El Gobierno considera inoportuno dividir Naturgy y condiciona su calendario

La calma accionarial en Naturgy no ha durado ni seis meses. El plan para dividir la compañía en dos ('split') -una con activos regulados de gas y electricidad (infraestructuras de red) en España y resto de países y otra, con negocios liberalizados (generación, comercialización y servicios energéticos)- aprobado por el consejo de administración el pasado mes de febrero entraña complejidades inoportunas a ojos del Gobierno, según fuentes oficiosas.

La reflexión del Ejecutivo fue trasladada al equipo gestor durante el mes de agosto. El motivo principal tiene que ver con la consideración estratégica de Naturgy por su condición de primer proveedor de gas a la Península a través del gasoducto Medgaz. La actual coyuntura, dominada por la escalada de precios de la energía, derivada de la guerra en Ucrania, y el temor a posibles picos de desabastecimiento han pesado de manera crítica en la decisión.

Además, hay un segundo elemento presente en Moncloa. Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Transición Energética liderado por Teresa Ribera considera negativo que la división de Naturgy, con 14.000 millones de pasivo, provoque un elevado endeudamiento en la mitad bautizada como NetworkCo (activos regulados) o que un posterior apalancamiento (para repagarse un dividendo millonario) termine afectando al cálculo de la deuda pública.

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A falta de un año para cumplir la legislatura, el Gobierno no quiere asumir riesgos en un sector tan crítico como el energético en la actual coyuntura. De hecho, Naturgy acaba de cerrar el acuerdo con Argelia (a través de Sonatrach, accionista minoritario) para el suministro de gas este año, pero han quedado sin resolverse las condiciones a partir de 2023. Y como telón de fondo, está la revisión del mercado elétrico y gasista por parte de la Comisión Europea.

Esta misma semana, el presidente de la compañía, Francisco Reynés, reconoció que pese a tener un plazo inicial para la división a finales de año, ahora debe primar "la prudencia y tener una visibilidad de medio y largo plazo" dado el actual contexto. El proyecto tiene "todo el sentido estratégico, aunque debe presidir la prudencia antes de la ejecución". Y dada la trascendencia, cada consejo de administración evalúa la marcha del llamado Proyecto Géminis.

Naturgy tuvo conocimiento de esta decisión en pleno verano. El calendario del 'split', que ya estaba sujeto a revisión, saltaba por los aires antes de que estuviera resuelta la nueva estructura de deuda, una cuestión no menor, ya que una rebaja del rating de hasta dos escalones obligaría a una cancelación de varias emisiones bonos, o de que se resolviera la estimación del impacto de medidas sobrevenidas como el impuesto especial a las energéticas.

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Este condicionante exógeno ha vuelto a contrariar los deseos del fondo estadounidense GIP, propietario del 20,5%, que desde hace dos años ha trasladado su voluntad de desinvertir en Naturgy. Durante el pasado 2021, la irrupción del fondo australiano IFM hizo pensar que un cambio en las mayorías de poder precipitaría una operación corporativa. Sin embargo, la solución para resolver su ‘salida’, a pesar de la buena marcha bursátil, no ha tenido lugar.

El deseo inicial de GIP por provocar cambios quedó aplacado por Criteria, que le propuso lograr una solución satisfactoria para todas las partes. El máximo exponente del acuerdo tuvo lugar en Cordoba, en noviembre del año pasado, durante el evento anual de la Confederación Española de Directivos (CEDE). A esa cita, tutelada por Isidro Fainé, acudió como invitado especial Adebayo Ongulesi, representante de GIP y consejero de Naturgy.

En aquella ocasión, el ejecutivo estadounidense respaldó en público la gestión del equipo de Reynés. Un año después, con la división sin fecha fija, las informaciones sobre el posible interés de la francesa Total Energies por hacerse con activos de Naturgy coinciden con sus intereses de salida. Todo esa agitación ha provocado, entre otras cosas, que la semana pasada el fondo CVC (propietario de un 20,7%) reafirmara su voluntad de permanecer a largo plazo.

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En todo este culebrón, el papel del Gobierno ya ha estado bajo lupa antes. La irrupción de IFM en el accionariado de Naturgy fue mal visto al inicio por parte de Criteria (La Caixa), condicionando la sensibilidad del Ejecutivo, cuyo preceptivo visto bueno era necesario para la operación. Al final, tras un dilatado proceso, con oferta pública parcial incluida, el fondo australiano accedió a todos los requisitos impuestos para terminar con un 14%.

El malestar de Reynés es mayúsculo. Tras presentar la división de Naturgy como la mejor solución viable para conciliar todos los intereses en juego, este nuevo traspiés ha colmado su paciencia, así como el posterior ruido provocado por sus accionistas. GIP exige un evento de liquidez para pasar página en la española, pero las opciones factibles son reducidas y la política de dividendos y la revalorización en bolsa (entró a 19 euros) no han sido suficientes.

Vender un trozo de la compañía a Total Energies o a otros potenciales interesados como Repsol, a la expectativa, es una opción contemplada en el mercado, pero las referencias de precio estarían muy alejadas respecto a la actual cotización. Otra opción pasaría por una salida a bolsa (re-IPO), tal como hizo hace ocho años la italiana Enel para colocar un 22% de Endesa entre institucionales y particulares. La pelota está en el tejado de GIP.