Sánchez licita la conservación del 15% de las carreteras en plena polémica por los peajes

En la recta final de su mandato, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador y ha aprobado sacar a licitación varios concursos de conservación de carreteras que representan algo más del 15% de los kilómetros de toda la red nacional. Unos trabajos que llegan en un momento crítico, justo cuando se ha reabierto el debate de los peajes, y que van al epicentro del problema: el coste de mantenimiento de las vías y el impacto medioambiental del tráfico rodado.

La semana pasada, el director general de la DGT, Pere Navarro, recordó que, en 2024, España deberá iniciar el proceso de implantación de peajes en las autovías "por imposición de Bruselas". A pesar de la polvareda levantada, y del juego político que siempre se hace con este tema, la realidad es que Navarro hizo referencia a una medida pactada en 2021 entre el Ejecutivo de Sánchez y Bruselas.

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A grandes rasgos, hace dos años, el Gobierno aceptó desarrollar un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad, como ya tiene la mayor parte del Viejo Continente, dentro del paquete de medidas que se comprometió a acatar a cambio de poder recibir 140.000 millones de los fondos europeos.

Un dinero que la Comisión dejó claro que no quería que fuera destinado a pagar la conservación y mantenimiento de las carreteras, sino que nuestro país debería desarrollar algún tipo de sistemas de tarificación que permita afrontar estos costes.

A la espera de ver qué hace el nuevo Ejecutivo que surja de las elecciones de este 23-J, el Consejo de Ministros actual ha pisado el acelerador y, en el último mes, ha aprobado sacar a licitación los trabajos de conservación de un total de 4.071 kilómetros de los más de 26.459 que tiene toda la red de carreteras del Estado y que exigirán el desembolso de 700 millones de euros.

Como novedad, se introducen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha cifrado en 71.640 toneladas de CO₂ al año la huella de carbono del funcionamiento ordinario y de las labores de mantenimiento y explotación de la red de la Dirección General de Carreteras.

Tres grandes lotes

Los más de 4.000 kilómetros que el Consejo de Ministros ha aprobado licitar se dividen en tres grandes lotes y las empresas que concurran verán mejorada su puntuación en la medida en que propongan soluciones que colaboren en reducir estas emisiones contaminantes.

El primero de estos lotes se lanzó el pasado 26 de junio, cuando el Gobierno autorizó la licitación de 11 contratos de conservación y explotación de carreteras en Asturias, Cantabria, Madrid y las provincias de Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz. El montante total ascendió a 293 millones, IVA aparte. La duración inicial del contrato se fijó en tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años y prórroga adicional de nueve meses

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Una semana después, dio luz verde a la licitación de siete contratos de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado en las provincias de Zamora, Toledo, Valencia y Galicia (dos en Lugo y otros dos en Ourense), por 245 millones más IVA y la misma vigencia que el anterior.

El 11 de julio, dio luz verde a Seittsa para sacar a concurso, por 157,5 millones de euros más IVA, la conservación de los 700 kilómetros de autopistas de peaje que suman las radiales (R-2, R-3, R-4, R-5), la M-12, AP-36, AP-41, AP-7 Circunvalación Alicante y AP-7 Cartagena-Vera. El ganador se hará con estos trabajos por un periodo de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses, más otra adicional de nueve meses.