Choque frontal entre antiguos directivos del Popular en la Audiencia

Espadas en alto en la Audiencia Nacional. Dos de los principales exdirectivos de Banco Popular han chocado frontalmente en el juzgado en las últimas semanas, con escritos repletos de acusaciones. Este enfrentamiento llega en el que podría ser el tramo final del caso, que el juez José Luis Calama ha prorrogado hasta final de año tras casi cinco años de investigación.

El detonante ha sido la declaración del pasado mes de junio, como imputado, del antiguo responsable de los Servicios Jurídicos Tomás Pereira, quien responsabilizó al ex consejero delegado Francisco Gómez y al ex interventor general Javier Moreno de algunas decisiones por las que le interrogaron juez y fiscales. Entre ellas, las ligadas a Thesan Capital y las sociedades luxemburguesas con las que se refinanció a clientes con problemas y la condonación de 220 millones a la sociedad GAC 40.

Además, este enfrentamiento tiene un daño colateral, ya que ha metido en escena al expresidente Ángel Ron, a quien Gómez recuerda que reportaba Pereira. Y todo mientras el banquero gallego envió la semana pasada una pericial que justifica que no estaba en el día a día del banco, que dependía del consejero delegado.

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Así, las declaraciones de Pereira llevaron a Gómez a enviar un escrito al juzgado el pasado 8 de julio en el que le acusa de realizar un "grosero desprecio a la verdad", y apunta lo "siempre sospechoso" que es cuando un imputado acusa falsamente a otro.

"No consta en la causa prueba, indicio o corroboración periférica alguna que permita sostener que fuera mi representado el que aprobara todas las operaciones llevadas a cabo con la intermediación de Thesan, y que tampoco han sido estas aportadas a la causa por el Sr. Pereira, quien pretende fundamentar sus ilusorias afirmaciones en su sola —y falsaria— manifestación", expone el abogado del ex consejero delegado.

El directivo "todopoderoso"

Gómez sostiene que él no tenía competencias directas para autorizar créditos, y recuerda que fue Pereira quien pactó las comisiones millonarias que cobró Thesan. Su escrito se centra especialmente en la condonación de deuda de GAC 40, que fue criticada en su momento por el BCE por saltarse al consejo de administración. Gómez critica que Pereira le señale por ello como un "todopoderoso" directivo "con facultades plenas". Así, el exdirector de los Servicios Jurídicos mantiene que actuó en esta operación "por orden jerárquica" de Gómez.

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Este responde que "la operación fue analizada y aprobada, en primer lugar, por el Comité de Compras, Daciones y Ventas de Activos, y fue validada, posteriormente, por el Comité de Dirección, como así estaba previsto". "La operación se plantea, entre otros, por el Sr. Pereira, al consejero delegado, no es el consejero delegado quien se la ordena al Sr. Pereira. Es, exactamente, al revés de como el Sr. Pereira intenta, infructuosamente, colar a la Comisión de Auditoría y de cómo intenta —de nuevo— presentar ante este juzgado", añade.

Gómez acusa a Pereira de intentar "colar" mentiras al juzgado

"Tomás Pereira tenía poderes suficientes conferidos por Banco Popular para validar, aprobar, firmar contratos y ejecutar la operación de condonación de deuda de GAC 40, resultando absurdo el intentar ocultar sus facultades y su participación en dicha operación en la posición de mi representado", concluye Gómez.

Estas afirmaciones llevaron a Pereira a responder el pasado 29 de julio, acusando al ex consejero delegado de "destilada mala fe procesal" y de usar un "pobre y triste argumento" para desvincularse "de una condonación o quita que solo se pudo llevar a cabo por su propia decisión y autorización, como queda patente en el informe especial realizado por la auditoría del banco".

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En lo que están de acuerdo ambos es en que, al margen de quién tomó las decisiones, estas fueron acertadas y tomadas en el mejor interés del banco. Al contrario, los peritos de la Audiencia consideraron en un informe aportado al juez que las operaciones con las sociedades donde Thesan toma la participación debieran figurar clasificadas como dudosas desde 2012, lo que hubiera generado un déficit de provisiones que estiman en, al menos, 521 millones de euros.

Daño colateral

En un momento de este cruce de acusaciones, Gómez recuerda que él no daba órdenes a Pereira, sino que dependía del presidente Ron. Algo que choca frontalmente con lo que dijo el exdirector de los Servicios Jurídicos en su declaración, afirmando que el presidente no fue informado de estas operaciones, y con lo que el propio Ron afirma en el informe pericial que ha aportado a la Audiencia, del inspector en excedencia Rubén Manso: "Mi representado no ha tenido participación directa, indirecta o residual en las líneas de investigación abiertas a partir del auto de 3 de octubre de 2017, siendo cuestiones ajenas al consejo de administración y, en todo caso, ajenas al presidente de la entidad que, como se evidencia de la presente investigación, se nutría de la información que llegaba al consejo a través de los departamentos correspondientes, y no al revés", defiende el abogado de Ron.

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Además, el banquero recuerda que "existía una clara separación de funciones entre el presidente y el consejero delegado, siendo el primero el presidente del consejo de administración y el encargado de la estrategia global de la entidad, mientras que el segundo estaba encargado de la operativa diaria de la gestión del negocio".

Estas diferencias podrían ser un preludio de lo que se vivirá en el juicio oral, en caso de que Calama y la Fiscalía decidan, como parece, juzgar a los exdirectivos y exconsejeros de Banco Popular.