BlackRock blinda la millonaria toma de control de su mina en Extremadura

La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado la impugnación del plan de reestructuración de W Resources, la compañía minera británica que explota la mina de wolframio La Parrilla, situada en Almoharín (Extremadura), que dio el control de la mina a su acreedor BlackRock tras una capitalización de deuda, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, fechada el 19 de junio.

La mina está ahora sin actividad, pero las intenciones de BlackRock, una vez confirmada la reestructuración y tras pasar a ser controlar su explotación, es que vuelva a operar y poder así recuperar el máximo valor posible de su inversión vía deuda, que ahora se ha capitalizado, según fuentes del mercado. Desde BlackRock no hay comentarios. La gestora norteamericana, la mayor del mundo, ha querido siempre pasar de puntillas por el asunto para evitar impacto reputacional, ante el cambio de propiedad a su favor, el cierre temporal de la mina, y la quita a varias pymes que estaban en el pasivo como proveedores.

Hace algo más de un año, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáceres homologó el plan de reestructuración presentado por la sociedad que contaba con el apoyo de BlackRock, que tenía una deuda reconocida 88,7 millones de euros en el procedimiento y que tras una capitalización pasó a controlar prácticamente la totalidad de la compañía. La deuda total de la sociedad asciende a 191 millones de euros.

Este plan dividió a los acreedores en cinco clases diferentes en función de sus créditos y sus garantías. Tres de las clases (en las que se encuentran los créditos de BlackRock y de W Resources) votaron a favor, mientras que las otras dos (las que aglutinan a las pymes y otros acreedores comerciales) votaron en contra.

W Resources defiende que servirá para rebajar la deuda desde los 191,2 millones de euros a los 35 millones, un 81,69% menos

W Resources defiende que el plan permite evitar la entrada en concurso de acreedores de la sociedad española que explota la mina y servirá para rebajar la deuda desde los 191,2 millones a los 35 millones, un 81,69% menos, así como reducir las pérdidas acumuladas. Uría Menéndez y Kroll han sido los asesores de la compañía en el proceso.

La ley permite arrastrar a aquellos acreedores disidentes y extender los efectos del plan a todos cuando cuenta con el apoyo de una mayoría simple de las clases, incluyendo los créditos privilegiados, que son los de BlackRock al tener garantías reales.

Impugnación del plan

La homologación fue recurrida por varios de los acreedores, que han alegado, por un lado, que el perímetro de deuda afectada no es correcto y que se ha vulnerado la prueba del mejor interés de los acreedores. Respecto al perímetro de deuda, los acreedores consideraban que sus créditos no debían haber sido incluidos en el plan porque también debían ser clasificados como "críticos". A este respecto, el tribunal no considera acreditado que estos acreedores presten "servicios vitales para la continuidad del negocio del deudor y la operación y el mantenimiento de la mina", por lo que rechaza este motivo de impugnación, según detalla la resolución.

En cuanto a la prueba del mejor interés de los acreedores, la ley permite a un acreedor impugnar un plan si demuestra que sus créditos se verían perjudicados por el plan en comparación con el valor que podría obtener en una liquidación concursal. El tribunal tampoco acepta los argumentos de los impugnantes, que aportan un informe pericial que a ojos del tribunal carece de rigor y que no demuestra que sus créditos se encuentren en una situación peor tras la homologación del plan.

El pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Cáceres ha tardado más de un año desde la homologación. Se trataba de un caso muy seguido por el importante impacto económico en la zona y por haber sido la primera reestructuración agresiva en cuanto a quitas con las pymes que estaban en el pasivo, a las que normalmente no se exige tanto esfuerzo. En este caso, se abrió un debate jurídico sobre la capacidad de protección que tienen las pymes, en muchos casos proveedores que dependen de estos clientes para subsistir, en estas grandes reestructuraciones en las que un plan se arrastra forzosamente a varias clases de acreedores.