El Gobierno pierde el apoyo del PNV y no podrá cronificar el impuesto energético

El gravamen temporal que el Gobierno de Pedro Sánchez impuso a las grandes energéticas en 2022 podría decaer al terminar este ejercicio 2024. Fuentes del PNV aseguran a El Confidencial que no apoyarán el plan del Ejecutivo socialista de hacer permanente esta tasa, que supone unos ingresos de cerca de 1.500 millones de euros al año para Hacienda. La medida podría suponer la pérdida para las arcas públicas de otros alrededor de 1.500 millones que también aportan las grandes entidades bancarias. 3.000 millones anuales en total.

Sin el concurso del grupo jeltzale, y la incertidumbre de que otros partidos como Junts per Catalunya apoyen el denominado por el sector como 'impuestazo', el tributo dejaría de aplicarse en 2025. Este mismo miércoles, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, insistió en que hay motivos para pensar que el gravamen especial para las energéticas y banca creado hace dos años por el Gobierno "está empezando a ser cosa del pasado".

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre de la compañía, el CEO de la energética que más paga por este impuesto (444 millones en 2023 y 335 millones de euros este 2024) se reafirmó en su posición de que el denominado 'impuestazo' es "injusto e ilegal" y será revertido en la vía judicial.

El que fuera presidente del PNV hasta entrar en Petronor (controlada por Repsol) consideró que desde finales del año pasado ya se perciben señales, tanto desde Bruselas como a nivel político en España, de que "no hay razón" para mantener este gravamen, ya que la prioridad debe ser la inversión en la transición energética.

El gravamen temporal a energéticas se estableció para dos años: pagar en 2023 y 2024 basándose en los ingresos de 2022 y 2023. Sin embargo, el Ejecutivo lo prorrogó durante un año más, este 2024. El PSOE y Sumar pactaron en el acuerdo de legislatura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno y a Yolanda Díaz en vicepresidenta segunda del Ejecutivo prorrogar este gravamen.

No obstante, el real decreto 8/2023, ya con el Gobierno en plenas capacidades, advertía que la idea del Ejecutivo era introducir un incentivo a la inversión verde, que permitiría deducirse parte de este tributo.

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"Se prorroga a 2024 la aplicación de los gravámenes aprobados por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias, sin perjuicio del establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024 y de la revisión de la configuración de ambos gravámenes para su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 y se concertarán o conveniarán, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra", decía el decreto anticrisis de final del pasado año.

Sin embargo, la elaboración de los presupuestos de 2024 decayó por la falta de apoyo parlamentario, lo que obligó a prorrogar los de 2023. El Gobierno tiene la posibilidad de incluir este cambio en cualquier otra norma de rango legal, pero los apoyos para sacar reformas cada vez son más inciertos. Prueba de lo anterior fue la falta de apoyo de Podemos a la modificación del subsidio por desempleo o el rechazo de Junts a la senda de déficit para los presupuestos de 2025 de esta misma semana.

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Eso significa que de no apoyar la integración del 'impuestazo' en el sistema tributario para hacerlo permanente decaería. Sin embargo, si no se incluye el incentivo a las inversiones verdes, las energéticas deberán pagar el gravamen por este año en 2025 sin deducciones, algo que ya barruntaban las empresas.

En el mercado señalan la ascendencia que tanto Repsol como Iberdrola (primer contribuyente de la hacienda foral vasca) sobre el PNV puede haber sido determinante en el rechazo del partido liderado por Andoni Ortuzar y Aitor Esteban a prorrogar la tasa energética. Sin embargo, también advierten que Endesa y Naturgy, otras de las firmas afectadas por el gravamen, podrían presionar a Junts per Catalunya para que se oponga.

Endesa es la primera eléctrica de Cataluña desde que compró Fecsa (Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA). Cuenta con todas las redes de distribución de este territorio e importantes activos de generación como las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, situadas en Tarragona, donde se acumulan tres de los siete reactores atómicos que hay activos en España. Por otro lado, Naturgy, cuyo primer accionista es el holding catalán Criteria Caixa, es la principal gasista a nivel nacional y tiene su origen también en Cataluña, donde se fundó como Catalana de Gas en 1843.

La cuestión afecta también al sector bancario de manera directa y ahí también hay potentes entidades financieras arraigadas tanto al País Vasco (BBVA) como a Cataluña (CaixaBank).