La Justicia de Bélgica embarga 32 millones de España por el impago a las renovables

Golpe de la justicia belga al Reino de España. Un juez ha embargado 32 millones de euros de España para pagar a un fondo de inversión que reclamaba ejecutar en ese país una victoria arbitral en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, por el recorte a la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno en plena crisis financiera.

Tras invocar varios artículos del código penal belga, el juez ha reconocido una petición solicitada por Blasket Renewable Investments, que compró los derechos de cobro del laudo ganador del caso Infrared, filial de inversión del banco británico HSBC.

Este es solo uno de los arbitrajes a los que se enfrenta España por haber modificado retroactivamente las primas y subsidios que había prometido a los inversores en energías renovables. Estos recortes, que se iniciaron por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y se agravaron con el de Mariano Rajoy a partir de 2012, provocaron que numerosos inversores extranjeros llevaran sus disputas tanto al Ciadi como a otros foros de arbitraje internacional, argumentando que estas modificaciones violaron los acuerdos de protección de inversiones y causaron pérdidas significativas.

En el caso concreto de Infrared, los inversores lograron en la corte arbitral del Banco Mundial que les reconocieran el pago de 28 millones de euros por el recorte a las primas renovables aplicadas por el Gobierno español hace más de una década. A ello, la justicia belga añade otros cuatro millones de euros por los intereses de demora generados desde que se dictaminó el fallo arbitral en 2020.

Un juez ha embargado 32 M de España para pagar a un fondo de inversión que reclamaba ejecutar en ese país una victoria arbitral en el Ciadi

De este modo, la justicia belga responde a una solicitud presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio.

España se opondrá al embargo

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica son conscientes del asunto: "El fondo americano, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación del Reino de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, ha solicitado la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas, instando al embargo de los derechos de crédito que Enaire, entidad encargada de prestar servicios de navegación aérea, ostenta frente a Eurocontrol, organismo internacional".

"El Reino de España no ha sido notificado de dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del mencionado laudo arbitral, subrayan desde el Gobierno, que añade que "para su defensa, el Reino de España se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional.

El Gobierno asegura que los derechos de crédito de Enaire frente a Eurocontrol, organización internacional, son inembargables

El activo solicitado por el inversor a la justicia belga han sido los pagos que regularmente tiene que hacer Eurocontrol a Enaire por la gestión del espacio aéreo español. Los inversores quieren ejecutar estos 32 millones de euros, pero se encuentran a la espera de posibles recursos de la Abogacía del Estado, que defiende a España, y que tratará de frenar el desembolso. Enaire es un organismo adscrito al Ministerio de Transportes, a cuyo cargo se encuentra Óscar Puente.

El fallo del juez Degreef concluye que "el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado". Considera asimismo que "no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables". Añade, de hecho, que “nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores”.

Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros. Fuentes al tanto del caso señalan que este fallo de la justicia belga podría sentar un precedente para los otros 26 laudos que condenan a España y que suponen una indemnización global de más de 1.560 millones de euros.

Fuentes del Gobierno, sin embargo, matizan estas cifras. "España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales" sostienen. "Sobre reclamaciones de a 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.515 millones". "Tras la aprobación de medidas compensatorias en 2019, se han frenado las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente". "No se ha ejecutado ningún laudo y es necesario iniciar nuevos procesos en los tribunales nacionales donde los inversores han solicitado el embargo de bienes españoles".

Enaire cobra casi 600 M al año de Eurocontrol

Desde el lado de los inversores que tratan de embargar bienes de España explican que "Enaire es el ente encargado de la gestión de la navegación aérea en España. Está certificado para la provisión del servicio de control del tráfico aéreo, para la facilitación de información aeronáutica y de redes de comunicación, para el seguimiento de la navegación y la vigilancia de la operativa de las aerolíneas y sus aeronaves, etc."

“Por lo tanto, su tarea es fundamental para que los aviones puedan moverse de manera segura y organizada dentro del espacio aéreo del Reino de España. Con aproximadamente 2 millones de vuelos al año, Enaire gestiona 2,2 millones de km² de espacio aéreo desde cinco centros de control aéreo y 21 torres de control”.

"Asimismo, la compañía posee el 51% de Aena, el mayor gestor aeroportuario del mundo, y cuenta con 46 aeropuertos que gestionan un tráfico anual de más de 200 millones de pasajeros. A lo largo del ejercicio financiero 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros, de modo que el saldo mensual promedio de la cuenta española ronda los 50 millones de euros", concluyen.

Nuevo embargo contra España

Esta no es la primera vez que un país extranjero de máxima seguridad jurídica reconoce un embargo contra España por el recorte a las renovables. Los inversores están tratando de cobrar por varias vías. Así, los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

"Esta decisión de la justicia belga llega tras dos pronunciamientos recientes en los que los tribunales de Suiza y Alemania han fallado igualmente contra España en relación con diversos aspectos relacionados con los impagos. Por otro lado, y además de Reino Unido, la Corte Suprema de Australia ha abierto la puerta a confiscar bienes del Reino de España por este mismo motivo. Finalmente, en Estados Unidos están en marcha una decena de procedimientos judiciales por el mismo motivo. En el caso más relevante de todos, que afecta a la empresa NextEra, la primera vista oral tuvo lugar el pasado mes de febrero. A lo largo de la sesión, la justicia del país norteamericano tomó una posición muy crítica con la posición de España", señalan fuentes de los inversores.

Pese a todo, Blasket y otros demandantes reiteran su voluntad de negociar con el Gobierno español para poder llegar a una solución amistosa. Algo que por ahora no se ha dado, ante la negativa del Ejecutivo español a esta vía. Hasta la fecha, la abogacía del Estado está tratando de neutralizar la ofensiva de los inversores.

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Álvaro Zarzalejos

De hecho, lo está logrando en los tribunales de Suecia, donde ya se han anulado varios arbitrajes interpuestos ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. La cuestión, sin embargo, ha llamado la atención también del Ministerio de Economía. El actual ministro, Carlos Cuerpo, solicitó informes jurídicos cuando era secretario general del Tesoro para conocer qué afectación podría tener en la financiación pública, dado que los inversores también han invocado el default de varios títulos de deuda pública, alegando de nuevo el impago a los compromisos arbitrales con las renovables.

"La decisión del tribunal belga coincide con el esperado traslado a Bruselas de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, de quien se espera que presente su candidatura a formar parte de la próxima Comisión Europea. Ribera ha insistido hasta la fecha en bloquear cualquier acuerdo con los acreedores, agravando un problema que se originó bajo gobiernos anteriores y dejando a España en una situación muy delicada, como ponen de manifiesto los embargos autorizados por los tribunales británicos y belgas. Ante su posible salto a Bruselas, las empresas afectadas consideran vital que Ribera facilite un acuerdo que despeje la situación, evite nuevos embargos y despeje las dudas sobre su compromiso con los inversores en renovables", señalan los inversores que litigan contra España.