El juez quita el control de Gedesco a su CEO y destituye al consejo de administración

Punto de inflexión en la batalla judicial entre JZI, fondo estadounidense que es principal accionista de Gedesco, y los hasta ahora ejecutivos de la firma. Un juez de lo mercantil ha decidido aceptar la petición de medidas cautelares del fondo y destituir al CEO y a los miembros del consejo de administración de la entidad financiera.

Gedesco, entidad de financiación no bancaria, vive un nuevo capítulo esta semana en la guerra judicial interna. Un juez de lo mercantil de Valencia ha decidido retirar el control de la empresa a sus actuales consejeros.

Así, destituye a los fundadores y accionistas minoritarios Antonio Aynat, que también deja de ser presidente y CEO, y Javier García Escrivá. También se ven forzados a dejar el consejo Miguel Rueda y Ole Groth, que entraron en el consejo como gestores de JZI en Europa, cargos que ocuparon hasta 2022.

El fondo estadounidense JZI entró en el capital de Gedesco en 2007, y ostenta el 67,53% del capital. El resto sigue siendo de los dos fundadores. JZI inició una batalla judicial alegando que Aynat y García han realizado actividades ilícitas para apropiarse del negocio de Gedesco a través de una red de empresas que denominan trama Stator, y argumenta que tanto ellos como sus antiguos gestores no están gestionando de forma leal la empresa.

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En medio de esta batalla judicial, un juez de lo penal, donde se ha querellado JZI, a través de su sociedad holandesa JZ Hedhold BV, rechazó en junio las medidas cautelares solicitadas de quitar la gestión de la empresa al actual consejo de administración. Para ello, deberían pedirlo en una junta de accionistas.

Según explica el auto del Juzgado Número 1 de lo Mercantil de Valencia, al que ha tenido acceso este medio, se celebró tal junta, pero los gestores se enrocaron. El presidente de la junta, Miguel Rueda, rechazó su cese y el de los otros tres consejeros recurriendo a que hay un pacto parasocial omnilateral, suscrito por todos los socios pero no por la sociedad, que exige el voto favorable del 80% del capital para el nombramiento y cese de miembros del consejo.

Tras la junta, JZI, asesorado por Garrigues, acudió al juzgado de lo Mercantil a solicitar medidas cautelares para echar a los consejeros, y el juez le ha dado la razón. “Se antoja extravagante” que los socios minoritarios puedan bloquear la capacidad de acción por parte del socio mayoritario, dice la sentencia.

El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia, pero por ahora implica la destitución de los cuatro consejeros para nombrar, en su lugar, a cuatro profesionales independientes, como había solicitado JZI.

Estos cuatro nuevos consejeros tendrán la misión de analizar desde dentro la salud de la empresa y su evolución en los últimos años, para ver si ha habido administración desleal o acciones ilegítimas por parte de los antiguos consejeros.