El juicio por Villarejo a BBVA se cruza con el proceso de opa hostil al Sabadell

Otra piedra en el camino para BBVA en su intento de comprar Banco Sabadell. El juez del caso Cenyt-BBVA ha pedido que juzgue al banco como persona jurídica. La entidad vasca podría tener que enfrentarse a un juicio que cuestiona 13 años de compliance y gobernanza, entre 2004 y 2017, justo cuando tiene que convencer a supervisores, a los accionistas del Sabadell y al Gobierno de las bondades de una futura integración del banco catalán en BBVA.

El juez Manuel García Castellón dictó este jueves el auto de transformación que pone fin a un proceso de instrucción que empezó en 2018 y en el que solicita el inicio de un procedimiento abreviado para procesar a BBVA, al expresidente Francisco González y a varios directivos y exdirectivos.

BBVA, como persona jurídica, podría tener que sentarse en el banquillo por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Quedan el recurso de reforma ante el mismo juez y el de apelación ante la Audiencia Nacional. Después, si tres magistrados corroboran la opinión de García Castellón, que ha seguido la recomendación del fiscal, se iniciaría el procedimiento para preparar el juicio que, posteriormente, llevaría a una sentencia sobre los presuntos delitos.

Una vez que se resuelven los recursos, si se mantiene la decisión de juzgar a los investigados, se asigna sala en la Audiencia Nacional y se pone fecha para el juicio. En total, el proceso puede demorarse entre casi un año y año y medio, según fuentes jurídicas consultadas.

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El procedimiento judicial iría en paralelo a la opa hostil sobre Banco Sabadell, cuyos plazos también son largos. Así, se añade incertidumbre al proceso y se da argumentos a los ejecutivos del banco catalán contra la operación, que seguro usarán en sus conversaciones con inversores institucionales y minoristas relevantes. Los accionistas del Sabadell podrían tener que decidir sobre la opa sin saber si habrá consecuencias penales para BBVA por el caso Cenyt. Además, está por ver si influye en los inversores institucionales que invierten con criterios ambientales, sostenibles y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), a los que BBVA espera tener de su lado mayoritariamente.

Fuentes de BBVA defienden que el proceso judicial no interfiere en el de la opa, y que "BBVA siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad. La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos".

BBVA estimó un plazo de seis a ocho meses para la compra del Sabadell, si todos los supervisores dan su visto bueno, con un plazo de aceptación de entre 30 y 70 días. Posteriormente, Economía debería aprobar la fusión. Desde el primer momento, la entidad se ha encontrado con ruido político en contra desde Moncloa, desde los gobiernos regionales de Cataluña (y desde todos los candidatos a presidir la Generalitat) y la Comunidad Valenciana, y desde algunas organizaciones empresariales en estas regiones.

BBVA quiere convencer a los accionistas del Sabadell, pero, también, apagar el ruido político y tener el visto bueno de Economía

El banco presidido por Carlos Torres quiere convencer a los accionistas del Sabadell, pero, también, apagar el ruido político y acabar teniendo el visto bueno de Economía si todos los supervisores y más del 50% de los accionistas de BBVA primero y, de Banco Sabadell después, aprueban la compra. El proceso judicial, si se confirma que habrá juicio para procesar a BBVA, no ayuda a reducir el ruido.

Sabadell ya esgrime entre los argumentos para seguir en solitario con los que trata de convencer a los fondos que hay riesgos de ejecución. Entre ellos está la competencia, ya que es probable que los accionistas del Sabadell tengan que decidir sin conocer el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como reconoció su presidenta, Cani Fernández, esta semana en el foro de información económica que organizan la APIE, la UIMP y el propio BBVA en Santander.

El periodo de aceptación se iniciará cuando el Banco Central Europeo (BCE) autorice la operación. Desde el BCE se ha dejado claro que se analizará según criterios de solvencia y prudenciales. Una vez llegue la autorización, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) puede aprobar el folleto para que se inicie el periodo de aceptación, que podría prorrogar más allá de los 70 días que marca la ley, pero parece improbable que deje a dos valores tan importantes del Ibex con cotización condicionada durante mucho tiempo.

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Fernández recordó que la CNMC aprobó la fusión de CaixaBank y Bankia en ocho meses, pero en aquel momento las dos entidades fueron de la mano, facilitando datos desde el principio y colaborando, y se aprobó en fase uno. Esta vez es un proceso hostil que no está claro que se apruebe en la fase uno.

A la incertidumbre de Competencia se añade la de Economía, que debe autorizar la fusión. Los accionistas del Sabadell podrían tener que decidir también sin saber si habrá integración del banco en BBVA o si podrían operar de forma individual. Torres aseguró esta semana en Santander que, aun así, la operación sería rentable: "En caso de que no sea posible la fusión, nuestras estimaciones son que se podrían optimizar ahorros por gastos de tecnología y generales, y la operación sería interesante incluso en ese escenario que vemos improbable", dijo el presidente de BBVA, delante del ministro Carlos Cuerpo, que mostró opiniones contrarias.

Para BBVA vuelve a haber mal timing, después de varias semanas en las que se había reducido el ruido político. El riesgo de repetición electoral en Cataluña amenaza con que vuelva a haber críticas en la región a la opa. Además, se cruza ahora el proceso judicial por el caso Cenyt, con la posible incidencia en la opinión de los inversores, especialmente los que tienen en cuenta la gobernanza, y por el riesgo de consecuencias penales para el banco.