Banca y energéticas ganan un 40% más (26.000 M) antes del impuesto del Gobierno

Las diez principales multinacionales contra las que va dirigido el impuesto que tramita el Gobierno han logrado elevar sus ganancias un 39% de media en los nueve primeros meses de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior. Todas elevan sus beneficios a doble dígito.

Santander ha ganado 7.316 millones (+25%). BBVA ha obtenido 4.842 millones (+46%). Repsol ha reportado 3.222 millones de beneficio (+66%). Iberdrola ha logrado 3.103 millones (+29%). CaixaBank ha ganado 2.457 millones (+21%, sin contar el impacto contable de la fusión con Bankia). Endesa ha conseguido 1.693 millones (+13%). Naturgy se ha apuntado 1.061 millones (+36,6%), Cepsa ha registrado 982 millones de ganancias(+97%). Sabadell ha logrado 709 millones (+92%) y Bankinter ha obtenido 430 millones (+21%).

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En total, han reportado un beneficio neto global de 25.815 millones de euros hasta septiembre, lo que supone 7.122 millones de euros más que los 18.693 millones de euros logrados en los tres primeros trimestres de 2021. Este aumento de beneficio no solo proviene del negocio orgánico, también contempla plusvalías extraordinarias en algunas empresas. Además, engloba todo el beneficio obtenido en otros países, que en casos como Santander o Iberdrola pesan mucho más que su cuenta de resultados en España.

El fuerte aumento de los beneficios se registra cuando el Congreso de los Diputados, a iniciativa de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, se dispone a aprobar un gravamen contra los ingresos de estas compañías. Según planteó el Ministerio de Hacienda, la previsión inicial era recaudar 2.000 millones de euros a las energéticas y otros 1.500 millones de euros a las entidades financieras al año tanto en 2022 como en 2023. No obstante, el gravamen podría extenderse a más empresas tras la presentación de enmiendas de los propios grupos pertenecientes al Gobierno a la proposición de ley en trámite.

De confirmarse el impacto previsto en los presupuestos generales del Estado por Hacienda, el Gobierno le quitaría a las 10 primeras energéticas y bancos unos 3.500 millones ya en 2022. De proseguir la buena marcha de sus números, el aumento de beneficio puede rozar los 10.000 millones. De esta manera, Moncloa detraería el 35% del aumento de ganancias extra que están logrando este año con respecto al año pasado. Sería el 10% de los 35.000 millones de beneficios que rondarán sus ganancias totales al término del ejercicio.

El Ejecutivo justifica este gravamen por el incremento de beneficios imprevistos logrados por estas compañías gracias al aumento hasta niveles récord de los precios de la energía y de los tipos de interés, que impulsan las ganancias de estas compañías cotizadas en el Ibex-35. Además, descarta gravar beneficios, como propone Bruselas, en lugar de ingresos. La figura fiscal elegida es una prestación patrimonial no tributaria que tase el 1,2% de sus ventas.

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Aunque habla de beneficios caídos del cielo, cree que imponer un impuesto sobre los beneficios es más fácil de eludir para las empresas gracias a la contabilidad y la ingeniería fiscal que sobre la facturación bruta.

El Gobierno entiende que las empresas tienen que contribuir en un momento de crisis con parte de lo que denominan beneficios caídos del cielo. Las empresas, por su parte, cargan contra la medida y amenazan con acudir a tribunales nacionales y supranacionales para tumbarla. Así lo ha anunciado públicamente esta semana el consejero delegado de Cepsa, Martin Wetselaar. También ha confirmado su intención de interponer demandas el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Además de la vía legal, las empresas ya advierten del impacto que podría tener la incertidumbre regulatoria sobre la inversión. Además de Cepsa, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que actualmente EEUU ofrece un marco más estable para canalizar sus fondos. También en esta línea se ha mostrado Iberdrola, que ha puesto el foco al otro lado del charco en su nuevo plan estratégico 2023-2025 difundido esta semana.

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Las empresas han tratado de convencer a varios grupos parlamentarios de sus argumentos. Algunos diputados, principalmente PNV, PP o Ciudadanos, han introducido enmiendas encaminadas a tratar de corregir algunos efectos del impuesto que el Gobierno quiere tener aprobado en menos de dos semanas. Las enmiendas del grupo jeltzale —fuerza política dominante en País Vasco, donde Iberdrola es el primer contribuyente de la hacienda vizcaína— tratan de que se considere una serie de cuestiones que reducirían de manera importante la base imponible sobre la que gravar a las empresas.

Los bancos también están dando la batalla para tratar de minimizar el tributo que quiere imponerle el Gobierno. La entidad presidida por Ana Botín avisa de las consecuencias para la concesión de crédito. Pero quizás el principal aliado que han encontrado las entidades financieras ha sido el Banco Central Europeo (BCE). El supervisor bancario europeo considera que si se le aplica dicho gravamen, las entidades podrán repercutirlo sobre los clientes, algo que el Gobierno pretende evitar a toda costa y ha asegurado que el objetivo es que lo asuman las firmas contra sus balances, no los ciudadanos. En plena guerra por aumentar la presión fiscal, Economía negocia con las entidades bancarias la forma de aliviar el aumento de la carga de las familias por la subida de las hipotecas.

Tras la opinión del BCE, que el Gobierno no considera vinculante, el presidente Pedro Sánchez cargó contra el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, recordando su pasado como ministro de Economía con Rajoy y previamente como ejecutivo de Lehman Brothers.