Directivos y empleados top de Wallbox venden acciones para pagar a Hacienda

Altos directivos y hasta un centenar de empleados de Wallbox altamente cotizados en el mercado se están viendo obligados en las últimas semanas a vender acciones de la empresa para cubrir la carga fiscal derivada de la remuneración en acciones o en stock options, según detallan fuentes al tanto de la situación.

La compañía dedicada a la fabricación y diseño de cargadores eléctricos cotizada en Wall Street, uno de los proyectos emprendedores más prometedores en España en los últimos años, trató de captar talento otorgando planes de stock options o remuneración con acciones a personal cualificado.

En sus inicios, cuando la firma era solo un proyecto basado en el rendimiento futuro y no una realidad tangible de aquel presente, como es, por ejemplo, esta empresa que da servicios al coche eléctrico, una de las principales vías que tenía para atraer personal cualificado era dándole opciones sobre acciones (stock options). Esto permitía dos cosas: ofrecer una remuneración potencialmente elevada sin necesidad de tirar de una caja que, en los inicios de una startup, suele ir más ajustada, y alinear los incentivos de los empleados con los de los accionistas.

Ahora se da la circunstancia de que estos altos directivos y empleados de talento ven llegar sus planes de stock options a su fin, y tienen que ejecutar esas opciones sobre acciones antes de que venza el plazo en que las perderían. Esto, aunque no suponga una entrada de efectivo para el trabajador (lo que hace es recibir las acciones), está considerado como una retribución en especie al momento de la ejecución. Es decir, que, al convertir en acciones, Hacienda entiende que se ha producido un incremento de la retribución igual al número de stock options ejecutadas, con la consiguiente tributación por IRPF, que en algunos ejecutivos es próxima al 50%.

Además, la propia compañía ofreció pagar el bonus anual a sus dirigentes y empleados a través de acciones. De esta manera, ahora están recibiendo el neto de esos títulos aquellos que eligieron pago en acciones de la compañía, con la consiguiente venta.

En ese escenario, altos directivos, entre los que se encuentra el director financiero o el director de producto, que además es cofundador, se ven obligados a vender la mitad de esas acciones para saldar sus obligaciones con la Agencia Tributaria. Estos empleados no pueden —o no quieren— asumir con su caja propia el incremento de obligaciones con el fisco. Esto supone que algunos de estos responsables de la empresa deben saldar con Hacienda entre 20.000 y 40.000 euros solo por la paga de beneficios de 2022.

En el caso de los empleados de Wallbox, lo hacen a través de una plataforma de JP Morgan (Global Shares). Ejecutan esas acciones y venden la mitad fuera de los periodos donde la SEC (el regulador del mercado en EEUU) prohíbe la compraventa de títulos de los directivos por tener acceso a información privilegiada.

Estas ventas de títulos por parte del CFO, el CTO y el resto de empleados están catalogadas en EEUU como sell to cover. Así se notifica la venta para que los inversores sepan que el motivo es el de cumplir con una obligación, en este caso, con Hacienda, y no la voluntad de vender de quien puede manejar información de la empresa no comunicada al mercado. Una venta que, de no ser especificada, podría alarmar a los inversores. El banco vende las acciones y transmite ese capital a Wallbox para que liquide con Hacienda el IRPF de su trabajador.

Tributación por IRPF

Aunque la nómina de estos trabajadores sea la de siempre, su IRPF se dispara al entender el fisco que, además de su salario, ha sido retribuido con estas acciones que tienen que declarar, pero que, en realidad, ya contaban con ellas desde que les dieron las stock options, no tributables hasta que se materializan en acciones. Además, posteriormente, deberá hacer frente al incremento en el impuesto de patrimonio y, cuando decida vender los títulos, añadir otro 25% por la plusvalía que pudieran lograr con esos títulos.

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Juan Cruz Peña

Wallbox capitaliza cerca de 500 millones de euros. Salió a bolsa en 2021 a más de 10 euros por título, llegó a superar los 16 euros a finales de ese año, y, posteriormente, ha ido cayendo hasta el entorno actual de tres euros por acción.

La ejecución total de las stock options puede suponer cantidades importantes de pago a la Agencia Tributaria. Hacienda cobra y el trabajador mantiene unos títulos de renta variable que, en el caso del CFO, tiene difícil vender, para evitar mandar mensajes erróneos al mercado y cuyo valor está expuesto a las fluctuaciones de la bolsa y del devenir de su propia empresa, lo que no garantiza el valor de esa inversión, considerada salario.

Fuentes del sector señalan que se debe tener cuidado con el tratamiento fiscal de este personal cualificado y altamente cotizado en el mercado. El Gobierno se ha mostrado sensible en parte con la nueva ley de startups, que desde el pasado 1 de enero de 2023 deja exenta una parte de las stock options (de 12.000 euros se ha elevado el límite exento a 50.000 euros y se difiere la imputación de la tributación por rendimientos a 10 años, entre otras medidas). Todo ello para fomentar así la llegada de personal altamente valorado o evitar su fuga.

Las fuentes consultas advierten de que no hay que olvidar que muchos de estos responsables o trabajadores de startups se desempeñan en el ámbito de las nuevas tecnologías y el mundo digital, y pueden realizar gran parte de sus tareas con teletrabajo. Si pasan 181 días al año, por ejemplo, en Andorra, podrían trasladar su sede fiscal allí, pasando de pagar unos impuestos por su renta de hasta un 50% a prácticamente no tributar nada, con el consiguiente daño fiscal a las arcas del Estado.

No se trata de un supuesto hipotético, muchos youtubers, deportistas o artistas han trasladado su sede a Andorra y otras jurisdicciones de baja tributación por razones fiscales. Algo que no es el caso de Wallbox, cuyos responsables están en Barcelona y la sede fiscal de la empresa está también en España, pese a operar bajo un vehículo residido en Holanda y cotizar en Estados Unidos. La compañía ya no está considerada una startup, por lo que no se beneficia de las bonificaciones tributarias que ofrece la nueva legislación, denominada Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.