El fiscal afirma que Torres vulneró el código ético de BBVA al interceder por amigos y familiares

El fiscal del caso Villarejo ha pedido procesar a BBVA como persona jurídica, además de a una serie de directivos y exdirectivos. Entre ellos no está Carlos Torres, actual presidente ejecutivo, pero sí le nombra en el escrito como presunto infractor del código ético del banco al interceder por amigos y familiares en asuntos que afectaban a la entidad. Desde BBVA no hay comentarios.

La petición ha llegado en plena opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, con la oposición del Gobierno y de varios ejecutivos autonómicos. El banco vasco necesitará la autorización de Moncloa, en última instancia, para integrar Sabadell mediante fusión si ha conseguido antes las autorizaciones de los supervisores y la aceptación mayoritaria de los accionistas. Precisamente, Torres está en Cataluña para mejorar la sensibilidad hacia la opa en el terreno político, empresarial, y ganarse a accionistas del Sabadell. Este lunes se reunió con el president saliente, Pere Aragonès, que dejará la vida política en cuanto tenga sucesor.

El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez que siente en el banquillo a BBVA y a varios directivos y ex directivos. Cabaleiro argumenta que hubo altos directivos que menoscabaron el código ético. Esto impide que se traslade de forma real a todas las capas del banco.

"Cuando la alta dirección no se ajusta escrupulosamente a tal conducta ética, lo que se interiorizara en la organización es simplemente la apariencia formal de cumplimiento de cara al exterior, y la ciega obediencia y falta de respeto de cara al interior de la organización, especialmente si las conductas se realizan por los responsables de velar por el propio respeto del Código", señala el escrito, al que ha tenido acceso este medio, que ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6.

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Por ello, el fiscal enumera varios correos electrónicos de Carlos Torres, ahora presidente ejecutivo, con los que considera que se vulneró el código ético de BBVA. En concreto, hace referencia a tres apartados del código que Torres se habría saltado: el seguimiento del mismo, que no se manifiesten situaciones personales frente a los intereses de BBVA, y que no haya influencia para que el banco apruebe operaciones con clientes o proveedores. Se trata de la única mención al presidente de BBVA en un escrito de 224 páginas. Torres no ha estado imputado en ningún momento en el caso.

Cabaleiro hace referencia a intereses personales de Francisco González y, también, a asuntos de Carlos Torres. El fiscal recuerda que Torres fue contratado en 2008 como miembro de la alta dirección, al frente de estrategia corporativa, dependiendo de Francisco González. En 2013 pasó a depender del entonces consejero delegado, Ángel Cano, como jefe de banca digital, y en 2015 se convirtió en el consejero delegado. En este periodo hay emails de Torres con intereses personales, según relata el documento en el que se pide la imputación de BBVA.

En el texto se citan correos electrónicos de Carlos Torres entre 2009 y 2015 que irían contra el código ético

Así, en el texto se citan correos electrónicos de Carlos Torres entre 2009 y 2015 que irían contra el código ético. En uno de ellos, el 29 de noviembre de 2012, según relata el fiscal, Torres envió a Antonio Béjar un correo adjuntándole el previo que había recibido de su cuñado sobre la posible puesta en marcha de una sociedad para la gestión administrativa de entidades financieras.

El fiscal destaca el hecho de que enviara un correo de su cuñado al ex director de riesgos Antonio Béjar, que también fue director de seguridad y es uno de los ex directivos a los que el fiscal solicita procesar.

Un año antes, Torres reenvió a Béjar el correo de un "amigo suyo que tenía un problema de impago con la entidad, a los efectos de que le echase una mano para reconducirlo, lo cual fue trasladado por este al director de gestión del riesgo de la Dirección Territorial Noreste que le mantuvo directamente informa de lo que se hacía", indica el fiscal.

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Este correo tenía fecha de 26 de abril de 2011. Ese mismo año, el 11 de octubre de 2011, Torres volvió a enviar un email a Béjar para que "conociese a un íntimo amigo suyo que quería conocerle".

Por otro lado, Carlos Torres también envió varios correos electrónicos a Antonio Béjar en relación a Anida, la unidad inmobiliaria de BBVA. En 2009 le facilitó un currículo para que se lo hiciese llegar al departamento de recursos humanos de Anida, y en 2012 remitió correos “ante un proceso interno de contratación de Anida, adjuntándole el previo correo que él había recibido”.

