El Gobierno se plantea excluir a Acciona, Disa y Galp del impuesto a las energéticas

El Gobierno no descarta actualizar la relación de empresas obligadas al pago del gravamen energético. El tributo que pagan las grandes eléctricas, petroleras y gasistas desde el pasado año se configuró tomando como referencia la lista de operadores principales que elaboró la CNMC con los datos de las empresas de 2019 y 2020.

Se tomó el año 2019, según la Ley 38/2022 de creación del impuesto, por ser el "año anterior a la pandemia, evitando con ello las distorsiones que podrían producirse si se considerasen los años posteriores". Sin embargo, ahora Coalición Canaria, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, ha pedido al Ejecutivo que replantee esta situación, ya que, a su entender, lo lógico sería tomar como obligados al gravamen a los operadores principales decretados por la CNMC en su última resolución que toma los datos más recientes de 2022.

A esa pregunta, el Gobierno le ha respondido de manera formal que "nada implica que automáticamente deba existir una actualización de la relación de operadores", pero abre la puerta al cambio y reconoce que "tampoco se descarta la misma" (en referencia a la actualización), según consta en documentación oficial. El Confidencial se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda para saber si definitivamente actualizarán la lista de obligados al pago o no, pero no obtuvo respuesta.

Esta reivindicación no solo fue trasladada al Gobierno de manera escrita, sino que la diputada en el Congreso de los Diputados de Coalición Canaria, Cristina Valido, también se la puso encima de la mesa en primera persona al ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo.

El Ejecutivo también confirma por escrito a Valido que pretende revisar la configuración del gravamen energético y bancario, creados inicialmente con vocación temporal, para su plena integración en el sistema tributario. Coalición Canaria no solamente pide que se revise la lista para 2025 sino también para 2024, donde el primer pago ya ha sido realizado. Según considera, actualizar el listado podría evitar demandas: "esa actualización proporcionaría una todavía mayor solidez a la regulación frente a posibles impugnaciones, al eliminar lo que pudiera ser un excesivo desfase temporal entre la condición de operador principal y el año de exigencia del gravamen". Cabe destacar que alguna de las empresas ya trabajan esta cuestión con sus departamentos legales y con despachos externos.

Fuentes al tanto de esta situación señalan que la petición realizada por Coalición Canaria tiene su origen en una reclamación que viene haciendo desde hace tiempo Disa, la mayor empresa de Canarias, propiedad de la familia Carceller, una de las grandes fortunas de España, dueña del grupo Damm y con participaciones en Ebro Foods o Sacyr.

El Ejecutivo también confirma por escrito a Valido que pretende revisar la configuración del gravamen energético y bancario

La propia DISA ya interpuso hace un año un recurso ante la CNMC para que el regulador excluyera a la distribuidora de combustibles canaria del censo de operadores principales, algo que no tuvo en cuenta la institución liderada por Cani Fernández.

De tenerse en cuenta la petición de Coalición Canaria y tomarse el último censo de operadores principales publicado por la CNMC, Disa quedaría excluido de la obligación de pagar el gravamen. No solo ella, sino también Acciona y Galp, incluidas en la resolución de 2020, pero que ya no aparecen. De esta forma, las empresas de tres grandes familias ibéricas de la lista Forbes (Entrecanales, la catalana Carceller y la portuguesa Amorim) ya no estarían obligados a este pago. Fuentes de Acciona, DISA y Galp han declinado hacer comentarios sobre este punto.

DISA aún es operador principal en el ámbito de los gases licuados de petróleo (GLP). Sin embargo, su negocio de bombonas supone menos del 50% de su actividad, un factor eximente para pagar el tributo, según la ley. Además de esta situación, DISA también ha reclamado incluso ante los tribunales europeos que se le descarte al no tener negocio refinero, como el resto de obligados al tributo. Además, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, recuerda que es la única empresa que da servicio en todas las islas Canarias, incluso con estaciones donde tiene pérdidas, lo que hace si cabe que dicho gravamen sea aún más injusto dado el servicio esencial que dan a los canarios.

La papeleta para Hacienda y el Gobierno es complicada. Saldrían tres empresas y solo entraría la suiza Axpo. Ahora está por ver cómo rehace el gravamen, ya que además tiene intención de dar un incentivo a las energéticas por las inversiones estratégicas que sean esenciales para la transición ecológica de nuestro país. Si las energéticas pagan menos y además hay menos empresas obligadas, las arcas públicas tendrán menos recaudación en un momento en que Bruselas impone de nuevo las reglas fiscales y a España le tocará apretarse el cinturón para reducir el déficit.

Más incertidumbre por la falta de presupuestos

Ahora, sin embargo, la incertidumbre se incrementa. La convocatoria de elecciones en Cataluña este miércoles ha hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncie a elaborar presupuestos para este ejercicio y pida trabajar ya en los de 2025, que tendrá que diseñar tras el verano. Esto alarga la incertidumbre para las energéticas, ya que el propio Ejecutivo se había comprometido en el decreto 8/2023 a incluir los incentivos a las energéticas en el marco de la ley de presupuestos para el año 2024, que ya no se dará este año.

Es decir, que si el Gobierno no incluye estos incentivos en otra ley, inversiones tales como el almacenamiento energético, nuevos combustibles renovables -como el biogás, el biometano o el hidrógeno verde- y sus posibles infraestructuras de red asociadas, así como inversiones asociadas a cadena de valor nacional y europea, para contribuir a la autonomía estratégica que realizan desde el 1 de enero de 2024, podrían no deducirse al decaer el marco legal en el que estaba previsto incluir dicho compromiso.