Inspectores de Hacienda piden ampliar el criterio para ser residente fiscal en España

Nuevo libro blanco fiscal, en este caso de los inspectores de Hacienda. La asociación IHE, con entre el 60% y el 70% de los inspectores, ha presentado 123 medidas que proponen para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y elevar la eficiencia de la Administración tributaria. Entre otras, reclaman la muerte fiscal para los grandes contribuyentes, endurecer el criterio de residencia fiscal para desincentivar las deslocalizaciones o elevar la vigilancia en el pago de impuestos sobre hidrocarburos.

La asociación ha recopilado algunas de las medidas que ha ido proponiendo en los últimos años en sus eventos anuales, donde reúne a parte de sus inspectores asociados, y ha presentado algunas nuevas propuestas. En total, son 123, que incluyen medidas para estudiar y evitar la economía sumergida, concienciación, pagos en efectivo, reformas en algunos impuestos, procedimientos, estructura de la Agencia Tributaria, colaboración entre instituciones, cambios en las sanciones y repercusiones para los defraudadores y más competencias o capacidades. “Aumentaríamos más la recaudación con estas medidas que con subidas de impuestos, y sería de una forma más justa”, ha asegurado Ransés Pérez, presidente de la IHE, en la presentación del informe.

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Una de las cuestiones que preocupa a los inspectores es la deslocalización de contribuyentes. Despachos y bancas privadas de toda España han tenido clientes que se han movido entre comunidades autónomas por motivos fiscales, o que se han ido fuera del país, especialmente a Portugal y Andorra. En este último caso, los 'youtubers' hicieron famoso el proceso. De hecho, creen que, con algunas de las medidas planteadas, habría habido más capacidad para atacar el posible fraude fiscal del rey emérito Juan Carlos I.

Actualmente, se aplica el criterio estándar de la OCDE de que, para que una persona se considere residente fiscal, debe estar 183 días en España. “Pedimos que el nexo cambie. Que se reduzca, porque ahora puede pasar que una persona resida 150 días en España y 60 en Suiza y sea residente allí”, ha explicado Ransés Pérez. “Otro criterio es el de núcleo de intereses económicos. No está regulado, y hay que hacerlo”, añade. Y, en tercer lugar, que la presunción de residencia fiscal por la residencia del cónyuge y/o hijos menores no sea destruible.

Sobre el modelo 720, los inspectores no piden volver al nivel anterior de la sentencia del TJUE que tumbó el esquema sancionador, pero sí que haya sanciones agravadas y graduadas en función de si los bienes están en un país de la Unión Europea, fuera de Europa o, peor, en un paraíso fiscal. Precisamente en torno a ello y Rusia, Ransés Pérez ha indicado que, “cuando vemos a una empresa en un paraíso fiscal, es porque oculta información o porque tiene un sistema dañino. Rusia está en la lista gris de la Unión Europea porque tienen beneficio fiscal. Lo que pedimos es que, si hay un régimen fiscal perjudicial, que se aplique a Rusia como paraíso fiscal”.

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La asociación también tiene una reivindicación clásica de tener una policía fiscal, como ya existe en el control aduanero para luchar contra el contrabando. Entre otras medidas, también piden la limitación de pagos en efectivo, la creación de una sociedad de recuperación de activos para los que obtiene Hacienda de contribuyentes morosos, modificar la estructura de la Agencia Tributaria para desviar capacidades desde gestión de tributos a otros departamentos donde faltan recursos o una mayor cooperación entre instituciones. De hecho, abogan por un centro único de recaudación, y también por una base de datos única con las comunidades autónomas. Para los grandes defraudadores, vuelven a pedir la "muerte civil", para limitar sus capacidades de crear nuevas sociedades o estructuras enfocadas al fraude.

Una cuestión que preocupa a los inspectores es el fraude por hidrocarburos que realizan algunos distribuidores. “Nos preocupa porque hay un fraude desmedido, tienen una imposición muy alta y fomenta que sean muy rentable defraudar, en torno al 50% del precio son impuestos”, ha señalado el presidente de la IHE. Los inspectores reclaman que tenga que haber declaración mensual en vez de trimestral para reducir la probabilidad de fraude.