El Gobierno encarga auditorías adicionales a las Big Four para controlar los conflictos de interés

El Gobierno refuerza los controles para evitar conflictos de interés a la hora de adjudicar ayudas europeas. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, está buscando evaluadores externos que elaboren auditorías adicionales de control con las que tratar de mitigar potenciales conflictos de interés.

En este caso, el IDAE, encargado de gestionar ingentes sumas de ayudas europeas destinadas a eficiencia energética y energías renovables, trata de evitar problemas dado que actúa a ambos lados de la mesa. Según detalla en documentación oficial, el organismo ostenta por su naturaleza una doble función de gestor de fondos e inversor en el mercado.

Esto significa que alguna de las empresas en las que está presente podría recibir fondos que el propio IDAE otorga, lo que le obliga a extremar los controles para no caer en tratos de favor. Para ello busca expertos capaces de ofrecer una auditoría experta que valide que todo el proceso es correcto, incluso a través de evaluadores externos.

"La dualidad de competencias que asume IDAE en su actividad y, sobre todo, en relación con las funciones que le encomienda el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), hace que sea necesario adoptar medidas específicas para reforzar al máximo la protección frente a cualquier eventual riesgo de conflicto de interés", señala el ente público.

Para esta tarea, el Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene cuatro ofertas encima de la mesa. Deloitte, EY, GNC Assurance y Grant Thornton están pujando para ser los adjudicatarios de esta tarea. Toda esta tarea parte del Plan de Mitigación de Conflictos de Interés de Sociedades Participadas aprobado en 2022, que fue desarrollado en abril de 2023, donde se establecieron los protocolos pertinentes.

En concreto, su tarea será la de "verificar el respeto del procedimiento legalmente previsto para realizar la selección de los beneficiarios del Programa de Ayudas". También "se realizará un muestreo de los proyectos presentados por los solicitantes y sus correspondientes hojas de evaluación, comparándolas con la evaluación asignada en su caso a la sociedad participada que concurra a la convocatoria, de forma que se verifique la transparencia y aplicación objetiva de los criterios de valoración durante la fase de valoración de los expedientes".

De esta manera, el Gobierno extrema la vigilancia sobre la adjudicación de contratos públicos para evitar cualquier problema. La cuestión es capital y Bruselas ha hecho especial hincapié en los controles. El maná de ayudas procedente de Europa tras la pandemia trata de reforzar los controles en las adjudicaciones para evitar problemas posteriores de irregularidades. En el mercado temen que la elevada cantidad de fondos a adjudicar en poco tiempo pueda dar lugar a problemas, de ahí los refuerzos en controlar los fondos.

En plena polémica por la imputación de Begoña Gómez

Estos controles adicionales para las adjudicaciones públicas se producen en plena polémica por la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que el juez de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar. Begoña Gómez tendrá que acudir al juzgado para ser interrogada por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado el próximo 5 de julio.

Las sospechas del magistrado se centran en inicio en el apoyo llevado a cabo por la esposa del presidente a una UTE de empresas que lideraba su amigo Carlos Barrabés y que obtuvo una adjudicación millonaria.

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La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma

José María Olmo Agustín Marco

Peinado escuchará el 16 de junio al consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; al que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; al economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández, y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.

La UTE a la que dio apoyo la mujer de Sánchez, ganó por centésimas en el proceso de adjudicación al sacar la nota más alta de todos los presentados en la parte subjetiva y pese a que en los criterios económicos había otras ofertas más competitivas.