El impuesto a las socimis salda su primer año sin apenas impacto en las cuentas públicas

El impuesto a las socimis que Podemos sacó adelante hace un año, en 2021, fue una de esas normas que coparon titulares y protagonizaron el debate político, pero cuyo impacto real en las cuentas públicas se ha terminado mostrando poco trascendente.

Un año después de que entrara en vigor el nuevo tributo, que grava con un 15% las ganancias no distribuidas de las socimis, el impacto de sus beneficios fiscales en los presupuestos generales se ha mantenido en el mismo nivel que antes del cambio normativo.

Opinión

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En torno a 100 millones de euros es el dinero que dejan de tributar por sociedades estas empresas, según viene recogido en el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado, un importe que, prácticamente, se repite un año tras otro.

En 2020, las ventajas fiscales de las socimis hicieron que el Estado dejara de ingresar 105 millones, al ejercicio siguiente, año en que se aprobó el nuevo tributo, el agujero se presupuestó en 108 millones de euros, para 2022 se han estimado 101 millones, y para 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez pronostica que se moverá en torno a los 106 millones de euros.

Hasta el año pasado, las socimis estaban exentas de tributar por el impuesto de sociedades, siempre y cuando distribuyeran, al menos, el 80% de su beneficio vía dividendos, cuyo tipo fiscal va del 19% al 23%. Tras el nuevo tributo, esta norma general se mantiene, pero se añade una carga del 15% sobre el beneficio no distribuido y que corresponda a rentas que no hayan tributado al tipo general del 25%.

Este medio ha intentado recabar una valoración de la cartera que dirige María Jesús Montero sobre el impacto que ha tenido el impuesto a las socimis en las cuentas públicas y su explicación de estos números, pero al cierre de esta edición no ha sido posible tener una respuesta.

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En cambio, desde la patronal de estas compañías, Asocimi, han señalado que "dado que prácticamente todo el beneficio de las socimis se reparte entre sus accionistas, el efecto recaudatorio de esta norma es, como ya preveíamos, prácticamente nulo. El sector, como hemos señalado en múltiples ocasiones, tiene la obligación de distribuir casi todo su beneficio entre sus accionistas y son ellos los que tienen que cumplir con las obligaciones tributarias que les correspondan en el IRPF o el impuesto de sociedades".

En España hay 86 socimis que cotizan en BME Growth, cuatro en el Mercado Continuo y 27 en Euronext. En los últimos cuatro años, el número de estas sociedades en los parqués españoles se ha mantenido relativamente estable y ha crecido con fuerza en el parisino y el lisboeta, gracias a los menores requisitos normativos y de transparencia de Euronext.

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Entre todas estas sociedades suman cerca de 50.000 millones de inversión en activos inmobiliarios, fundamentalmente viviendas (28,5%), oficinas (19,8%) y centros comerciales (13,9%), según los datos recopilados por Armanext.

Desde Asocimi sostienen que, frente a la falta de impacto recaudatorio, esta norma ha supuesto un duro golpe para la confianza inversora. "Cambiar las reglas del juego del mercado de las socimis en 2021, a través de la Ley de Fraude Fiscal, ha incrementado la inseguridad jurídica, lo que perjudica el atractivo para el inversor", afirman desde Asocimi.