Celsa contrata a Gómez-Acebo para querellarse contra Rubiralta por 540 millones

El consejo de administración de la nueva Celsa ha decidido reclamar en los tribunales los presuntos daños causados a la compañía por la familia Rubiralta Rubió antes de que los acreedores se hicieran con el control de la misma por impago de una deuda que superaba los 3.000 millones de euros. Según fuentes próximas al caso, el consejo de administración del grupo siderúrgico ha contratado a Gómez-Acebo & Pombo para presentar una querella contra los antiguos propietarios.

El bufete dirigido por Carlos Rueda e Íñigo Erlaiz ya ha empezado a trabajar en dos potenciales vías para recuperar una deuda que, según los nuevos administradores, los Rubiralta Rubió cargaron a Celsa para beneficio de su fortuna personal. En concreto, cerca de 539 millones que la familia fundadora del grupo siderúrgico se concedió desde la matriz a sus sociedades personales, Inversiones Pico Espadas, Inversiones Pico Aneto e Inversiones Pico Anayet. A través de estas compañías, los Rubiralta tenían el control total de la multinacional con sede en Cataluña hasta la ejecución por parte de los acreedores.

Según fuentes próximas al caso, Rafael Villaseca, el nuevo presidente de Celsa desde que los fondos liderados por Deutsche Bank se quedaron con el 100% de la compañía, ya ha analizado con Gómez-Acebo & Pombo las dos alternativas, tanto la de la demanda mercantil como la querella penal por apropiación indebida. El despacho conoce perfectamente el entramado societario de Celsa, ya que trabajó para los acreedores en el proceso de reestructuración. Un proyecto complejo del que se hizo cargo Miguel Lamo de Espinosa

Lamo de Espinosa es uno de los principales socios de Gómez-Acebo & Pombo y miembro de su consejo de administración. Según fuentes próximas a la compañía, fue uno de los primeros que advirtió sobre las presuntas irregularidades financieras de los Rubiralta, quienes, cuando perdieron la propiedad de la compañía, inmediatamente instaron el concurso voluntario de sus sociedades patrimoniales.

Lamo de Espinosa fue uno de los primeros que advirtió sobre las presuntas irregularidades financieras de los Rubiralta

En concreto, en octubre del pasado año, la familia llevó a la quiebra a Ania Recursos Inversores, Afintex Desarrollos Globales y Gestión Empresarial Bages, con un pasivo total de unos 540 millones de euros. Estas sociedades patrimoniales -constituidas entre 2001 y 2006- fueron las utilizadas por el presidente de Celsa, Francesc Rubiralta (1977), y sus hermanos Carola, Ana e Ignasi para controlar la siderúrgica durante todos estos años.

Estas sociedades personales que presentaron el concurso controlaban a su vez las acciones de las llamadas empresas 'Pico': Inversiones Pico Aneto, Inversiones Pico Anayet e Inversiones Pico Espadas, que actuaban como cabeceras del entramado societario de Celsa. Este pasivo existente con las tres empresas Pico es muy anterior a 2017, ya era conocido por las entidades acreedoras y se homologó dentro de la refinanciación de la deuda del grupo en noviembre de 2017.

Al estar ya en concurso, la probabilidad de recuperar ese crédito de 540 millones es prácticamente nula

Al estar ya en concurso, la probabilidad de recuperar ese crédito de 540 millones es prácticamente nula, por lo que, además de presentar una demanda por lo mercantil, los nuevos administradores han comenzado a preparar la vía penal. Se trata, en cualquier caso, de una reclamación de un volumen histórico, algo nunca visto en España.

Celsa celebra el próximo 25 de junio la junta general de accionistas en cuyo orden del día se incluye un punto relativo al "ejercicio de acciones legales y acuerdo previo al inicio de la acción social de responsabilidad contra Francesc Rubiralta Rubió". La compañía pretende solicitar el acuerdo de todos los inversores para reclamar eventuales responsabilidades a la familia por sus acciones u omisiones en el marco de la administración de la compañía durante los años que la gobernaron.