Aznalcóllar (Sevilla) volverá a tener una explotación minera en el año 2027

El municipio sevillano de Aznalcóllar, a unos 30 kilómetros al norte de la capital andaluza, volverá a ser un pueblo minero, actividad que dio origen a este asentamiento hace más de dos mil años. Esta industria ha dado a sus 6.000 habitantes lo mejor y lo peor de su historia, tanto por la riqueza y empleo que ha generado tradicionalmente su explotación, como también por protagonizar hace 26 años el mayor desastre ecológico ocurrido en Europa.

El 25 de abril de 1998, el derrumbe de una balsa llena de residuos tóxicos provocó un vertido de más de seis millones de metros cúbicos de esos lodos al río Guadiamar (uno de los principales afluentes del Guadalquivir antes de su desembocadura) creando una riada mortal de agua y barro con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados.

La rápida intervención de las administraciones evitó una mayor catástrofe con la creación de diques de contención en las afueras del Parque Nacional de Doñana, pero no pudo evitar la muerte de miles de aves, peces y ganadería afectados por el lodo: se retiraron 30 toneladas de animales muertos. Más de 500 camiones y 1.600 personas (cuatro fallecieron en accidentes durante esas obras) trabajaron contrarreloj en esta tragedia.

Tras aquel desastre, la paralización de la actividad minera ha llevado a Aznalcóllar a la pobreza durante más de dos décadas, aún más duras, sabiendo que bajo sus plantas pasa la famosa Faja Pirítica Ibérica, que contiene la mayor reserva de metales de Europa y uno de los mayores del mundo.

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En el año 2013, y ante la presión no solo de los vecinos, sino también de las multinacionales del sector, la Junta de Andalucía decidió sacar a concurso la actividad de la reserva minera de Aznalcóllar y un año después, en 2014, la adjudicó a Grupo México asociada a la firma cordobesa Magtel.

Aquella adjudicación fue recurrida en los tribunales por la firma perdedora, Emerita Resources, que acusó a la Junta de numerosas irregularidades que han llevado al banquillo a 16 personas (incluido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández), cuyo juicio se verá en marzo de 2025.

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Desde 2015, Grupo México lleva nueve años realizando todo tipo de estudios, sondeos y trámites administrativos para abrir una explotación que no será la reapertura de la ya existente, sino una mina completamente nueva y que será subterránea. De hecho, estará situada debajo de una de las dos grandes cortas existentes al aire libre, la denominada Los Frailes, que da nombre al nuevo proyecto.

Se trata de una mina en la que Grupo México invertirá más de 450 millones y que espera tener, al menos, 17 años de actividad para extraer más de 70 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, especialmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata.

Hasta la fecha, la multinacional ha invertido ya 50 millones de euros para desarrollar tanto los estudios iniciales como la planificación del proyecto industrial, así como las primeras grandes contrataciones, entre ellas la gran planta de tratamiento mineral, adjudicada a la firma de ingeniería vasca Idom.

Sin embargo, el mayor problema al que se ha enfrentado hasta la fecha Grupo México han sido las fuertes garantías impuestas por la Junta de Andalucía para evitar ningún tipo de afección ambiental, especialmente tras los antecedentes en la región. Las medidas exigidas por la administración regional han sido muy superiores a la ya estricta legislación europea (que se endureció precisamente tras el vertido de Aznalcóllar).

El punto crítico se ha encontrado en el tratamiento de los residuos. La mayor parte del mineral no útil será reinsertado en la mina para rellenar las cámaras que se crearán y darle estabilidad al yacimiento subterráneo, pero había que concretar especialmente cómo se trataría el agua y dónde se vertería.

Las propias administraciones decidieron evitar que las aguas usadas en la mina se vertieran al río Guadiamar, que atraviesa el corazón de Doñana, para evitar nuevas reticencias de Europa al cuidado de esta joya medioambiental. Por ello, reclamaron a Minera Los Frailes que el vertido de las aguas, una vez tratadas en una planta, se realizara al río Guadalquivir, a la altura de la capital andaluza.

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Tras este requerimiento, Grupo México ha anunciado que invertirá más de 100 millones de euros en ese proyecto. En concreto, ya ha preadjudicado su planta de tratamiento de aguas por 50 millones de euros a Aqualia Industrial, que tendrá un plazo de año y medio para construirla.

Por otra parte, ya tiene ultimado el proyecto de conducciones de las aguas ya tratadas hasta el río Guadalquivir, situado a unos 30 kilómetros. Lo hará mediante unas tuberías que se construirán a 2,5 metros de profundidad bajo un antiguo corredor ferroviario que llega desde Aznalcóllar hasta Sevilla, donde se verterán las aguas a la altura del Estadio de la Cartuja (en la orilla opuesta).

Sin embargo, este proyecto ha levantado la oposición de varios colectivos ecologistas, secundados por algunos partidos políticos en el Parlamento andaluz, que han alertado de la "grave amenaza" que supone el vertido de las aguas al río con metales pesados.

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Esta alarma ha obligado en los últimos días a Grupo México a hacer un despliegue informativo tanto ante la Prensa como ante posibles colectivos afectados para negar taxativamente esa amenaza y ofrecer datos que demuestren que el agua que llegará al Guadalquivir estará muy por debajo de los parámetros de contaminación que exige la Ley.

Esta misma semana, el director de Operaciones de Minera Los Frailes, Miguel Ángel González, acudió con parte de su equipo a la asamblea de los arroceros del Guadalquivir (la mayor productora de España) para explicar en persona los datos científicos y desmentir la denuncia pública de los ecologistas. Además, han propuesto a la Junta un sistema de control diario en tres puntos del río para demostrar la calidad de sus vertidos.

Por su parte, la administración andaluza, que aprobó el pasado mes de octubre el Dictamen Ambiental Positivo del nuevo proyecto, no encuentra ya ningún obstáculo administrativo para aprobar definitivamente la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que prevé anunciar en los próximos días. "El agua que van a echar al Guadalquivir es más limpia que la que tiene el propio río", llegan a reconocer.

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Esta aprobación será responsabilidad de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, cuyo titular es Ramón Fernández-Pacheco, que temporalmente es también responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que es el departamento al que le ha tocado certificar que el tratamiento de aguas de la mina es correcto.

Una vez concedida la AAU será la Consejería de Industria, Energía y Minas la que otorgue el permiso de actividad. Este departamento está dirigido por Jorge Paradela, quien se ha mostrado desde su llegada al Gobierno de la Junta muy favorable a la apertura de esta mina si cumple con la legislación. De hecho, la Consejería tiene ya redactado los documentos de la licencia a falta de incorporar la AAU, lo que agilizará su trámite a apenas unos días, de manera que la nueva mina de Aznalcóllar podría estar aprobada este mes de julio.

Plazos de tres años

Sin embargo, aún faltan tres años para el comienzo de su explotación, por lo que no habrá mineros hasta el año 2027. Esto es debido a que, en el momento que Grupo México tenga los permisos, se enfrenta, primero, a los 18 meses (año y medio) que tardará en construir la planta de tratamiento de aguas y las canalizaciones de 30 kilómetros hasta Sevilla, y posteriormente, a otro plazo de unos 18 meses (otro año y medio) para vaciar los 17 hectómetros cúbicos (17.000 millones de litros) de agua existente ahora en las dos grandes cortas al aire libre, llamadas Aznalcóllar y Los Frailes.

En ellas se ha ido acumulando desde el año 2014 el agua sin tratar, ya que la Junta de Andalucía dejó de hacerlo hace una década. De hecho, el propio Grupo México ha advertido que si no se extrae ese líquido que está en contacto con los minerales podría rebosar en unos diez años, provocando otra catástrofe ecológica.

Grupo México es una filial de Américas Mining Corporation, la primera compañía del mundo en reservas de cobre y la cuarta en la producción de este material, con minas en EEUU, Perú y México. La mina de Aznalcóllar es la primera incursión en Europa de esta compañía, pero podría no ser la única o la última. De hecho, la firma sigue de cerca la evolución de su vecina

Nuevas inversiones en la zona

Cobres Las Cruces, en el municipio contiguo de Gerena: este yacimiento de cobre (el mayor a cielo abierto de Europa) ha sido operado durante 16 años por la multinacional canadiense First Quantum, que ahora tiene sobre la mesa un proyecto de una nueva mina subterránea para alargar la vida de esta explotación.

Sin embargo, los problemas de esta compañía en Panamá, cuyo Gobierno ha nacionalizado su mayor mina, le ha obligado a replantearse sus inversiones y a poner en venta su yacimiento sevillano para hacer caja. De momento, ya han mostrado interés varias empresas, entre ellas Grupo México.

Esta multinacional también sigue de cerca los sondeos que está realizando también en Aznalcóllar la firma de exploración minera Pan Global Resources, que ha confirmado la existencia de otras bolsas de minerales en la zona, en plena Faja Pirítica, que podrían ser explotadas como nuevas minas.

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El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), es un antiguo minero que lleva años luchando por la vuelta de esta industria a la localidad, de unos 6.000 habitantes, que a partir de 2027 podría revivir. De momento, el proyecto de Minera Los Frailes prevé la creación de unos 2.000 empleos.