El 'compliance' no salva a PwC: por qué la Audiencia Nacional confirma que irá a juicio por Banco Popular

La Audiencia Nacional ha confirmado que PwC irá a juicio por presuntos delitos de falsedad en las cuentas anuales y otros estados financieros y de estafa de inversores por la ampliación de capital de Banco Popular de 2016, según consta en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial. PwC era la firma auditora del banco en 2015 y 2016.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la antigua auditora de Popular contra la decisión del juez José Luis Calama de juzgar a la firma de servicios profesionales por su labor de auditoría de la entidad bancaria. En la resolución, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avala la instrucción del juez Calama y apunta que la firma era consciente de las prácticas falsarias del banco que perjudicaron a sus accionistas.

En un primer auto, el juez instructor Calama argumenta que PwC no ha probado la eficacia de su modelo de cumplimiento normativo (compliance), que el delito de fraude a inversores atribuido a los auditores "se ejecutó, en todo momento, en beneficio de esta entidad, con el propósito de mantener al Banco Popular en su cartera de clientes".

La Sala de lo Penal del tribunal desestima el recurso de la firma tras concluir que no puede compartir "que las conductas atribuidas a la apelante en este procedimiento no contengan indicios de tipicidad, porque los hechos presuntamente delictivos que se atribuyen a la investigada PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. (PwC) presentan caracteres de delito, por mucho que se intente desligarla de la trama presuntamente delictiva objeto de comprobación, puesto que la conducta de la interesada ha de ser observada desde la perspectiva de la jurisdicción penal, donde prima la tipicidad de tales acciones".

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PwC defiende que forma parte del procedimiento porque, de acuerdo con la instrucción del juez, dos de sus auditores "han podido cometer hechos delictivos". Para la firma, la existencia de su programa de compliance sumado a "la ausencia de concreción acerca de los deberes de vigilancia y control" son motivos suficientes para quedar fuera del caso.

En el caso de la existencia de un programa de compliance alegado por PwC, el tribunal concluye que "no quedan nítidas las fechas de implantación de los protocolos de detección y prevención de delitos aprobados antes de la aprobación del aumento de capital controvertido, y su aptitud para evitar el riesgo de fraude en el modelo de cumplimiento normativo afectante al Banco Popular, especialmente cuando tales programas de cumplimiento no pueden ser concebidos como salvoconductos para evitar la impunidad de las personas jurídicas".

"Por ello, no puede afirmarse sin más que la auditora externa PwC fiscalizó adecuadamente las auditorías encomendadas a sus socios Sres. Barrio y Sanz, correspondientes a los ejercicios de 2015 y 2016, constituyendo indicio de dicho extremo la presunta comisión de delitos por personas físicas vinculadas a la auditora recurrente, pese a la existencia del programa de prevención de riesgos que ha sido aportado", añade la resolución.

La firma defiende que en el auto no se especifica en cuándo y cómo se ha producido ese "grave incumplimiento" de supervisión

Cabe recordar que la acreditación de un programa de compliance sólido es un eximente de responsabilidad penal en este tipo de casos. PwC sostiene que la decisión del juez de proponer abrirle juicio va en contra de la doctrina del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional porque no ha quedado probado que PwC incumpliese su deber de supervisión, vigilancia y control, requisito que marca la ley para que una sociedad pueda tener responsabilidad penal.

La firma defiende que en el auto que concluye la instrucción no se especifica en ningún momento cuándo y cómo se ha producido ese "grave incumplimiento" de supervisión de la labor de los auditores, por lo que la infracción penal atribuida es "inexistente". El tribunal rechaza esta falta de argumentación y apunta que "en autos constan claramente explicados los indicios que llevan al magistrado instructor a considerar presuntamente punibles determinados actos u omisiones de la apelante, que conllevan que no sea descartable que la mercantil recurrente no esté implicada penalmente en los hechos objeto de comprobación por sus visos de comisión delictiva, no apreciándose la inconcreción y falta de explicación que denuncia la parte impugnante".

De Bankia (Deloitte) a Pescanova (BDO)

El principal ejemplo de la importancia de contar con una política de compliance está en el caso Bankia, donde la Audiencia Nacional decidió procesar al auditor, Francisco Celma, pero a la vez acordó archivar la causa contra Deloitte como persona jurídica tras concluir que contaba con un sistema de control de calidad. Este archivo fue revocado posteriormente por la Sala de lo Penal, pero finalmente la Audiencia Nacional acordó absolver tanto a Celma como a Deloitte. El Tribunal Supremo ratificó el archivo en 2022.

A este caso se suma el de BDO con Pescanova. Hace un año, el Tribunal Supremo absolvió a BDO Auditores y a uno de sus socios, Santiago Sañé, por la auditoría de las cuentas de Pescanova tras haber sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión, además del abono de las indemnizaciones por responsabilidad civil. El alto tribunal estimó el recurso del socio tras demostrarse que no quedó acreditado que conociese la falsedad de las cuentas y buscase deliberadamente distorsionar la imagen fiel de la compañía. BDO señaló en un comunicado que la sentencia confirmó que sus sistemas de compliance y control interno son adecuados. El compliance también ha salvado del banquillo a Indra en el caso Púnica y a Caixabank y Repsol en el caso Villarejo.