevas licitaciones.

El resultado de este veto es que esos comercios, cuando está llegando la fecha de expiración del contrato, están teniendo que cerrar porque Aena, acogiéndose a que según ella no están al corriente de pago, no les prorroga y tampoco les permite presentarse a nuevas licitaciones.

La víctima de esta rocambolesca situación son los empleados de los comercios y restaurantes afectados, que se han visto en medio de esta batalla y que están abocados a engordar las listas de nuevos ERE o ERTE que, según las fuentes consultas, en breve podrían contarse por cientos e, incluso, en función de cuánto se deje seguir esta situación, por miles.

Aquí, además, se dan dos casuísticas diferentes. Por una parte, cuando se trata de restauración, lo habitual es que los trabajadores se subroguen al nuevo operador, mientras que en los comercios no. El problema en los primeros es que Aena está dando por resueltos contratos sin tener un nuevo operador que pueda hacerse cargo de los trabajadores.

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Desde la empresa pública, replican que el motivo de que estén paradas muchas licitaciones es que los propios comercios, a través de la asociación Marcas de Restauración, han presentado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacre) contra los pliegos que han ido saliendo de servicios de restauración aeroportuaria, lo que paraliza todo, pero no explica si podría prorrogar los ya vigentes hasta que se resuelva y así evitar el coste de empleos.

Desde Marcas de Restauración, sostienen que han recurrido porque Aena no está aplicando la sentencia del Tribunal Supremo que dice con claridad que estos contratos de restauración en los aeropuertos son de concesión pública y no arrendamientos, lo que tiene como consecuencia directa que estos contratos deben ser objeto de reequilibrio económico financiero, precisamente lo que Aena no está queriendo reconocer a los inquilinos.

La pyme española Airfoods ha recibido una demanda de desahucio y espera otra para enero

Un ejemplo de compañía que denuncia esta situación es la española Airfoods, una mediana empresa que antes de la pandemia facturaba 19 millones de euros al año, a la que Aena está desahuciando de su local de Ibiza, donde ya ha iniciado el procedimiento para echarla tras rescindir la prórroga que le había concedido, y en Alicante, donde le ha emplazado a bajar la persiana antes del próximo 4 de enero.

Solo estos dos casos dejan en el aire 15 empleos. Pero la situación amenaza con ser mucho más grave si Aena continúa negándose a rehacer las facturas conforme a la nueva ley, ya que eso hace a Airfoods estar en patrimonio neto negativo sin capacidad de nueva financiación, lo que la aboca a presentar concurso (ya está en preconcurso), dejando sin trabajo a 170 personas.

Aena asegura cumplir la ley y niega que se la pueda responsabilizar de pérdidas de empleo

Desde Aena, rechazan ser responsables de la pérdida de ningún empleo y subrayan que ella también es una compañía con 9.000 empleados, donde el 51% del capital es del Estado y, por tanto, de todos los contribuyentes.

Respecto a la diferente vara de medir entre unos inquilinos y otros a la hora de aplicar la nueva normativa, el operador aeroportuario asegura cumplir la ley, al estar ya devolviendo lo cobrado de más a todos aquellos operadores con los que no hay abierto un proceso judicial, mientras que en el caso de los judicializados, está intentando que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que "como cualquier persona física o jurídica tiene derecho a defenderse ante los tribunales".

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Este mismo derecho, por ejemplo, fue el que ejerció la empresa Zea Retail, pyme balear que ahora no está pudiendo presentarse a nuevas licitaciones porque Aena se niega a rehacer sus facturas y a reconocerle estar al corriente de pago, a pesar de que esta empresa ha visto avalado su actuar en los tribunales al haber conseguido el primer auto que toma en consideración la nueva normativa.

En una situación parecida se encuentra Crystal Travel Retail, a quien la Justicia no solo ha reconocido que se le debe reequilibrar el contrato, sino que lo ha hecho sin tener en consideración la cuestión de inconstitucionalidad que Aena está intentando que se plantee y en la cual se basa para defender su negativa a rehacerles las facturas conforme a la ley vigente.

La situación está llegando al punto de que el despacho Fieldfisher Jausas, en nombre de varios clientes a los que Aena no está aplicando la nueva ley, ha enviado una batería de requerimientos al consejo de administración de la compañía pública dándoles a sus miembros un ultimátum antes de emprender acciones contra ellos.