A juicio del fiscal, estos emails vulneran el código ético, que apunta a que "es responsabilidad de todos los empleados colaborar con el objetivo de garantizar que todas las actuaciones de BBVA, en el marco de sus negocios y actividades, se ajusten a los criterios y pautas de actuación contenidos en el código".

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También señala este que "la diversidad de los negocios y actividades del grupo hacen posible que, en el desarrollo de las funciones de sus empleados, se manifiesten situaciones en las que los intereses personales de estos, o los de personas estrechamente vinculadas a ellos (particularmente aquellas de su entorno familiar más inmediato con las que comparten intereses económicos), puedan aparecer enfrentados con los de BBVA o con los de terceros con los que BBVA se relaciona, lo que podría dar lugar a que se cuestionara tanto su objetividad profesional como la integridad de la institución".

Por otro lado, "el código ético explicita que con independencia de las restricciones específicas que en cada caso pudieran ser establecidas por el correspondiente Departamento de Cumplimiento, ningún empleado podrá conceder, aprobar o ejercer influencia para que se aprueben financiaciones o negocios entre BBVA y clientes o proveedores con los que se encuentre vinculado, ni representar al grupo en transacciones u operaciones en las que sus intereses personales puedan colisionar con los intereses de BBVA".

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En resumen, escribe el fiscal, la clave es la objetividad de las funciones, “sin influencias personales, ni recomendaciones particulares para favorecer a nadie”. Esta influencia es entre empleados de igual rango o de uno de mayor rango a otro de menor posición, con el punto culminante cuando se trata de la alta dirección hacia empleados ajenos a este núcleo.

Por ello, la argumentación del fiscal es que el código ético no funciona de facto cuando existen estas prácticas en la alta dirección. La defensa de BBVA y la del ex presidente Francisco González, aunque no en los mismos términos, se basa en parte en el hecho de que haya normas de código ético que se pudieron saltar algunos trabajadores, eximiendo de responsabilidad al grupo.

La argumentación del fiscal es que el código ético no funciona de facto cuando existen estas prácticas en la alta dirección

Para el fiscal, "no basta, ni mucho menos, con la existencia de la norma, al resultar imperativo que la misma también se ejecute" y que "la cultura ética implique tanto su conocimiento como su respeto". Por eso, que haya incumplimientos hace que se pase de la cultura del cumplimiento "a la cultura de la obediencia", con la "vieja fórmula del derecho castellano de la baja edad media" sobre obedecer, pero no cumplir, escribe el fiscal.

En su opinión, la transformación de un código ético basado en la cultura del cumplimiento formal, a una serie de ejemplos y actuaciones que llevaron a la implementación de la cultura de la obediencia a las decisiones de la presidencia ejecutiva y la alta dirección sirve para explicar las irregularidades que se analizan en el caso.

"El conjunto global de infracciones a la normativa interna de BBVA, tanto en lo relativo a la contratación del proveedor (Grupo Cenyt), como, y lo que es más grave, en cuanto al pago de las facturas emitidas, pone de relieve que una gran pluralidad de empleados de BBVA tuvo a su disposición haber denunciado los hechos", apunta el fiscal.

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La Audiencia Nacional lleva desde 2020 investigando si BBVA cometió actos delictivos al contratar a Cenyt, la empresa del comisario José Manuel Villarejo, con la que presuntamente se realizaron informes de inteligencia sobre políticos, rivales empresariales y a periodistas. El juez Manuel García Castellón se encuentra ya finalizando el proceso de instrucción.

El fiscal ha dejado fuera de la petición a Carlos Torres, presidente de BBVA, pero incluye algunos altos directivos actuales, como Joaquín Gortari, jefe de Auditoría, y Óscar Santos, Discipline Senior Manager de Seguridad en Red Comercial e Infraestructuras.

Entre los antiguos directivos, se encuentran el expresidente Francisco González; Angel Cano, exconsejero delegado; Eduardo Arbizu, antiguo responsable global de Regulación y Control Interno; José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, exdirectores ambos de Servicios Jurídicos; Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano. El fiscal también solicita la el procesamiento de Villarejo y su socio, Rafael Redondo.

El documento emitido por el fiscal, al que ha tenido acceso este diario, se firmó formalmente el 17 de mayo. Las intenciones de BBVA de adquirir Banco Sabadell se hicieron públicas el pasado 29 de abril, a dos semanas de las elecciones catalanas, y pronto se convirtieron en un asunto político. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró radicalmente en contra, al igual que Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, donde tiene su sede social el banco catalán, que mantiene la operativa en San Cugat del Vallés.