Más de tres millones de clientes de Iberdrola tienen la tarifa de los "tontos", según Galán

Ignacio Sánchez Galán se despachó ayer a gusto contra el Gobierno de Pedro Sánchez poco después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, señalara que había "una compañía eléctrica" que no está colaborando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para calcular correctamente cuánto influye el precio de la luz en la inflación. El presidente de Iberdrola llamó "tontos" a los clientes que están acogidos a la tarifa PVPC "regulada por el Gobierno", un colectivo de tontos de unos 11 millones de personas, de los que cerca de 3,3 millones son consumidores de la eléctrica vasca.

En un tono burlesco, en relación con la subida encadenada de la factura de la luz y sin que nadie le preguntase por el asunto, el máximo ejecutivo de la mayor eléctrica española ha señalado que "el 80% del los españoles no paga el precio del 'pool' (...) y el 80% está pagando menos precio que en el año 18, porque han bajado los impuestos".

Una referencia temporal que llevaba el mensaje envenenado contra Pedro Sánchez, que el pasado año, cuando la tarifa comenzó a tocar el bolsillo de los españoles, prometió un coste de la electricidad para el consumidor similar al de 2018. El presidente del Gobierno anunció una rebaja de los impuestos a la tarifa de la luz para rebajar el encarecimiento mensual y planteó un recorte a los denominados beneficios caídos del cielo ('windfall profits') que las eléctricas, con Iberdrola a la cabeza, tumbaron por entender que se trataba de una incautación de los beneficios que el Ejecutivo perdería en los tribunales. Un rifirrafe que dejó en muy mal lugar a la ministra del ramo, Teresa Ribera, a la que, también con un tono poco diplomático, animó a que rectificase al haber cometido errores por falta de información.

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Pero en el acto de este jueves en Sagunto (Valencia), Galán, que gana algo más de 13 millones de euros al año, unos 35.600 euros al día, añadió que "solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio", lo que provocó el aplauso del presidente de Volkswagen, Herbert Deiss, que acudió el encuentro para presentar un proyecto de una planta de baterías a la que Iberdrola suministrará la energía. El vocabulario empleado y su tono jocoso sobre este asunto tan delicado provocaron una gran polvareda en las redes sociales.

En España, hay cerca de 10 millones de personas acogidas a la llamada PVPC, que depende del precio mayorista o 'pool' y que fue creada precisamente para proteger a los consumidores en tiempos normales de mercado. De hecho, hasta que se desató la crisis energética en 2021, la tarifa regulada había sido la más barata del mercado. De este colectivo, Iberdrola tiene unos 3,3 millones de clientes, frente a los 6,6 millones que tienen su tarifa vinculada al mercado libre. Dentro de ese colectivo, la compañía con sede en Bilbao se hace cargo de unas 600.000 familias desfavorecidas que al no poder hacer frente al recibo de la luz solicitan el bono social. Estos domicilios, que ascienden a cerca de dos millones en España, tienen la obligación de estar en la tarifa regulada y no pueden acogerse a la libre.

La subida hasta máximos históricos, que llegó a alcanzar en marzo los 700 euros por megavatio hora, provocó que ya el pasado año 1,25 millones de personas cambiaran de tarifa. Ese es el número de familias que se pasaron de regulada a la libre durante 2021, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para ellos, los récords de la luz en el mercado mayorista no se traducen en aumentos instantáneos de su factura, siempre y cuando la tarifa escogida no esté indexada al 'pool' como el PVPC, ya que el precio que pagan por el megavatio hora lo tienen pactado previamente con las compañías.

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La diferencia entre los costes de aprovisionamiento de energía de las grandes eléctricas y lo que finalmente pagan los usuarios del mercado regulado se ha disparado en los últimos meses. Iberdrola, que junto con Endesa es el principal productor y comercializador de electricidad en España, reveló la semana pasada en la presentación de sus resultados del primer semestre que el pasado 1 de enero su comercializadora compró toda la producción renovable no regulada del grupo a un precio fijo de 66,24 euros/MWh.

Este coste dista mucho de lo que posteriormente acaba pagando el usuario final adscrito a la tarifa regulada PVPC, que suministran tanto Iberdrola como el resto de comercializadoras de referencia (Endesa, Naturgy, Repsol y Total). En 2022, los más de 10 millones de clientes de la tarifa regulada vía BOE pagaron por la componente energética, que representa alrededor del 40% del total de la factura (el resto son impuestos y costes regulados), un precio medio de alrededor de 215 euros/MWh. Es decir, más del triple (+325%) de lo que le costó a la comercializadora de Iberdrola su energía producida con eólica, fotovoltaica e hidráulica.

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Sin embargo, Galán señaló ante los inversores que España, cuya filial ganó un 29% menos, había lastrado las cuentas del grupo porque la compañía no había traspasado a los clientes con contratos fijos acordados previamente los altos precios de la energía. Según detalló, la falta de agua por la sequía redujo con fuerza la producción hidráulica y eso le obligó a comprar energía en el mercado 'spot', muy tensionado.

Pero Calviño le respondió este jueves en unas declaraciones a RNE al indicar que "el IPC tiene una sobreponderación del precio del gas; para poder adaptar el IPC y que realmente refleje el precio de la electricidad, necesitamos datos de las compañías eléctricas, llevamos meses tratando de tener esos datos detallados (...) hay una compañía que no ha dado los datos".

"Instar a las compañías energéticas, que en este momento tienen un papel estratégico, a que todos tenemos que arrimar el hombro para que baje el precio de los carburantes y el IPC refleje bien los precios reales (...) Los españoles es lo que esperan de su Gobierno y también de las empresas", ha subrayado Calviño, que se ha negado a desvelar el nombre de la compañía reacia a colaborar.