Cano y la ex número dos de Corrochano piden el archivo del caso BBVA-Villarejo

Los imputados del caso BBVA-Villarejo despliegan sus armas ante la cercanía del final del caso. En las últimas semanas, tres investigados de la causa han presentado escritos pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones: el ex consejero delegado Ángel Cano; la directora de Seguridad, Inés Díaz Ochagavía, y una trabajadora de su equipo, la secretaria Ana María Encinas.

Los abogados suelen esperar al final de la instrucción para pedir el sobreseimiento, ya que antes es más complicado que el juez y los fiscales dejen salir a investigados de un caso. Así, tras siete prórrogas, algunos de los protagonistas del caso creen que el juez podría cerrar la instrucción a finales de abril. El magistrado Manuel García-Castellón ya ha dado traslado a las partes de la opción de pronunciarse al respecto. Algunas partes pedirán más tiempo de investigación, ante las dificultades que se están encontrando por parte de BBVA para acceder a documentos de la investigación interna del banco.

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Sea como sea, Cano, Díaz Ochagavía y Encinas ya han puesto sobre la mesa sus cartas. Esta última lo ha hecho con éxito, ya que tanto el juez como los fiscales han dado el visto bueno al sobreseimiento, puesto que estaba en la causa por un correo recibido por error. "Se ha apreciado que, aunque la investigada haya tenido participación en la dinámica fáctica, no cabe atribuirle un papel ejecutivo ni participación en los hechos delictivos. Carecía de todo papel director, organizador o preponderante; no tenía ningún tipo de dominio del hecho, no concertó ni proyectó el ilícito encargo, (...) su participación sería meramente instrumental o accidental, a la vista de su condición de secretaria en BBVA, con lo que carecía de capacidad de dirección".

Mientras, Cano y Díaz Ochagavía optan por caminos distintos para tratar de dejar el caso. El ex consejero delegado se acoge a la doctrina Galán, en referencia al presidente de Iberdrola, que fue desimputado del caso Iberdrola/Villarejo en una polémica decisión de la Audiencia.

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Doctrina Galán

Siguiendo este criterio, Cano cree que los presuntos delitos cometidos en los primeros contratos firmados por BBVA con Villarejo, de 2004 y 2005, habrían prescrito. "La presente pieza separada fue incoada por medio de auto de 4 de diciembre de 2018 (...), es decir, 12 años y 10 meses después del pago de la última factura relacionada con el contrato 2. Atendiendo a que ninguno de los supuestos delitos cometidos por los investigados en relación con los contratos 1 y 2 se encuentran castigados con penas de prisión que excedan de los 10 años, podemos establecer que en el presente caso el plazo ha sido ampliamente superado y que los delitos deben considerarse prescritos", expone la defensa de Cano.

De comprar sus argumentos, la Audiencia también lo haría para el resto de los imputados, aunque solo parcialmente. Así, otros como el expresidente Francisco González también lo están por el resto de contratos firmados con Villarejo, entre 2010 y 2016, que no estarían prescritos ni siquiera según la doctrina Galán.

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En el caso de Díaz Ochagavía, ex número dos de Julio Corrochano (conexión de Villarejo con BBVA), ha presentado un escrito firmado por su abogada, Fátima Rodríguez, de Lupicinio, en el que defiende que fue "una mera correa de transmisión" en la contratación de Villarejo por parte de BBVA. "No hay indicios de que tenga conocimiento de quién era el proveedor y de quién era el beneficiario final titular de la empresa y sus posibles incompatibilidades", expone.

En esta línea, Díaz Ochagavía relata de forma detallada que su labor nunca fue contactar con Cenyt (empresa de Villarejo) ni seguir su trabajo, sino cumplir con la función administrativa que ejerció entre 2015 y 2017: "Era directora de producción en Seguridad, ocupándose del seguimiento y control del gasto de los servicios únicamente, pero en ningún caso era su competencia verificar y revisar la ejecución de los servicios". Y añade: "Mi representada tuvo conocimiento de los hechos en mayo de 2018, y tuvo una actitud activa de colaboración, poniéndose a disposición del banco en todo lo que fue requerida. Buscó y entregó la información solicitada a los servicios jurídicos del banco".