El Santander desactiva las reclamaciones por las ayudas fiscales a inversiones navales

Banco Santander ya está desactivando ante la justicia española las reclamaciones que aún mantenía Hacienda por ser beneficiario de las ayudas del sistema español de arrendamiento fiscal para buques (SEAF), conocido como tax lease.

La entidad financiera ya cuenta con al menos cuatro sentencias a su favor que le exoneran de cualquier devolución al fisco por esta causa, cuyo origen se remonta a hace más de 20 años. No solo en su calidad de participante directo del sistema de tax lease sino también como socio de varias entidades navieras disueltas y liquidadas que se quedó el banco como acreedor de las mismas y que participaban en Agrupaciones de Interés Económico que estuvieron en el ojo del huracán (Naviera Pontevedra, Naviera Dorilea, etc.).

Las cuatro sentencias dictadas en la primera quincena del mes de junio estiman los recursos interpuestos por el banco de origen cántabro y anulan las reclamaciones impulsadas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria que posteriormente confirmó el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del propio Ministerio de Hacienda.

Banco Santander, al igual que otras grandes empresas del Ibex como Inditex, Telefónica, BBVA, Santander, CaixaBank, Naturgy, Banco Sabadell, Unicaja, Ibercaja o Abanca invirtieron en el sector naval español al calor del régimen fiscal aprobado en España entre 2002 y 2011. Estas inversiones, sin embargo, fueron declaradas como ayudas de Estado ilegales por parte de la Comisión Europea en 2013, con el socialista Joaquín Almunia como comisario de Competencia en ese momento. La cuestión estuvo cargada de controversia, dado que la industria naval consideraba tal devolución de ayudas como un golpe definitivo al sector que provocaría cierres, despidos y deslocalizaciones en un momento en el que los astilleros estaban en plena crisis.

Esta decisión de Bruselas provocó un alud de recursos ante los tribunales comunitarios. Aunque en un primer momento se pronunciaron a favor de las autoridades de Competencia, en 2023 anularon parcialmente el dictamen de la Comisión Europea, lo que venía a dar carta de naturaleza a las ayudas percibidas por las grandes empresas que se metieron en el mundo naval.

"La sentencia concluye que el régimen de tax lease no tenía por objeto favorecer a los inversores que la Decisión de la Comisión identificó como beneficiarios, sino que se diseñó, fundamentalmente, para trasladar ventajas fiscales a otras entidades. Según el tribunal, la Comisión erró en su Decisión al acotar la orden de recuperación a los inversores, impidiendo que las ayudas se recuperaran de otros beneficiarios. Por esta razón, la sentencia anula la orden de recuperación contenida en la decisión", señalaba el despacho de abogados Garrigues, uno de los que más recursos ha llevado para los reclamantes, tras el fallo europeo de 2023.

Con esta premisa, los servicios jurídicos de Banco Santander llevaron ante la Audiencia Nacional las reclamaciones previas realizadas por Hacienda. En vista del dictamen aprobado por el TJUE en 2023, la Abogacía del Estado ha decidido allanarse en el caso y no pelear por esta cuestión. Las propias autoridades españolas siempre defendieron que el sistema de ayudas implementado era legal y compatible con el régimen comunitario. Por todo ello, se descarta que haya recurso a las sentencias de la Audiencia por esta causa, por lo que pronto los fallos podrían ser firmes.

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La cuestión no es baladí, ya que, en cifras globales, bajo el antiguo régimen de tax lease se realizaron 273 operaciones por un valor cercano a los 8.728 millones de euros, según informó Expansión. Esta victoria para las empresas del Ibex por cuestiones relacionadas con ayudas de Estado que han generado controversia con Bruselas no ha sido la única. La justicia europea también ha dado la razón a la gran empresa española con las ayudas fiscales al fondo de comercio en la compra de filiales, otro pleito que también les ha permitido desactivar reclamaciones del fisco por alrededor de 8.000 millones de euros a firmas como Telefónica, Iberdrola, Abertis, Ferrovial o el propio Santander.

Por si todo esto fuera poco, el Santander ha recibido una última alegría de la Audiencia Nacional en la primera quincena de junio. Hacienda le reclamaba el pago de impuestos en concepto de IVA correspondientes a los años 2009 a 2011. Aunque el tribunal da la razón a la Agencia Tributaria en el fondo del asunto, exonera al Banco Santander del pago de impuestos por considerar que la reclamación había prescrito, dado que los plazos considerados por la entidad financiera eran los ajustados, a diferencia de lo que entendía el fisco, según se desprende de la sentencia judicial.

"Son sentencias favorables sobre cuestiones discrepantes con el TEAC. Es habitual que estos recursos tengan lugar y forman parte del día a día de la relación con Hacienda", señalan fuentes al tanto de estos casos. Desde el Santander y de Hacienda han declinado hacer comentarios sobre dichas resoluciones.