El Ibex espera otra reclamación millonaria de Hacienda por las ayudas fiscales a inversiones navales

Las victorias de grandes empresas del Ibex-35 y otros grupos no cotizados ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) por el conocido como tax lease —un esquema de ayudas fiscales para inversores que apoyaron al sector naval hace más de una década— no supone el fin de la guerra a favor del sector privado.

Fuentes empresariales y jurídicas implicadas en el caso dan por hecho que Hacienda pronto volverá a la carga con nuevas reclamaciones derivadas del régimen de arrendamiento fiscal español (SEAF) y admiten que lo más probable es que el fisco acabe engrosando las arcas públicas por esta causa.

Por eso, las últimas victorias cosechadas en los tribunales por inversores como el Banco Santander a principios de junio, son solo un punto y aparte, pese a que no habrá recursos de la Abogacía del Estado y los fallos serán firmes.

El tax lease fue un régimen fiscal ideado por el Gobierno español en 2002 que otorgaba bonificaciones fiscales a aquellas empresas que apostaron por el sector naval. De él se beneficiaban los inversores, que recibían deducciones en el impuesto de Sociedades; los propietarios finales de los buques, que los compraban a precios más asequibles; y los astilleros, que recibían encargos que de otra forma no tendrían.

Este esquema fiscal fue impugnado por la Comisión Europea una década después, al considerar que se trataba de ayudas de Estado incompatibles con el mercado comunitario. El dosier lo inició la comisaria de Competencia Neelie Kroes y lo remató años más tarde su sucesor, Joaquín Almunia. La cuestión generó gran revuelo en el sector, que acusó al socialista español de liderar una reclamación que podría dañar el tejido industrial nacional y provocar deslocalizaciones. Por eso, Almunia limitó la penalización a los inversores -excluyendo a los astilleros y a los propietarios de los buques-, que fueron los únicos obligados a devolver las ayudas.

Las empresas, muchas de ellas multinacionales, no se quedaron de brazos cruzados y se pusieron en manos de los mejores bufetes de abogados para tratar de frenar dichas recuperaciones de ayudas. Primero ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y posteriormente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el órgano supremo a nivel comunitario, lograron decantar la balanza a su favor.

La cuestión generó gran revuelo en el sector, que acusó al socialista de liderar una reclamación que dañaría el tejido industrial nacional

Este sistema afectaba a las principales empresas del Ibex y a otros grandes grupos. Banco Santander, Inditex, Telefónica, BBVA, Santander, CaixaBank, Naturgy, Banco Sabadell, Unicaja, Ibercaja o Abanca son solo algunos ejemplos del nivel de multinacionales afectadas. Pero hay alrededor de 75 empresas españolas implicadas en este asunto.

La victoria en el TJUE, que desactivaba las reclamaciones de Hacienda, se debía a que el fallo admitía que no estaban bien identificados los beneficiarios, ya que se excluyó a los propietarios de los buques, que pusieron su capital a través de Agrupaciones de Interés Económico (AIE), un esquema muy utilizado en sectores necesitados de apoyo como el cine y otros. La justicia europea cree que estos inversores deberían haber sido incluidos en la categoría de los que deberían devolver las ayudas recibidas.

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Por esa mala identificación, el TJUE tumbó las reclamaciones. Sin embargo, las fuentes empresariales y jurídicas consultadas admiten que la resolución confirmaba que la ayuda de estado del sistema SEAF era una ayuda de estado incompatible con el mercado interior. Por ello, se da por hecho que, tarde o temprano, la Comisión Europea elaborará una nueva decisión, identificando correctamente a los beneficiarios del tax lease, y de esa forma la Agencia Tributaria podrá dictar nuevas liquidaciones sobre el impuesto de sociedades para recuperar impuestos. Apuntan que los representantes de la Comisión apuntaron a esa nueva decisión en las vistas del juicio en el TJUE, que finalizó en febrero de 2023.

Eso sí, como muchos de los titulares de los buques están fuera de España, algunos en jurisdicciones de fiscalidad laxa y opaca, Hacienda lo podría tener difícil para culminar con éxito sus reclamaciones.

La cuantía total es indeterminada. Hace una década el Gobierno cifró las ayudas a recuperar hasta entonces en 126 millones de euros. Sin embargo, a esa cifra habría que añadir todos los créditos fiscales latentes no aplicados en esos momentos, según explican inspectores de Hacienda. De esta manera, a las ayudas de las que se han beneficiado habría que sumar la que aún están por cobrarse y que podrían cancelarse.

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La duda ahora es cuándo podrá activarse este proceso. Sin embargo, fuentes legales presentes en las reclamaciones creen que antes de final de año el proceso podría ponerse en marcha. Ahora puede pesar la transición en la Comisión Europea, que tendrá que formar nuevo Ejecutivo después del verano.

Además de este caso, para grandes empresas de Ibex-35 aún colea el caso del fondo de comercio, una cuestión que se reduce a un pequeño grupo de grandes empresas (Santander, Iberdrola, Telefónica, Ferrovial o Abertis) pero cuyo montante global se puede elevar hasta los 8.000 millones de euros. También se trata de un caso por un esquema de ayudas fiscales a la compra de empresas en el extranjero que se activó en 2002. La pelea entre empresas y Hacienda seguirá por todo lo alto.