Madrid y Andalucía, a la cabeza en el reparto de los primeros 334 M del Perte aeroespacial

El Ministerio de Ciencia tiene en ejecución 560,7 millones de euros de los 2.464 millones que componen el llamado Perte aeroespacial, el proyecto estratégico para tratar de impulsar esta industria en España en los próximos años. Esa es al menos la cifra que la ministra Diana Morant ofreció en su última reunión con los integrantes de la Alianza por el Perte Aeroespacial, un órgano dirigido a debatir el despliegue del programa y que cuenta con representantes de 11 ministerios, las comunidades autónomas, empresas y otros agentes relevantes del ámbito aeroespacial.

El Perte está dividido en 18 actuaciones (ACT) y, aunque gran parte del presupuesto, especialmente el de procesos competitivos dirigidos a empresas, no se ha licitado todavía, el plan ha cumplido algunos hitos hasta el pasado mes de octubre, con un avance del 36% de sus objetivos, según los datos a los que tuvo acceso El Confidencial.

El plan ha asignado 334,6 millones de euros de forma territorializada. La distribución de estos fondos refleja que Madrid, con 77,3 millones de euros, y Andalucía, con 74,1 millones, son las autonomías que más dinero han recibido hasta ahora. Por detrás se sitúan la Comunidad Valenciana (49,2 millones) y Cataluña (30,2). Asturias cierra la lista de perceptores, con 1,4 millones; Murcia, Navarra o La Rioja no han recibido un euro todavía.

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La razón de la mayor asignación en unas autonomías se explica por varios motivos. Pero uno de ellos tiene que ver con las empresas y el tejido investigador y universitario que albergan. Entre las medidas que se están desarrollando están acciones facilitadoras de implantación de tecnología para el cielo único europeo, con la empresa estatal Enaire como principal receptora de recursos. También ha arrancado la creación de una plataforma aérea de investigación para la obtención de un “avión limpio”. Para ello se han suscrito un acuerdo con la compañía Airbus Defence and Space por valor de 27 millones de euros. Airbus tiene presencia tanto en Andalucía como en Madrid.

La empresa estatal Tragsa también se ha adjudicado el Centro de Experimentación para plataformas aéreas no tripuladas en Moguer (Huelva), junto a la pista de lanzamiento de El Arenosillo. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 28 millones de euros.

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Otra parte importante de los fondos ya en ejecución se corresponde con los llamados planes complementarios de investigación y desarrollo (I+D), que se despliegan a través de convenios con autonomías, universidades o institutos de investigación. Cuentan con un presupuesto en el Perte aeroespacial de casi 95 millones de euros aportados por el Ministerio de Ciencia y las comunidades autónomas.

La parte más importante del plan es la aportación a la Agencia Espacial Europea de la cuota española para el periodo 2021-2025, cifrada en 1.240 millones de euros, de los que se han abonado ya 432 millones de euros.

Opinión

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Forma parte del Perte la creación de la Agencia Espacial Española, para cuya sede ha abierto el Gobierno un proceso competitivo entre las ciudades aspirantes que provocó las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, excluida en principio de la competición. Las candidatas siguen en la carrera por armar sus proyectos. Los últimos en sumarse han sido el Gobierno Vasco y la ciudad catalana de L’Hospitalet del Llobregat, en la provincia de Barcelona. Teruel, Puertollano, Tres Cantos, León, Ciudad Real, Elche, Sevilla, Huelva, San Javier, Gran Canaria y Tenerife también pujan por la agencia. Precisamente este jueves, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha presentado formalmente el proyecto de la ciudad de Elche, del que ha defendido que cuenta con el tejido empresarial requerido, capital humano y las conexiones de infraestructuras necesarias.

Aunque la adjudicación forma parte del plan para desconcentrar organismo del Estado, según las bases publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la comisión evaluadora tendrá en cuenta a la hora de elegir la ubicación que la ciudad aspirante aporte el inmueble que servirá de sede física, un espacio adaptado para las funciones de la Agencia y para la cantidad de personal que va a acoger, fijando un valor cercano a los 3.000 metros cuadrados. El edificio tiene que contar con salas de reuniones y videoconferencia, así como con espacios multifuncionales que permitan, en su configuración máxima, obtener un salón de actos para eventos de un máximo de 250 personas.

La sede deberá contar con espacio para aparcamiento y transporte público. La dotación de comunicaciones digitales a las que puede acceder el espacio debe de ser máxima, permitiendo conexiones a alta velocidad en todo el recinto, tanto por LAN como por wifi y con capacidad para comunicaciones seguras.