Relevo en la dirección de Seguridad de Iberdrola tras la salida de un directivo clave

Cambio de gran calado en Iberdrola. Francisco 'Patxi' Blázquez, el jefe de Seguridad de la compañía en España, ha comunicado su próxima salida del grupo eléctrico al acogerse al programa de prejubilación que permite a los directivos abandonar su actividad a los 58 años, según apuntan fuentes próximas al directivo.

Blázquez ha hecho carrera en la eléctrica velando por la seguridad del presidente, Ignacio Sánchez Galán, de las juntas generales de accionistas y de la infraestructura de la eléctrica, incluida la protección contra ciberataques. Estas fuentes agregan que su marcha obedece también a la escasa afinidad con José Miguel Gordillo, el coronel de la Guardia Civil encargado de la seguridad global desde hace dos años.

Blázquez comunicó en la mañana de este martes a los cerca de cien empleados de su área que dejará sus funciones en septiembre, tras veinte años en Iberdrola. Una decisión que se produce después de que la compañía sufriera recientemente un nuevo ciberataque que puso en jaque los datos de miles de clientes de la eléctrica. Fuentes conocedoras de su decisión le desvinculan de este caso, por el que la compañía ha abierto una auditoría con el fin de investigar por donde se colaron los hackers en su base de datos.

Aseguran que se trata de una coincidencia temporal porque Blázquez cumple los 58 años en septiembre, momento a partir del cual puede acogerse a los planes de prejubilación. Su sustituto será Manuel Martínez, que actualmente se encargaba de la seguridad en Brasil, que tiene cerca de 63 años.

La decisión que se produce después de que la compañía sufriera un nuevo ciberataque

El casi ya ex directivo, que se encargaba también de supervisar la vigilancia de la finca de Galán en Salamanca, donde suele pasar los fines de semana, fue el hombre de confianza del ex jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, el único ejecutivo o exejecutivo de Iberdrola que todavía está imputado por el caso Villarejo.

El pasado mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, propuso juzgar al excomisario José Manuel Villarejo y a Asenjo, al tiempo que declaró a la compañía y la Administración del Estado como responsables civiles en la pieza en la que se han investigado una decena de encargos irregulares a Cenyt, la empresa del expolicía, entre 2004 y 2011.

El auto en el que se ordena el pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 17 del denominado caso Tándem, el juez pide procesar también al socio de Villarejo en Cenyt, Rafael Redondo. El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. En su auto, el juez señala al Grupo Iberdrola y a la Administración General del Estado como responsables civiles y da traslado a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación.

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Blázquez fue uno de los responsables de Seguridad que tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a declarar por este caso. Asimismo, fue uno de los investigados internamente por el área de compliance, que encargó un forensic interno a PwC. La consultora entrevistó al directivo, que se desvinculó de la contratación de Villarejo, pero no a Asenjo, al que no fue capaz de localizar pese a hacer hasta cinco requerimientos.

El exejecutivo, hombre de confianza de Galán durante dos décadas y que se fue "voluntariamente" de la compañía con una indemnización de 1,6 millones por "perdida de confianza", asumió en la Audiencia Nacional toda la responsabilidad de los encargos al comisario, su contratación mientras estaba en activo en la Policía y la confección de las presuntas facturas falsas empleadas para pagar sus servicios. Su salida la negoció en la propia vivienda privada del presidente.

En los últimos años, Iberdrola ha reforzado su seguridad con varios miembros del CNI

Aunque Blázquez asumió la dirección global de seguridad, la compañía nunca le reconoció sus galones de forma oficial. En julio de 2022, Iberdrola fichó a José Miguel Gordillo, un coronel de la Guardia Civil destinado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), especializado en la lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Gordillo ha tratado de reorganizar un área vital para una compañía que, como otras eléctricas, sufre continuos ataques de organizaciones ecologistas, así como intentos de sabotaje de su red. Pero lo que nunca ha podido conseguir es tener una relación fluida con su antecesor.

En los últimos años, Iberdrola ha reforzado su seguridad con varios miembros del CNI. Además de Gordillo, la mayor eléctrica española cuenta también con Félix Sanz Roldán, el que fuera el director general del organismo estatal durante diez años, hasta 2019. Lo fichó en 2020, tras la investigación por Villarejo, como asesor de su consejo internacional, con un sueldo anual de 240.000 euros.