El plan de Montero para gravar a los ricos choca con la ley Beckham de Calviño

El Gobierno quiere atajar la carrera por la competencia fiscal que han desplegado algunas comunidades del PP con un tributo especial para las grandes fortunas, al tiempo que prepara una nueva ley para atraer impatriados. Muchos fiscalistas e incluso algunos estamentos de Hacienda consideran que son dos planes que pueden chocar.

La ministra María Jesús Montero anunció el jueves que el Ejecutivo trabaja en una “fórmula temporal” para que las grandes fortunas contribuyan a la recaudación con una ayuda adicional. Este lunes, añadió que en los próximos días se dará a conocer un “paquete de medidas fiscales” para incluirse en los presupuestos generales del Estado de 2023.

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Se trata de una respuesta a la Junta de Andalucía, que ha apostado por bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio, como hace la Comunidad de Madrid, y a rebajas prometidas por otras regiones. Una carrera fiscal que quiere atajar la Moncloa, recuperando una propuesta que no es nueva. De hecho, el Libro Blanco del comité de expertos que designó Hacienda para reevaluar el sistema fiscal español recomienda homogeneizar patrimonio a nivel autonómico, aunque con un máximo del 1% frente al 3,5% al que se llega ahora en algunas comunidades, y argumenta que aunque solo hay un tributo similar en Suiza y Noruega, en otros países como Francia, Italia, Portugal o Bélgica “gravan la titularidad de determinados activos”.

Esta propuesta de gravar a las grandes fortunas no vino acompañada de más información. Montero habló de millonarios, pero nada más. Parece que será un nuevo tributo nacional en cuya base imponible se podrá deducir la cuota de patrimonio autonómica, aunque para aprobar un impuesto que se pague en 2023 debería hacerse antes del 31 de diciembre. Tampoco se conoce a partir de qué umbral aplicaría y si funcionarán las mismas exenciones o deducciones que en el impuesto actual, como el escudo fiscal entre IRPF y patrimonio, la empresa familiar o la inversión en capital riesgo.

Otra duda que ha surgido en los últimos días es el efecto potencial en la modificación de la ley Beckham, que es el régimen fiscal de los impatriados. El Gobierno incluyó una mejora en los hitos del plan de recuperación enviado a Bruselas, y bajo el mismo debería aprobarse en 2022. El cambio de régimen fiscal se engloba dentro del proyecto de ley de 'startups' que ha abanderado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

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Altos cargos de Hacienda reconocen en conversaciones a nivel técnico con fiscalistas que el espíritu de una propuesta para gravar a las grandes fortunas o endurecer el impuesto sobre el patrimonio choca con lo que busca la ley Beckham. Mientras que Hacienda defiende que los ricos aporten un esfuerzo extra a esta situación de crisis, Economía quiere atraer a trabajadores cualificados y nómadas digitales con incentivos fiscales. A menudo, son directivos o emprendedores con altos patrimonios.

Así, hay un mensaje contradictorio y, a la vez, muchas dudas. El nuevo régimen fiscal busca mejorar el incentivo fiscal para impatriados tras quedarse obsoleto frente a otros países como Italia o Portugal. El proyecto reduce de 10 a cinco años el periodo mínimo que debe haber estado fuera un contribuyente para acogerse a estas ventajas fiscales, que incluyen una tributación del 24% en IRPF en un tramo inicial de 600.000 euros, además de que solo se tributará por las rentas generadas en España. También se propone la exención en la retribución en especie desde ‘startups’ desde 12.000 euros hasta los 50.000 euros, incluyendo las ‘stock options’, se bonificará el 50% de la participación de los gestores en los beneficios (‘carried interest’, que Hacienda considera rentas del trabajo). Asimismo, se incrementa del 30% al 50% la deducción por invertir en empresas de nueva creación, con una base máxima que se eleva de 60.000 a 100.000 euros.

Una de las claves es que los impatriados no tienen que tributar por su patrimonio global, solo pagarán impuestos por las rentas generadas en España. Hay exención por patrimonio, pero en caso de que se establezca un nuevo tributo para las fortunas residentes en España, no está claro si en caso de que estos impatriados cumplan el umbral tendrían o no que tributar. Por otro lado, muchos llegan a Madrid, donde hay exención por patrimonio. En caso de que no sea así, tendrían incentivo a invertir fuera de España, ya que si llegan al millón de euros de patrimonio en España, entonces sí tributarían si están en una región donde está vigente el impuesto o hay un mínimo nacional. Desde algunos estamentos de Hacienda, consideran que es una paradoja desafortunada que no saben cómo evitar.

Que se hable de gravar a los ricos “es un mensaje desincentivador para atraer talento, porque cuantos más rumores haya, más incertidumbre y menos atractivo. La nueva ley Beckham ya está tardando mucho, y busca atraer talento, lo que choca con un impuesto a los altos patrimonios dependiendo de dónde se ponga el umbral. Pero más que cuánto sea la cuota a pagar, se ve inseguridad e incertidumbre por el cambio de reglas de juego”, advierte José María Leis, socio de Vialto Partners.

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“La idea del Gobierno y de la vicepresidenta Nadia Calviño era, y digo era porque parece ser que los últimos acontecimientos están cambiando la posición del Ejecutivo, mejorar sustancialmente el régimen actual de incentivos a los impatriados”, expone Vicente Sanz, socio de Andersen. “En cuanto a la posible coordinación o fricción entre esta medida y la anunciada prestación sobre los grandes patrimonios, nos movemos en un terreno de incertidumbre absoluta. Parecería lógico pensar que si se asume que la importación de talento implica dotar de ventajas fiscales para lograr su llegada, y que el retorno de esa captación lo será por medio de otras variables distintas de la recaudación urgente y a corto plazo, no se debería, en paralelo, someterlos a tributaciones adicionales”, agrega.

En la misma línea, Javier Morera, socio de Broseta, también ve que hay un “mensaje contradictorio”. “Un ejemplo es Málaga, que estaba incrementando notablemente la atracción de inversión y de talento y tenía perspectivas de hacerlo mucho más si se eliminaba patrimonio, un impuesto que preocupa a los emprendedores extranjeros”, señala el experto, que también recuerda que “los mensajes hacia fuera no son buenos, trabajamos mucho con el exterior y que el Gobierno lance este discurso hace a la gente que se lo piense, un número no pequeño de grandes patrimonios está empezando a pensar en marcharse a Portugal y otras jurisdicciones según vayan la cosas”.