La AN archiva la causa de la ampliación del Popular en 2012 de forma definitiva

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado el archivo de la causa por la ampliación de capital de Banco Popular en 2012, ante las querellas contra el expresidente Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera, y el auditor de PwC que firmó las cuentas, José María Sanz Oliva.

El juez Santiago Pedraz admitió a trámite hace dos años dos querellas interpuestas por accionistas por posible delito de estafa de inversores, y que presentaron Miguel Ángel Pereira, en representación de 50 accionistas, y otra interpuesta por las mercantiles Cerquia Gestión y Cercupenta Internacional y por Carlos Cercadillo.

Cuatro años después, la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la causa, y no cabe recurso. El fallo de la Audiencia Nacional, elaborado por los magistrados Ana Victoria Revuelta, Javier Mariano Ballesteros y Joaquín Delgado, rechaza ampliar el objeto del informe pericial, la comparecencia de testigos y recabar más información del Banco de España, Santander y la CNMV, dado que la clave del recurso, sostienen, es el informe de los dos inspectores del Banco de España de 25 de julio de 2023.

Sobre la financiación otorgada por le banco para la compra de sus propias acciones, que la parte recurrente considera que debió ser deducida de su cifra de fondos propios, los magistrados concluyen que "no existen indicios suficientes de que el Banco Popular financiera a un porcentaje relevante de inversores".

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En cuanto al posible déficit multimillonario de provisiones y dotaciones, y a deficiencias en valoraciones de las garantías inmobiliarias, la parte recurrente había aludido a las reclasificaciones pendientes y a que a pesar de ello se lanzó una ampliación de capital.

"Además del contenido del informe de los peritos del Banco de España, estos fueron preguntados en su ratificación judicial por este aspecto en varios momentos, señalando que la inspección del Banco de España había aconsejado al Banco Popular hacer unas determinadas reclasificaciones y provisiones en 2012; destacando igualmente que al referirse a reclasificaciones a dudosos subjetivo y subestándar, la entidad financiera no estaba obligada a efectuar estos ajustes o dotaciones hasta que no se le requiriera de forma expresa por la Comisión Ejecutiva del Banco de España", explica el fallo. En este sentido, la petición formal llegó el 5 de marzo de 2013.

La Audiencia Nacional ha cerrado definitivamente la causa por la ampliación de 2012, pero queda pendiente la ampliación de 2016 por posibles delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. El juez José Luis Calama ha pedido juzgar a Ángel Ron, a varios exdirectivos y a PwC y los dos socios auditores que firmaron las cuentas de 2015 y 2016. Las partes han presentado recursos de apelación que está pendiente de conclusión en la Audiencia Nacional.