El inversor húngaro de Talgo apremia al Gobierno a que apruebe la opa y acepta sus exigencias

András Tombor, el líder del consorcio Ganz-Mavag Europe que pretende comprar Talgo, se ha presentado ante la sociedad en España con tono conciliador, dispuesto a aceptar las exigencias y condiciones que pudiera imponerle el Gobierno. Sin embargo, en su mensaje ante los medios en un hotel de Madrid apremia al Ejecutivo de Sánchez a que apruebe la opa cuanto antes. "El tiempo es oro", ha señalado Tombor en referencia a Talgo, que considera que necesita un plan industrial rápido para no perder oportunidades de negocio.

En su intervención, Tombor, que trabajó hace 20 años en el Gobierno húngaro Viktor Orbán, ha descartado cualquier vínculo con la Rusia de Putin. Según ha señalado, su empresa fue una de las primeras en romper relaciones con el Kremlin tras la invasión de Ucrania. Cuestionado por sus vínculos con el Gobierno húngaro, que participa en la oferta sobre Talgo en un 45% a través del fondo estatal Corvinus, ha dicho que su propuesta es totalmente industrial y que la participación del fondo público, similar a la SEPI, solo ayudaría en un primer momento, posteriormente se iría retirando.

Aunque la oferta sobre Talgo se presentó en noviembre de 2023 y los permisos al Ejecutivo ya se solicitaron hace más de tres meses, este inversor se muestra optimista y espera que la oferta llegue a aprobarse lo antes posible. Según los plazos que maneja, la decisión del Gobierno debería llegar antes del 10 de julio, una fecha que espera que no sufra retrasos por el periodo vacacional.

El inversor húngaro, que ha descartado vínculos también con Vox, se ha presentado abierto a colaborar con otros inversores como Criteria Caixa o aquellas opciones que le exigiera el Gobierno, pero por ahora no ha recibido ninguna propuesta en firme. Según asegura, ya se ha visto con personas importantes en la toma de decisiones y se muestra optimista. No obstante, ha dicho que aún no se ha visto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en declaraciones públicas dijo que harían todo lo posible por frenar esta operación. También ha confirmado que no ha recibido respuesta alguna a las cartas enviadas a Moncloa, Economía, Transportes o Renfe.

Tombor ha confirmado que la oferta de cinco euros por acción estará sustentada al 100% por capital húngaro, por lo que ha descartado la participación de bancos o entidades españolas. Cree que su oferta es "generosa" y supone una prima del 40% repsecto al precio medio ponderado de los meses anteriores. Preguntado por el interés del grupo Skoda por Talgo, ha dicho que cree que no es una opción real en este momento ya que actualmente está en perdidas y fue vendida el año pasado.

En su discurso, el ejecutivo húngaro ha querido poner en valor su oferta para Talgo, que mantendría los centros de decisión y el equipo de gestión en España, aseguraría la carga industrial en sus fábricas, una propuesta que, según sostiene, cuenta con el visto bueno de los sindicatos. Su objetivo pasa por llevar la experiencia de Talgo y su tecnología a Hungría para poder desarrollar trenes de Talgo en sus fábricas donde cuenta con la capacidad que no tiene actualmente Talgo. Una opción, a ojos de Tombor, que podría sacar del atolladero a Talgo, quien no está entregando sus trenes en plazo. Además, considera que la oferta propuesta le permitiría competir por contratos no sólo en Europa sino también fuera de sus fronteras, un escenario que ahora tendría limitado. En línea con lo anterior, ha ensalzado el papel de la familia Oriol, fundadora de Talgo que cree que ha contribuido al desarrollo de España y se abre a que puedan mantenerse en la firma como inversores.

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Ganz Mavag Europe, que está asesorado por Garrigues y CMS Albiñana para esta operación, señala que por ahora no ha contemplado ninguna opción legal si finalemtne el Gobierno rechazar su propuesta de compra, aunque advierte que existen los cauces para hacerlo. Además, también señala que la presencia del fondo estatal Corvinus no supondría un problema por la potencial ayuda de estado incompatible con el régimen comunitario.