España anula en Suecia un laudo que obligaba a pagar 48 M por el recorte a las renovables

Nueva victoria para España por los recortes a las primas de las energías renovables. El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) ha anulado el laudo dictado por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC, por sus siglas en inglés) que condenaba al país a indemnizar con 48 millones de euros a dos fondos del gestor de infraestructuras Foresight en Luxemburgo, dos de la italiana GWM Renewable Energy y Greentech Energy, en la actualidad Athena Investment. Las tres compañías habían invertido en parques fotovoltaicos en España.

En una resolución dictada el 28 de junio, el tribunal sueco da la razón a España y anula el laudo tras considerar que resulta aplicable la objeción intra-EU en arbitrajes de inversiones al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Esta objeción sostiene que no es posible dirimir en este tipo de arbitrajes una reclamación de una sociedad de un Estado miembro contra otro Estado miembro, y cita el ejemplo del caso Komstroy. En este procedimiento, el departamento de Arbitrajes Internacionales de la Abogacía del Estado ha contado con la ayuda del despacho sueco Vinge.

La justicia sueca, a diferencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial —donde se dirimen el grueso de arbitrajes por las renovables— sí acoge la objeción intra-EU que España siempre alega para defender la ilegalidad de estos arbitrajes.

De hecho, de los cuatro laudos que España ha logrado anular hasta la fecha, tres han sido en Suecia. La primera anulación, el laudo Eiser valorado en 128 millones, fue anulado por el Ciadi después de que España destapase un conflicto de interés de uno de los árbitros.

A la espera de Bruselas

Hasta la fecha, España todavía no ha abonado ninguna indemnización. El Estado defiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los arbitrajes intra-UE son ilegales, y cita los casos de Achmea y Komstroy, en los que se concluyó que este tipo de arbitrajes en los que se invoca el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) —del que España y otros países europeos está en fase de salida— son incompatibles con el derecho comunitario.

El Estado también señala que Bruselas le ha ordenado no pagar ningún arbitraje hasta que termine la investigación que tiene abierta para determinar si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea.