La normativa embarra los ERE en pleno aumento de consultas de las empresas

Cada vez más grandes empresas están consultando para realizar recortes de empleo. Pese a la mejora económica y el incremento del número de ocupados, hay sectores con dificultades tras el ciclo de subidas de la inflación y de los tipos, en los que sobrevuela la opción de ajustes laborales. Sin embargo, estos se ven lastrados por la normativa laboral.

Varios cambios legales en materia laboral han embarrado el proceso para llevar a cabo despidos colectivos, señalan fuentes jurídicas, que coinciden en un incremento de consultas este año. No es que vaya a haber un punto de inflexión en el mercado laboral, tras el récord de 21 millones de ocupados, sino que hay sectores que necesitan reestructurarse. Lo que es compatible con la aceleración de la economía y la creación de empleo a nivel macro.

De hecho, entre las empresas medianas hay un aluvión de reestructuraciones financieras, con quitas de deuda, capitalización del pasivo por parte de algunos acreedores y concursos. Y al principio de año hubo una oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) en la industria.

Sectores tan dispares como la industria metalúrgica o del automóvil, empresas de encimeras, o segmentos de la alimentación como pesca o aceite, han tenido que reestructurarse financieramente y, en paralelo, buscan reducir costes con recortes de plantilla. En la mayoría de los casos se junta una caída de la demanda durante el covid que vino acompañada con un aumento de la deuda y, después, el aumento de costes por la inflación y de los gastos financieros.

TE PUEDE INTERESAR

Intrum eleva a 700 los afectados por el ERE y alega causas económicas por primera vez

Ruth Ugalde

"Este año estamos recibiendo un número considerable de consultas y encargos de despidos colectivos, despidos plurales y procedimientos alternativos de flexibilidad interna", señala Silvia Bauzá, socia responsable de laboral de A&O Shearman. Para lo que más consultas hay, añade, es para "procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo", como por ejemplo, reducción de jornadas.

Varios asesores coinciden en la tendencia de aumento. "Es muy posible que se produzca un incremento de los procesos de reestructuración a través de esas figuras jurídicas, no solo por causas económicas, sino también de carácter organizativo, técnico y productivo", explica también Martín Godino, socio director de Sagardoy. Sin embargo, aclara que no se espera un incremento de manera exponencial de los despidos colectivos, como ocurrió en la crisis de la década pasada.

TE PUEDE INTERESAR

Poly Juguetes inicia un ERE para 186 empleados tras el concurso voluntario de acreedores

Europa Press

De forma general, nueve de cada diez bufetes de abogados pronostican que tendrán mayor trabajo en el área Laboral este año y en primer lugar, dentro de sus preocupaciones, están las reestructuraciones laborales y le sigue la reducción de jornada. Unos aseguran que viene por el alza en los costes de producción, los costes salariales, la inflación y los desafíos financieros, mientras otros también apuntan a las causas los cambios regulatorios.

Por ejemplo, desde Pérez-Llorca, apuntan a que la menor inversión extranjera, por la ralentización económica, provocará una mayor cantidad de procesos de reestructuración. Pese a ello, consideran que esta situación tendrá un componente más estructural que coyuntural, y que, por su propia naturaleza, motivará a la aplicación de ERE en perjuicio de los ERTE.

Los agentes del sector, aseguran que gracias a todas las causas anteriores, es inminente un "incremento de las medidas de reestructuración tanto a nivel colectivo como individual", enfatiza la socia responsable del área laboral de Deloitte Legal, Covadonga Roldán, razonamiento que desde Uría Menéndez, respaldan: "Algunos de ellos se están poniendo ya en marcha y es previsible que la tendencia se incremente a lo largo del año", comenta el socio responsable de este departamento, Mario Barros.

TE PUEDE INTERESAR

ERE, reducción de jornada y SMI: los bufetes prevén una montaña rusa en Laboral en 2024

María Jesús Labarca

El problema que se están encontrando las empresas es que hay cambios normativos que embarran los despidos colectivos. Los ERE, salvo cuando son consensuados con los sindicatos con prejubilaciones en condiciones atractivas para los trabajadores, como en Telefónica el año pasado o años anteriores en la banca, se enfrentan a nuevas dificultades jurídicas para tramitarlos.

Hay dos reformas que se produjeron el año pasado, pero que están empezando a tener impacto en 2024, a raíz de las intenciones de empresas que han visto cómo se estrechan sus márgenes y tienen que reestructurar deuda quieren hacer ajustes, pero se encuentran con dificultades para ello al no estar en pérdidas. Es decir, ven dificultades de sostenibilidad a medio y largo plazo, pero a corto plazo ganan dinero.

TE PUEDE INTERESAR

ESG y Laboral se coronan como las principales preocupaciones de las empresas en 2024

María Jesús Labarca

Una de ellas es la Ley 3/2023, que otorga un papel a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en los procesos de ajustes laborales. La Inspección solo verificaba formalidades como la comunicación o el desarrollo del periodo de consultas, pero ahora debe pronunciarse con un informe.

Dicho informe expone la concurrencia de las causas que alega la empresa, que pueden ser económicas, organizativas, técnicas o productivas, y también sobre la aportación de la documentación legalmente exigida según la causa, explica Bauzá, de A&O Shearman: "Es cierto que esta nueva facultad de control de legalidad otorgada a la ITSS no impide a la empresa ejecutar el despido colectivo en los casos de informe desfavorable. No obstante, en el supuesto de judicialización del despido colectivo cuestionando la causa, ya sea por la vía colectiva o por la vía individual de algún trabajador, el informe de la ITSS será un elemento de juicio importante que suele ser tenido especialmente en cuenta por los tribunales en la formación de su criterio, aun cuando no es vinculante para su decisión final".

En procesos de ERE como el de Telefónica del año pasado o en la gran banca, las condiciones suelen llevar que haya más solicitudes que bajas acordadas, y se acuerdan con casi todos los sindicatos, con lo que no suele haber conflictividad. Pero en muchos otros ajustes, las condiciones son más ajustadas, y el consenso menor. Especialmente en empresas medianas que creen que pueden pasar por dificultades financieras a futuro.

"El informe de la ITSS será un elemento de juicio importante que suele ser tenido en cuenta por los tribunales en la formación de su criterio"

En estos casos, no es raro que haya impugnaciones en la Justicia. Por otro lado, el Real Decreto 608/2023 introduce una novedad en torno a empresas que pretendan cerrar centros de trabajo al completo, con el cese definitivo de la actividad y el despido de 50 o más trabajadores. Por ejemplo, una empresa industrial que cierra una fábrica.

Desde hace unos meses, se debe notificar con una antelación mínima de seis meses a la comunicación de apertura del periodo de consultas, o justificarlo en caso contrario. Es decir, las compañías deben avisar de que van a cerrar un centro medio años antes a la Dirección General del Trabajo.

Esta notificación, avisa Silvia Bauzá, "tiene una relevancia práctica extraordinaria para las empresas, especialmente desde el punto de vista estratégico. Que los representantes legales de los trabajadores puedan conocer con seis meses de antelación la decisión de la empresa de cerrar el centro de trabajo puede acarrear numerosas consecuencias: conflictos en la fábrica que perjudiquen la producción durante ese tiempo, trabajadores intentando protegerse de futuros despidos, desmotivación en la plantilla, bajada de la producción, etc.".

TE PUEDE INTERESAR

Díaz alerta del riesgo a un ERE y empeoramiento del servicio con la fusión del BBVA y Sabadell

EFE

Así, los asesores están viendo un volumen creciente de consultas para llevar a cabo ajustes laborales, aunque algunos no se están materializando y otros están resultando ser más complejos que antes por la nueva normativa. El año pasado, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, hubo 3.796 empresas que llevaron a cabo un proceso colectivo de despidos, afectando a 181.139 empleados. El número de trabajadores afectados se redujo en un 38 %. Sin embargo, la cifra de empresas que ejecutaron un recorte de este tipo aumentó en un 51 %.

Fuentes del sector expresan que la presión que actualmente tienen las empresas para reducir costes es intensa, y los resultados y expectativas para este año "no son del todo alentadoras", por lo que la contención y reducción de los costos laborales son fundamentales para que puedan mantener la competitividad y mitigar el impacto de nuevas obligaciones empresariales en los resultados. Por lo mismo, para 2024, los expertos esperan una tendencia similar a la que se vivió el año pasado, a tenor de las consultas recibidas. Que haya más empresas que lleven a cabo un ajuste laboral mediante un ERE u otra fórmula que afecta a una parte de la plantilla, aunque el comportamiento general del empleo sea positivo.