El juez rechaza reestructurar Beatriz Hoteles: "No es insolvente por la voluntad de un acreedor"

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la homologación de un plan de reestructuración presentado por un acreedor de la cadena hotelera Beatriz, que cuenta con un hotel en Toledo, otro en Albacete y otros dos en Lanzarote, para homologar un plan de reestructuración de 40 millones de euros alegando que la hotelera se encontraba en estado de insolvencia, algo que el juez rechaza, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial. La homologación fue presentada por la sociedad luxemburguesa Meru, vehículo del fondo de inversión Blantyre.

En concreto, el plan de reestructuración afectaba a Inparsa, la sociedad de la hotelera que gestiona los hoteles Beatriz Costa y Beatriz Playa en Lanzarote. Meru es el único acreedor del primer hotel con un crédito de 17 millones y tiene otra posición de 7 millones en el segundo hotel.

El origen del conflicto está en la venta de una participación mayoritaria de la hotelera al fondo GuideBridge, operación que culminó hace un año. Tras este movimiento, Meru presentó en los juzgados una solicitud de homologación de un plan de reestructuración en el que alegaba que, tras el cambio de control accionarial, se habían activado "supuestos de amortización anticipada obligatoria" que no estaban siendo atendidos por la hotelera, por lo que se encontraba en un estado de insolvencia actual.

"No puede llegarse a la conclusión de que existe insolvencia actual por la sola voluntad o interpretación de los acreedores", señala el juez, que recuerda que un vencimiento como el alegado, que es una cláusula contractual, tiene un contenido y alcance jurídicos que es sujeto de interpretación. A este respecto cabe señalar que Inparsa defiende que esa cláusula, incluida en el contrato inicial de 2012, no existe tras las novaciones del mismo hechas en 2015 y 2020. "Resulta aventurado concluir que existe un sobreseimiento generalizado de los pagos que procede del vencimiento anticipado declarado unilateralmente por los acreedores", concluye. Inparsa ha estado asesorada en el proceso por De Carlos Remón y ha acreditado su solvencia con una auditoría de Eudita.

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La ley permite a los jueces desestimar las solicitudes de homologación de planes de reestructuración en los casos en los que de la documentación presentada se deduzca "manifiestamente" que no se cumplen los requisitos marcados por la ley. A la hora de presentar la solicitud de homologación de un plan de reestructuración se puede hacer con contradicción previa o sin ella. Si se elige la primera opción, las partes involucradas (deudor, acreedores, etc.) exponen previamente ante el juez sus argumentos y la resolución resultante es firme y no recurrible. Si se opta por la segunda vía, la resolución es recurrible y las partes disconformes podrán exponer sus argumentos ante la Audiencia Provincial de turno.

En el caso de Inparsa, el acreedor la ha presentado sin contradicción previa, pero al juez no la ha hecho falta escuchar a la hotelera para concluir que no se encuentra en un estado de insolvencia y recuerda que deben existir al menos "indicios" que lleven "a una cierta evidencia de la insolvencia", algo que no ha ocurrido en este caso.

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Cabe recordar que en los casos en los que se alega estado de insolvencia actual (como este) o inminente (cuando no pueda atender sus obligaciones exigibles en tres meses), la ley permite al acreedor capitalizar sus créditos. De la documentación depositada en el juzgado se desprende que Meru también se interesó en la posibilidad de tomar una participación en la hotelera en el proceso organizado por Óptima Capital que finalmente ganó GuideBridge.

La resolución del juzgado aún no es firme y Meru tiene posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo juzgado. El Confidencial se ha puesto en contacto con ambas partes, que han declinado hacer comentarios sobre esta información.