La 'excepción murciana' tampoco salva a Aena y el juez le ordena rebajar los alquileres

Nuevo revés para Aena en la disputa que mantiene con los inquilinos de sus aeropuertos por el pago del alquiler de tiendas y restaurantes. El Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Murcia ha fallado en contra de los intereses de la compañía pública y ha dictaminado que debe ajustar el cobro de las rentas a la caída del tráfico que provocó la crisis del covid.

Esta sentencia se suma a los pronunciamientos judiciales que están dándose por toda España en el mismo sentido. Pero, además, en esta ocasión suma el hecho de lo que podría bautizarse como la excepción de Murcia. Este aeropuerto, a diferencia del resto de la red española de Aena, es propiedad de la comunidad autónoma y la empresa presidida por Maurici Lucena lo gestiona en régimen de concesión.

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Una particularidad a la que Aena se acogió para alegar que la demanda presentada por Airfoods en el Juzgado Número 13 iba dirigida contra Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, cuando la normativa que obliga a rebajar los alquileres se refiere a Aena SME. Un argumento que el magistrado José Guillermo Nogales Cejudo ha rechazado.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, "estamos dentro del ámbito de la Disposición (norma que obligó a ajustar las rentas) cuando se aplica a una mercantil constituida por Aena SME SA para la gestión de un determinado aeropuerto. De hecho, el informe pericial de la demandada se refiere conjuntamente a Aena SME SA y a Aena Murcia como Aena".

Se da la circunstancia de que la empresa pública fue compensada por el Gobierno de la Región de Murcia por el quebranto que había provocado en la concesión el estallido de la pandemia y el cierre de los cielos, lo mismo que le reclaman a ella sus inquilinos. En concreto, el Ejecutivo de Fernando López Miras le pagó 2,6 millones para compensar la caída del tráfico en el año 2020 y, en noviembre de 2021, suspendió el pago mínimo garantizado al que estaba obligada Aena hasta que la rentabilidad de la concesión iguale a la fijada en la oferta de adjudicación.

Suma y sigue, porque esta sentencia es la primera que equipara las máquinas expendedoras con comercio minorista y, por tanto, sostiene que el 'vending' también queda bajo el manto de la nueva normativa. Airfoods, la demandante, tiene en el aeropuerto de Murcia cuatro locales de restauración y 18 máquinas expendedoras. Aena sostiene que el 'vending', como las farmacias o las casas de cambio, queda fuera del ámbito de aplicación de la norma que obliga a ajustar las rentas porque no es comercio minorista.

La sentencia también defiende que las máquinas expendedoras son comercio minorista y, por tanto, se les debe ajustar el pago de la renta

El juez, en cambio, considera que "sí estamos, por tanto, en el ámbito de local de negocio para actividades de restauración o de comercio minorista, lo cual no se ve desvirtuado porque también fueran objeto de contrato máquinas expendedoras de alimentos y bebidas (que también es comercio minorista)".

Según la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos, Puertos y Estaciones (Aocape), que defiende los intereses de los inquilinos de Aena, este fallo es especialmente relevante, puesto que se trata de "una sentencia expansiva y protectora de los operadores comerciales de aeropuertos".

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Expansiva porque "estima que el 'vending' es comercio minorista, a diferencia de lo que sostiene Aena, y sus razonamientos pueden aplicarse a otros sectores que Aena tampoco cree que sean comercio minorista", como las farmacias o las casas de cambio; y protectora "porque acoge a todo el sector y suma el aeropuerto de Murcia, que tampoco era considerado por Aena sujeto a la ley al tratarse de un aeropuerto que está en manos de una filial".

En los más de 100 procesos que enfrentan a la empresa pública con sus inquilinos por toda España, el operador de aeropuertos está pidiendo a los magistrados que planteen cuestiones de inconstitucionalidad, petición que también ha sido rechazada por el juez Nogales. Un tercer revés para la empresa pública que, no obstante, previsiblemente recurrirá.