La primera reestructuración en renovables (226 M) pilla a BBVA y lanza un aviso al resto

La preocupación entre los inversores de renovables empieza a extenderse. Ya ha llegado la primera reestructuración del sector homologada por un juez. Se trata de una operación que afecta a una deuda de más de 226 millones y que anticipa más crisis de proyectos renovables.

La reestructuración homologada ha sido sobre Guzmán Energía, una planta termosolar ubicada en Palma del Río (Córdoba), que pertenece en un 70% al fondo Plenium Partners (adquirió su participación a FCC) y en un 30% al grupo japonés Mitsui, a través de su vehículo Mitsui Renewable Energy Europe, basado en Londres. Los dos accionistas también son acreedores.

La sociedad, que en 2022, según los últimos resultados depositados en el registro mercantil, perdió 9,6 millones, contrató a Kroll como asesor para iniciar una reestructuración de su deuda, que ha consistido en la recalendarización de los plazos, con el visto bueno de BBVA, uno de sus principales acreedores. Desde ninguna de las partes hay comentarios.

La deuda sobre la que se ha aplicado un nuevo calendario para alargar plazos y facilitar los pagos procede principalmente de un project finance que suscribieron BBVA y varios bancos japoneses, principalmente Mizuho y, también, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). El banco español cuenta con un tercio, aproximadamente, del pasivo, según fuentes financieras.

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La reestructuración planteada por Guzmán Energía busca acomodar el plazo a la vida del proyecto, reduciendo repagos anticipados con el compromiso de recibir flujos futuros con el excedente de caja que se genere (cash sweep, en la jerga).

El plan de reestructuración ha contado con el apoyo de BBVA, según fuentes financieras, y ha arrastrado a los acreedores japoneses. En el auto de homologación del juzgado de lo mercantil número 1 de Córdoba, al que ha tenido acceso este medio, el juez Antonio Fuentes certifica que la empresa se encontraba en un estado de probabilidad de insolvencia, lo que permite aplicar la fórmula del arrastre que recoge la nueva ley concursal, de 2022.

La reestructuración se ha formulado con cinco clases de acreedores. Una clase privilegiada, con 17,8 millones; otra ordinaria financiera, con 116 millones; una clase de proveedor de servicios, con 1,9 millones; una clase subordinada financiera, de 3,4 millones; y una clase de préstamos participativos de los socios, con 68 millones. Las clases de proveedores y de préstamos participativos son las que han aprobado el plan, con un 100% y un 67,63% respectivamente de apoyo. Esto permite al juez homologar el plan con arrastre al resto de los acreedores y obligarles a cumplir con una reestructuración que había recibido el visto bueno de BBVA.

Alerta roja en el sector

El primer golpe de un project finance de renovables aviva los fantasmas en un sector que ya vivió una etapa negra hace más de una década. El recorte a las primas provocó masivas reestructuraciones en España, la quiebra de pequeños ahorradores, la llegada de fondos buitre y más de 50 arbitrajes contra el Reino de España por los que el país aún sufre las consecuencias: ya se han decretado incluso embargos a nivel internacional contra bienes del Estado. Si empiezan a pinchar los proyectos de la nueva generación de renovables, podría haber desbandada de inversores que aún tienen muy presente lo que ocurrió en 2013.

Ahora la alerta no viene por un cambio regulatorio, sino por un hundimiento de las expectativas de rentabilidad que amenaza con hacer saltar por los aires millonarias inversiones y detener la transición verde a la que se ha comprometido el Gobierno ante Bruselas.

Tras la subida récord de los precios de la electricidad que cobran las infraestructuras de energías limpias en 2022, se ha pasado a precios cero -e incluso negativos- en 2024. Las alarmas se han disparado en abril, con un precio de mercado mayorista un 80% más bajo que en el mismo mes del año anterior.

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Con este nivel de precio, las principales consultoras que elaboran sus curvas de precio han tenido que reevaluar sus previsiones a la baja. La situación, si cabe, se podría complicar más de no mediar soluciones imaginativas desde el punto de vista regulatorio, ya que la entrada masiva de nuevos proyectos canibaliza todavía más la rentabilidad, al hundir aún más los precios y, por tanto, los ingresos de estas instalaciones. A nivel de proyectos de autoconsumo, la debacle ya es evidente, con firmas amenazadas como Holaluz, Solarprofit o Eidf.

Si por el lado de los ingresos la cuestión se complica de forma considerable, por el lado de los costes de inversión también se están intensificando los problemas. La subida de tipos de interés está restringiendo el acceso al crédito para estos proyectos. Los bancos son cada vez más conservadores. A ello se ha sumado en los últimos días el miedo a que desaparezca el actor bancario más importante para el sector: el Banco Sabadell. Su equipo de project finance es uno de los que están haciendo una apuesta más decidida. Todo lo contrario que BBVA, por lo que ya hay desarrolladores independientes que creen que la cuestión aún podría empeorar en lo que acceso a préstamos se refiere.

Si por el lado de los ingresos la cuestión se complica, por el lado de los costes de inversión se están intensificando los problemas

Todos los expertos del sector claman porque el Gobierno articule algún tipo de solución que dé visibilidad a miles de megavatios en desarrollo. Ya sea ofreciendo subastas de precio, regulando pagos por capacidad o introduciendo baterías, de modo que se puedan levantar los ingresos y cuadren los números de los inversores internacionales, cada vez menos propensos a aumentar su exposición.

Sin embargo, el Ejecutivo debe hilar muy fino, ya que España podría jugar un papel estratégico de reindustrialización en España respecto al resto de Europa si garantiza precios baratos y más competitivos que en el norte del continente. En esa jugada, las medidas para salvar los proyectos de renovables suelen acabar suponiendo mayores costes para los consumidores vía factura, con lo que también se podría dar al traste con una mayor presencia de la industria, clave para la economía nacional.