El negocio de 'delivery' de Dani García aflora 12 M de deuda y un centenar de acreedores

La administración concursal de La Gran Familia Mediterránea (LGFM), el negocio de delivery de Dani García, ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga que tramita el concurso el informe en el que desvela que la sociedad arrastra un pasivo de 12,2 millones de euros y unas pérdidas acumuladas de casi 16 millones de euros.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial, La Gran Familia Mediterránea nunca ha dado beneficios desde su puesta en marcha en 2020, el año de la pandemia. En ese ejercicio, la compañía logró unas ventas de casi un millón de euros, pero registró pérdidas por valor de 707.366 euros. Aunque en 2021 y 2022 la facturación aumentó considerablemente (6 y 9,5 millones, respectivamente), la compañía ahondó en sus pérdidas hasta registrar números rojos por valor de 3,9 millones y 9,7 millones en cada ejercicio. En 2023, último año de actividad, la facturación fue de 3,9 millones, con un resultado negativo de 2,5 millones.

La concursada explica en sus escritos al juzgado que la quiebra del negocio se debe a la suma de varios factores: fuerte inversión en diseño y fabricación del packaging propio de los productos, grandes inversiones en publicidad y un target de audiencia, entre los 16 y los 35 años, que cuando terminaron las restricciones priorizó el consumo exterior frente a la comida a domicilio. A ello se ha sumado que la Gran Familia Mediterránea tenía un ticket más alto y no competía con otras opciones de bajo coste a domicilio.

Pocos meses después de su puesta en marcha, la sociedad amplió capital para acoger a nuevos inversores, quedando el accionariado repartido entre la matriz del Grupo Dani García (75%), el fondo K Fund (21,87%), Cool Moon (1,25%), el fondo Viriditas (1,25%) y José Ovidio Marín Salcedo (0,62%). A fecha del concurso, esos porcentajes variaron y el negocio estaba controlado por otra sociedad de Dani García (54,60%), K Fund (24,65%), Vibs Media (0,84%), Viriditas (1,17%), Ignacio Arriola (1,76%), José Ovidio Marín (1,75%) y el fondo GP Bullhound (15,79%).

Los socios son los que han dado oxígeno a la empresa estos años con fondos por valor de 13,9 millones desde el inicio del negocio

Según los datos recogidos en el informe, los socios son los que han dado oxígeno a la empresa estos años con fondos por valor de 13,9 millones de euros desde el inicio del negocio, sumado 2,4 millones del grupo por asunción de deudas con entidades de crédito.

El informe de la administración concursal, firmado por el despacho Galacho del Castillo, pone de relieve que la contabilidad del negocio está "desactualizada" y apunta que no están presentadas las cuentas de 2022 ni 2023, así como sus respectivas auditorías. No obstante, la compañía "está procediendo al registro y puesta al día de la contabilidad" a requerimiento del administrador concursal.

La administración concursal también apunta a la imposibilidad de elaborar un inventario de la masa activa de la sociedad por "la dispersión del mobiliario y maquinaria de todas las cocinas desmontadas que se encuentran apiladas en dos naves", una en Jaén y otra en Marbella; la existencia de cocinas que aún se encuentran instaladas en los locales que fueron arrendados y a las que la administración no ha podido acceder por la negativa de los propietarios; y la falta de tesorería para acometer las labores de desmontaje, limpieza y traslado de todo el mobiliario a una misma nave.

La Gran Familia Mediterránea también afronta algo más de una decena de procedimientos judiciales, tanto civiles como laborales

La Gran Familia Mediterránea también afronta algo más de una decena de procedimientos judiciales, tanto civiles como laborales. Los más relevantes son una reclamación de 297.178,55 euros de Webedia España y otra de algo más de un millón de euros presentada por Makro por impagos de suministros. Ambas están pendientes de resolución.

Un centenar de acreedores

El informe de la administración concursal incluye una lista completa de los acreedores reconocidos en el concurso, un total de 126, tanto personas físicas como jurídicas.

El mayor acreedor es Dix, una empresa dedicada a proveer profesionales para las cocinas del servicio de delivery, que tiene reconocida una deuda de 5,8 millones y que fue la que instó el concurso de la compañía. El 50% de este crédito, al ser el de la sociedad que instó el concurso, está clasificado como crédito privilegiado, tal y como marca la ley. No obstante, la administración concursal apunta en su informe que esa calificación podría verse afectada en el caso de que Dix se vea afectado por la sentencia que se dicte en la pieza de calificación del concurso.

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Javier Melguizo

Dix, que tenía un contrato de colaboración firmado con LGFM desde 2002, fue quien logró que el juzgado mercantil declarase el concurso de La Gran Familia Mediterránea el pasado mes de febrero, tras solicitarlo en junio del año pasado. Otro acreedor también lo instó en noviembre y poco antes, en septiembre, hizo lo propio la compañía. La jueza acordó acumular los procesos y declaró el concurso necesario de la sociedad. La empresa proveedora de profesionales para las cocinas decidió llevar a concurso a la compañía ante los impagos de La Gran Familia Mediterránea, que empezaron a producirse en agosto de 2022.

En el listado de principales acreedores le siguen otras sociedades del Grupo Dani García como Rima Holdco (503.459,24 euros), Climax Gastronómico (2.943.404,60 euros) y Alegoría Gastronómica (273.640,36 euros). También tienen créditos relevantes Webedia (245.602,11 euros) y Glovo (411.329,37 euros).

Calificación del concurso

La Ley Concursal obliga a que se abra pieza de calificación en todos los concursos de acreedores para determinar si la quiebra es imputable a sus administradores (concurso culpable) o si obedece a factores externos no atribuibles a éstos (concurso fortuito).

La decisión final corresponde a la jueza del concurso, que antes de tomar una decisión debe escuchar al administrador concursal, a los acreedores que pueden opinar y a la propia concursada. Todos ellos deben emitir informes en los que hagan una propuesta argumentada de cómo debe calificarse el concurso. La única propuesta de calificación la ha presentado Dix, el mayor acreedor, que pide que el concurso sea declarado culpable. La administración concursal todavía no ha presentado su informe.

La calificación culpable del concurso no tiene consecuencias penales, pero sí civiles. Los administradores pueden ser obligados a asumir responsabilidades económicas de la compañía o ser inhabilitados para ser administradores de otras empresas, por ejemplo. La subasta de los activos de la compañía correrá a cargo de la entidad especializada IAG Auction.